Tel Aviv, Israel. Dos o tres por hora, y sólo 28 minutos para llegar de Jerusalén a Tel Aviv, y viceversa. Se trata del proyecto de infraestructura más grande que el gobierno israelí haya realizado en los últimos diez años: la construcción de un tren de alta velocidad, también conocido como A1, que conectará dos centros urbanos.

Un proyecto pensado en 1995, que ha sido interrumpido o modificado varias ocasiones (con el consecuente retiro de varias empresas que estaban involucradas), debido a las protestas de asociaciones ambientalistas israelís que  han evidenciado en todo momento los posibles daños a áreas verdes. A estos inconvenientes, se ha sumado el rechazo de los habitantes de Mevasseret Zion (un vecindario chic a las puertas de Jerusalén) que siempre han dicho “no” a las líneas de alta velocidad en su área, porque esto implicaría contaminación acústica,  destrucción del paisaje natural y riesgo de que las propiedades de la zona se devalúen.

La rápida alternativa encontrada por el gobierno israelí fue modificar la ruta inicial, alargándola 55 kilómetros, con largos trazos de viaductos y túneles, en detrimento de la comunidad palestina.

De hecho, la nueva ubicación de la A1 está muy cerca de la Línea Verde (la línea del armisticio de 1949), cerca del enclave de Latrun. Y va más allá, hasta los territorios palestinos ocupados por Israel en 1967, donde viven comunidades conformadas, muchas de ellas, por refugiados de 1948 y de 1967. De este modo, Israel viola el derecho internacional en materia de derechos humanos, incluido el cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe la explotación de tierras ocupadas por parte de las potencias ocupantes.

El proyecto  que ya inició y que deberá ser completado en el 2017, pone en peligro la existencia de las comunidades palestinas de Beit Surik y Beit Iksa, dos aldeas situadas al oeste de Jerusalén: ambas fueron aisladas de la vida comercial de Ciudad Santa, justo después de la construcción del Muro deseado por las autoridades israelíes, y ahora sobreviven de la agricultura, principalmente del cultivo de olivos. Ambas comunidades se vieron particularmente afectadas por la construcción del Muro, pues perdieron gran cantidad de tierras que les fueron expropiadas o confiscadas.

Los cuatro mil habitantes de Beit Surik conquistaron las páginas de los periódicos porque en mayo de 2004 ganaron una apelación contra el gobierno de Israel ante la Suprema Corte de Justicia, obligando al estado a eliminar parte de la ruta del Muro; a pesar de ello, han perdido al menos el 31 por ciento de sus tierras agrícolas, y ahora están en riesgo de perder parte de sus tierras restantes, pues, a pesar de que la construcción de la A1 ya ha comenzado, los habitantes de esta región han recibido muy poca información por parte de las autoridades israelíes, y a menudo  han encontrado órdenes de confiscación de la tierra pegadas cerca del Muro desde marzo de 2010.

Beit Iksa es un pueblo que ha acogido a muchos refugiados palestinos, víctimas de la limpieza étnica israelí en  Ramle- Lod  en 1948. Después, con la guerra de 1967, gran parte de la población de Beit Iksa se dio nuevamente a la fuga. Hoy, el 80 por ciento de los dos mil habitantes restantes están registrados como refugiados del ’48 en la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Israel ha confiscado el 40 por ciento de las tierras de cultivo del pueblo para la construcción de la colonia hebrea (ilegal según el derecho internacional) de Ramot, mientras que el 60 por ciento restante permanece situado detrás del Muro. También aquí, los habitantes temen que una vez que haya sido construido el tren, la recta se volverá inaccesible para ellos por razones de “seguridad”.

En noviembre, las autoridades israelíes entregaron el Consejo del pueblo una “orden de adquisición de tierras, según la cual 50 dunam (1) de las tierras serán confiscados (20 de forma permanente, para dar paso a un camino de acceso al túnel, y 30 de modo “temporal”).

Quinientos olivos están en riesgo de ser erradicados, lo que implica la destrucción de las familias que están económicamente vulnerables, pues sufren los efectos del desempleo y su subsistencia depende de la producción de aceite de olivo.

En este sentido, el cambio de la ruta A1 refleja que las autoridades israelíes han preferido no comprometer las negociaciones con los habitantes de Israel, mediante la imposición de una realidad que afecta a las comunidades palestinas. De este modo, el proyecto refuerza el régimen de ocupación llevado a cabo por Israel, un sistema de apartheid, que discrimina al pueblo palestino, el cual ni siquiera disfrutará de los beneficios de la A1, ya que se trata de una línea que utilizarán exclusivamente los viajeros israelíes.

El proyecto prevé también la intervención de dos empresas estatales, la Deutsche Bahn y el Metrostroy Moscú, Rusia, además de la participación de muchas empresas privadas. Por ejemplo, la de una empresa con sede en Parma que opera en el sector energético construyendo y restaurando. La empresa suiza HBI Haeter y la italiana Pizzarotti SPA, que fabrican infraestructura de carreteras, y aeropuertos civiles y miliares, deberán gestionar en el proyecto de la A1 la realización de la sección C, con la consecuente construcción de un túnel.

La voz de alarma sobre las consecuencias y los daños a la población palestina fue lanzada en un informe publicado en octubre por whoprofit.org, un proyecto de investigación de la ONG feminista “Coalición de Mujeres por la Paz, que recogió los datos y la información sobre la participación de varias compañías internacionales, además de las de Israel, y ha desencadenado la movilización de la sociedad civil israelí, a la que están apoyando también diversos grupos europeos dentro de la campaña BDS (boicot, desinversión y sanciones).

En Italia, nació la Coalición Stop that Train, integrada por organizaciones, asociaciones, redes, movimientos, ONGs y ciudadanos independientes que se están está movilizando con una campaña contra la construcción del ferrocarril en los territorios palestinos ocupados. La campaña insta a la empresa Pizzarotti SPA a retirarse inmediatamente del proyecto ya que éste viola el derecho internacional, y pide también a las instituciones italianas (a los gobiernos locales) a no estipular contratos con la empresa si esta no se retira del proyecto A1.

El 16 de marzo se llevó a cabo una movilización en  Parma; la compañía Piazzotti se justifica diciendo que la intervención de la empresa no contempla territorios ocupados y no tendrá ningún tipo de impacto ambiental. Incluso, en un artículo publicado después de la marcha, se defendió diciendo que “no es responsable por la decisión sobre la elección de la ruta”, pues ese es un asunto que corresponde al cliente, es decir, a Israel Railways Ltd. Sin embargo, esto no exime a la compañía de su responsabilidad. Es decir, como socio de una empresa, es responsable, y por tanto cómplice de un proyecto que, al entrar en territorios palestinos, viola el derecho internacional.

(1)  El duman es una unidad de medida que fue usada en los tiempos del imperio otomano, y actualmente sigue en uso en algunos países; equivale aproximadamente a 1000 metros cuadrados.

Publicado el 01 de mayo de 2011