México, 20 de octubre de 2014. “Indignado”, se encuentra el pueblo de Amilcingo, Morelos, ante la entrada de la policía estatal y el ejército  para custodiar la realización de obras públicas, que se hacen a cambio de permitir el paso del gasoducto, informa Samantha César, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La comunidad rechazó dichas obras, que forman parte de una estrategia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dividir a las comunidades opositoras a la obra, agrega la activista.

Ante la llegada de la policía y el ejército, “la gente no quiere enfrentamientos”, sostiene la activista. Se hizo un cerco para impedir el paso de los contingentes policiales, pero “ahorita ya entró la fuerza pública hasta la primaria”, detalla César. Explica que la Comisión Federal de Electricidad, responsable del proyecto, creó en los pueblos opositores “grupos ciudadanos” para repartir recursos de programas de gobierno “y comprar conciencias”.

En Amilcingo se negoció la realización de una barda en la escuela primaria, la ampliación de un puente en la barranca de Amatzinac y la pavimentación de uno de los caminos hacia Jantetelco. Los pobladores rechazan la negociación y acusan que es una estrategia para aparentar que están de acuerdo con el gasoducto. En el “grupo ciudadano” responsables de la negociación están “las autoridades municipales C. Rufino Concepción Aragón Pérez y el C. Antonio Linares Sánchez, además del C. Humberto Sandoval Zamora, a quienes se les ha desconocido en la comunidad por subordinarse a los intereses del gasoducto y no tomar en cuenta al pueblo en su negativa al gasoducto manifestada en actas comunitarias y ejidales resultado de asambleas comunitarias”, denunció el Frente en un comunicado.

El Proyecto Integral Morelos (PIM), de carácter energético, involucra a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y tiene como fin potenciar el proceso de industrialización y minero en la zona oriente del estado de Morelos. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la responsable del proyecto, en el que se invertirán mil 600 millones de dólares que se concesionó a las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa.

En el diseño del PIM se involucra a 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala; consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW) cada una, ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día y cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos de estos estados; y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos.

Amilcingo rechazó como pueblo, desde inicios de 2013, el paso del proyecto por sus tierras; a finales de ese año, se unió formalmente al resto de comunidades y ejidos que rechazan a las obras que componen al PIM. Sin embargo, la empresa inició los trabajos sin consentimiento de los dueños del territorio. La asamblea comunal, en febrero de 2014, de nueva cuenta firmó su no anuencia al gasoducto, pero no fue escuchada. En ese mismo mes y en marzo, expulsaron a trabajadores de la empresa Bonetti, subcontratada para realizar las obras.

La CFE comenzó a desplegar su estrategia para dividir a los pueblos e imponer la obra, relata Samantha César. Para abril de 2014, entró dos veces la fuerza pública a Amilcingo, una para proteger a la empresa y otra para la supuesta realización de obras públicas; cuatro comuneros resultaron detenidos y hubo varios heridos, incluso por arma de fuego.

En noviembre se acaba el plazo que tienen las empresas para iniciar las obras; de lo contrario, vencerá su autorización y podrán demandar al Estado mexicano por no garantizar el desarrollo del PIM. La integrante del Frente señala que eso explica por qué lo mismo que sucede en Amilcingo está pasando en otros pueblos por los que se pretende que la obra atraviese. “Durante la semana pasada en las comunidades hermanas de Tecuanipan, Calpan y Juan C. Bonilla, la policía estatal, federal y el ejército han custodiado las obras del gasoducto, además de que han amedrentado e intimidado a las poblaciones y al igual que con nosotros, intentan dividir a las comunidades por medio de obras a favor del gasoducto”, denunció el Frente en un comunicado.

Samantha César señala que las comunidades están en alerta ante el incremento de la presión a las comunidades opositoras. “Nosotros exigimos la cancelación del proyecto, la libertad de nuestros presos, Enedina Rosas y Juan Carlos Flores, y que se detenga la violencia contra los pueblos”, explica. Además, hacen responsable al gobierno de lo que pueda sucederle a los integrantes del Frente, específicamente a “nuestros compañeros Samuel y Eleazar, que son constantemente hostigados”, finaliza la activista.