Si ellos no abren su voz y no se dejan escuchar, pasara lo mismo que ha pasado por años en las cárceles de Chiapas, donde existe pobreza y discriminación, y tanto inocentes como culpables con víctimas. Es un sistema donde nadie gana, donde no hay justicia para la sociedad, señala en entrevista con Desinformémonos Ricardo Lagunes, abogado de los presos políticos adherentes a la sexta Declaración de la Selva Lacandona en Chiapas.
El pasado 19 de diciembre fue liberado Miguel Demeza Jiménez y cinco días después Antonio Estrada, ambos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, originarios del ejido tzeltal San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón. Se comprobó su inocencia después de un periodo de procedimientos legales de denuncias. Para Lagunes no existe ninguna diferencia entre la justicia que ejerce el Partido de la Revolución Democrática, el de Revolucionario Institucional o del Verde Ecologista, pues para las personas de los pueblos indígenas que llegan a cárcel no hay ninguna diferencia con ninguno de los partidos.
A Miguel Demeza, el juez tercero del penal del Amate, le otorgó el auto de formal libertad por el delito de robo no comprobado. Mientras que Antonio Estrada, que se encontraba preso en el CERSS número 17, en Playas de Catazjá, al norte de Chiapas, salió libre el día 24 de diciembre.
Miguel Demeza Jiménez, tiene 32 años de edad, es agricultor y albañil, casado y con hijos pequeños que dependen de él económicamente. Fue detenido arbitrariamente, sin orden de aprehensión, el 7 de octubre de 2010 en la ciudad de Ocosingo, mientras se encontraba comiendo en un puesto ambulante junto con su primo. Fue arraigado y torturado por la Unidad Especializada Contra el Delito de Secuestro, dependiente de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, y posteriormente fue enviado al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 El Amate (CERSS 14), en Cintalapa de Figueroa, como probable responsable del secuestro de un menor de edad, ocurrido el 7 de octubre de 2010, y del robo a la Ferretería Coxito, de Ocosingo, el 18 de septiembre 2010.
Antonio Estrada Estrada, campesino tseltal, originario de la comunidad Sasamtik, fue detenido ilegalmente el 7 de agosto de 2011 por los elementos de la policía especializada. Se le impuso una pena de siete años de prisión por los delitos de asalto y delincuencia organizada. En ambos casos se encontraron inconsistencias en el proceso. Para los presos de Chiapas, la constante es la pobreza y la discriminación, un alto grado de insensibilidad de los funcionarios judiciales y ministeriales, de los defensores de oficio, de los que laboran en los juzgados, de los que llevan los tramites, expresa Ricardo Lagunes.
Además de las fallas y deficiencias extremas en la administración de la justicia, expone el abogado, existe un rechazo a los que pertenecen a los pueblos indígenas y están en situación de pobreza.
El caso de Miguel, señala Ricardo Lagunes, es ejemplificativo de la falta de acceso a la justicia, protección judicial y discriminación por su condición económica y pertenencia a un pueblo indígena. Las pruebas en su contra eran ilegales e insuficientes para sujetarlo a un proceso penal. A Miguel le imputaron el robo del celular desde el cual se operó el secuestro del menor de edad, es el único elemento con el que lo vinculan al mismo; sin embargo, se logro demostrar que esa acusación fue formulada de manera ilícita y en consecuencia el auto de formal prisión era violatorio de sus derechos fundamentales.
El abogado de los presos indígenas explica que fue determinante la organización: ellos consiguieron su libertad luchando y organizándose dentro y fuera con su comunidad.
Para el sistema de justicia de Chiapas, dice, los indígenas son invisibles.
Alberto Patishtán, Miguel Demeza Jiménez y Antonio Estrada, tuvieron que hacerse visibles en este sistema y salir de las estadísticas de presos, ellos abrieron sus ojos y abren los ojos de mucha gente con su libertad, pues se dieron cuenta que no se puede esperar a que la justicia llegue de las instituciones.
Los ricos cometen delitos y el arreglo se da de manera política, explica, por ejemplo el caso del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, que fue a la cárcel y salió por medio de la política y no por la justicia. Por otro lado, están los presos indígenas, como Alejandro Díaz Sántiz, quien tiene 15 años en la cárcel, cuatro periodos de gobiernos de distintos partidos y sigue adentro, concluye Ricardo Lagunes.
Publicado el 06 de Enero de 2014
