4 de agosto de 2014
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Resistiendo el Modelo de Guerra en México: Un esfuerzo binacional

Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra–como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació–dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada.

Laura Carlsen
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México. Van muy pocos meses desde que hicimos la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) a Estados Unidos y en este tiempo ha cambiado mucho el contexto de nuestro movimiento, o mejor dicho, de nuestros movimientos.

 Hemos visto la toma de posesión de dos nuevos gobiernos—el de Enrique Peña Nieto aquí en México, y aunque Barack Obama empieza un segundo periodo, está haciendo algunos reacomodos, lanzando algunas nuevas iniciativas, profundizando otras y tenemos nuevos Congresos.

 Así que hay cambios importantes en los dos lados de la frontera, y éstos, junto con los cambios al interior del movimiento, hacen necesario repensar dónde estamos parados, por dónde podamos caminar hacia adelante, y qué obstáculos vamos a encontrar en este camino.

 Nos unen los propósitos de: verdad y justicia para las víctimas, y cambio de política de seguridad hacia una visión de la seguridad humana. Son dos propósitos, pero un sólo camino: sabemos que no hay paz sin justicia, tampoco hay seguridad sin justicia, pues la seguridad se basa en la justicia y en nuestros lazos comunitarios, no en las armas.

 En cuanto a la política de seguridad, Enrique Peña Nieto llega con una gran necesidad de distanciarse de la guerra de Calderón, que fue un factor innegable en el descalabro del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones. Desde la campaña, empieza hablar de modificar la estrategia de “guerra”, de enfocarse más en la seguridad pública y disminuir la violencia, y no tanto en la lucha contra las drogas.

 En su gobierno, ahora hablan de “construir la paz” en lugar de seguir la guerra. Hay frases incluso que repiten casi textualmente mensajes de nosotros. Suena bien.

 Y hay algunas acciones concretas que van más allá del cambio en el discurso, como la aprobación de la Ley de Víctimas, que tendría un impacto real en la situación que viven miles de familias de víctimas.

 Entonces, la primera pregunta es: ¿Estamos frente a un verdadero cambio del modelo de seguridad a nivel nacional? Desgraciadamente, existen muchos elementos que indican que la respuesta es no.

 Como un buen prestidigitador, el gobierno de Peña Nieto está apostando a que nos quedemos viendo como se muevan sus labios, mientras con manos ocultas hace sus trucos.

II. Porqué pensar que no habrá cambio de modelo

 

1.- El nuevo gobierno, quiénes son y de dónde viene

Nosotros sí tenemos memoria. El PRI no es una incógnita. Muchos nombres en el nuevo gabinete, empezando con el del presidente, están ya asociados con el autoritarismo de la vieja escuela, con el machismo y con la represión.

 Es un partido experto en el control social, por múltiples vías: la manipulación del sistema de justicia, la cooptación, la división y la violencia. Y la guerra contra el narco -con la militarización de grandes partes del territorio nacional- es un sistema de control social disfrazado. Les sirve.

 Para dar sólo un ejemplo clave: Eduardo Medina Mora. Recordamos que Medina Mora fue el Procurador General en el gobierno de Felipe Calderón hasta el 2009. Este político que fue vocero de la guerra de Calderón y apologista de la injusticia nacional, fue nombrado embajador a Estados Unidos por el gobierno de Peña Nieto.  El mismo que anunció en 2008, como titular de la PGR -aparentemente sin ironía-:  “Estamos en la guerra para recuperar la paz”; y el que la embajada de Estados Unidos definió como “un jugador clave” en la Iniciativa Mérida -según un cable de Wikileaks, ahora está en Washington a cargo de la relación binacional cuyo eje sigue siendo la Iniciativa Mérida.

2. El presupuesto militar

 

El presupuesto 2013 sostiene e incrementa el modelo militarizado contra el narco. Tal como fue aprobado, el presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es de 60 mil 810 millones; esto  duplica el presupuesto del año 2007 y es 5 mil millones de pesos más que en 2012 bajo el periodo de Calderón. Los recursos se destinan a equipo de vigilancia y de ataque, puestos de control en todo el país, etcétera, y su justificación se centra en la guerra interna con los objetivos de “el acotamiento de los grupos armados en todo el territorio nacional, y mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan en las vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”.

3. La Gendarmería.

Esta propuesta de Peña Nieto no es en la práctica una forma de desmilitarización. Se contempla la creación de una fuerza inicial de 10 mil efectivos, mayoritariamente militares, con algunos policías. En efecto, y en la ausencia de un verdadero cambio de modelo, es el mismo esquema con diferente nombre.

 La otra razón de dudar de un cambio real de modelo de seguridad en este gobierno tiene que ver con su agenda de reformas estructurales anti-populares, una serie de políticas dirigidas al mal-llamado “desarrollo” basado en privatizaciones de los recursos y las tierras nacionales. La imposición de este tipo de reformas  se apoya en la militarización para despoblar zonas de interés, para reprimir comunidades y grupos que defienden sus territorios, y para intimidar o de plano eliminar sectores en resistencia.

 Otra razón es la dependencia que México tiene con Estados Unidos y el gran interés del gobierno de Estados Unidos en continuar la guerra.

Estados Unidos: En Washington también se ha dicho que el Plan Mérida se ha modificado para tener un enfoque más integral. Sí es cierto que el financiamiento militar directo (FMF) ha disminuido mucho, el modelo de guerra sigue siendo lo mismo y en muchos aspectos se está intensificando. Los siguientes puntos son indicadores:

1. Las declaraciones de John Kerry, el nuevo Secretario de Estado, al Senado hace unos días. Dijo que México está “bajo sitio” y ofreció redoblar esfuerzos. Afirmó que “el presidente (Enrique) Peña Nieto está tratando de mover esto en otra dirección” (menos militarizado) y que por eso es más importante que nunca el apoyo. Incluso fue más lejos, insistiendo en que en cualquier discusión de recortes de presupuesto no se tocara a la iniciativa Mérida: “así que creo que vamos a necesitar convencer a nuestros colegas de la importancia de esta iniciativa”, puntualizó, sin ofrecer una sóla crítica a un modelo que ha dejado más de 100 mil muertos y desaparecidos.

2. La ayuda a México: Si seguimos el dinero y no la retórica, vemos que el modelo sigue sin cambios. El financiamiento del Operaciones en el Exterior (el Departamento de Defensa es otra fuente aparte de ayuda a la guerra en México) en el 2013 contempla 7 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, 199 a la lucha contra las drogas, 8 millones para programas contra el terrorismo, y sólo 35 en apoyo económico a un país en el que casi la mitad de la población vive en la pobreza. Eliminan la ayuda en rubros como salud global y se reduce el apoyo al desarrollo. A la vez, las de por si débiles estipulaciones sobre derechos humanos desaparecen.

3. La expansión del entrenamiento militar para efectivos mexicanos en el Comando Norte. El Pentágono está activamente ampliando los programas de entrenamiento de las fuerzas armadas mexicanas en la guerra. Creó un nuevo cuartel de operaciones especiales en Colorado Springs, la sede del Comando Norte, para entrenar a militares mexicanos -en nombre de la guerra contra el crimen organizado- en técnicas utilizadas en Irak. Según la revista Proceso este entrenamiento en Estados Unidos ha incluido “espionaje, tortura, ataques sorpresa y secuestro.” Se enfoca en operaciones de contrainsurgencia-contraterrorismo-contra drogas, que ya empiezan a fundirse en el discurso y en la práctica expansiva de la guerra, lo cual aumenta la criminalización de la protesta. El propósito expreso del nuevo centro es la guerra contra el narco “para que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto establezca una fuerza militar enfocada en las redes criminales…” (esto se supone sería la gendarmería). Los militares estadounidenses habían llevado a los mexicanos a visitar centros de operaciones especiales en Balad Irak y Fort Bragg, NC.  La agencia de noticias AP reporta el 17 de enero que están entrenando a los mexicanos en tácticas para capturas, como se aplicaron para capturar, es decir para matar, a Osama Bin Laden. Esto llama la atención porque todos los estudios que tenemos indican que esta estrategia de captura de capos (Kingpin strategy) lleva a una explosión de la violencia en el lugar de los hechos, y no funciona para ni para mejorar la seguridad pública ni para reducir el tráfico de las sustancias ilícitas, y mucho menos para la construcción de una paz duradera.

 Para que no quede duda de la relación entre estos esfuerzos y el plan hacia México diseñado por Bush y ampliado por Obama, la AP lo deja claro: “las operaciones especiales de entrenamiento del Mando en la actualidad se derivan de la Iniciativa Mérida, formalizada en 2008 para proporcionar asistencia militar amplia a México”.

 La imposición del paradigma contra el terrorismo en México tendrá terribles repercusiones. Cuando el gobierno de Calderón empezó a redefinir a los narcotraficantes como un amenaza a la seguridad nacional y no sólo como criminales, los carteles empezaron a actuar, efectivamente, más como una amenaza a la seguridad nacional, se desataron batallas por control de territorio, aumentaron su  injerencia en la vida civil y los actos de corrupción de instituciones, desafiando o cooptando el Estado en distintas regiones del país. A la vez, se extiende la presencia y control de Estados Unidos en territorio mexicano en franca violación del concepto de soberanía nacional, y muy probablemente de las leyes nacionales.

No cabe duda que cuando escalan la guerra contra el narco a una guerra contra el terrorismo con el apoyo de los Estados Unidos, los narcos van a empezar a actuar más como terroristas, que no son. Además, la guerra contra el terrorismo se caracteriza por el uso de la tortura, la matanza de civiles -sobre todo mujeres y niños-con drones y golpes indiscriminados, por el odio y el racismo. ¿Acaso es esto lo que queremos en México? ¿Queremos ser el reemplazo de la guerra en Irak para la industria de guerra en Estados Unidos?

 Todo eso nos pone frente una situación de simulación que en muchos sentidos es más peligrosa. Hay un esfuerzo para maquillar la guerra, al mismo tiempo que se intensifica. Existe una enorme distancia entre el discurso y la realidad.

 Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra–como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació–dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada.  El nuevo contexto puede llevar a mayor aislamiento, mayor vulnerabilidad y mayor simulación; ya varios periodistas han reportado políticas editoriales de suprimir notas sobre la violencia (que no ha disminuido) porque contradicen el afán del nuevo gobierno de mejorar la imagen.

 Es importante señalar que el hecho de que siga la guerra no quiere decir que no habrá nuevos espacios y oportunidades para el movimiento contra guerra. Sergio Alcocer, subsecretario para América del Norte, anunció una evaluación de la iniciativa Mérida: “y en función de eso se decidirá como continuar o que continuar dentro de la iniciativa u otro proceso que se establezca.” Es el momento de exigir transparencia y participación ciudadana. En Estados Unidos los recortes abren la posibilidad de cuestionar a fondo la iniciativa Mérida y la aplicación del paradigma contra el terrorismo al tráfico de sustancias ilícitas, y la probabilidad de crear otra guerra costosa y amenazante, y enfatizar las alternativas.

 En los dos lados tenemos propuestas constructivas frente a la destrucción. El movimiento ha elaborado los documentos sobre seguridad humana, tejido social y corrupción, y en Estados Unidos las organizaciones tienen propuestas de regulación de las drogas, derechos de migrantes y desmilitarización de la frontera, etcétera.

III. Nos une el propósito de poner fin a la guerra, la violencia y la injusticia

 

Si al lado de la violencia están la estrategia de control social del gobierno mexicano, los políticos autoritarios, las instituciones corruptas, el crimen organizado, el Pentágono, el gobierno de lEstados Unidos, algunos empresarios… ¿Qué está del otro lado?

 Nosotros. Nosotras.

 Las comunidades indígenas en Chiapas y Michoacán que luchan por vivir en paz y cuidar a la Madre Tierra como han hecho por siglos. Los padres y madres que con el corazón partido luchan por la justicia y para que no se olviden de sus hijos. Las defensoras y los defensores de derechos humanos en comunidades y ciudades en todo el país, que por su trabajo se vuelven blancos de la violencia. Los campesinos en Chihuahua que se oponen al modelo Narco-NAFTA de terror y usurpación de sus tierras. Los jóvenes de Ciudad Juárez que viven y resisten en la sombra de la militarización.

 Y en Estados Unidos las y los activistas migrantes que dicen que nadie es ilegal y que los muros matan. Las organizaciones de africano-americanos que protestan contra el encarcelamiento de sus hijos por la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Las comunidades de la frontera que protestan por la militarización. Los grupos que exigen un fin a la sangrienta política exterior de hegemonía que es el Plan Mérida.

 Somos nosotros, que nos hemos encontrado en el camino,  que vamos encontrando más. Sería muy forzado pensar en tener una agenda común. Somos diversas organizaciones y movimientos en Estados Unidos, con agendas propias, y México y Estados Unidos enfrentan contextos nacionales muy distintos. Y es importante que cada quién mantenga su enfoque.

 Sin embargo, nos une un propósito: poner fin al modelo de guerra que domina en nuestros países, y para algunos, en nuestras comunidades. Las alianzas y los propósitos comunes y mecanismos de coordinación son esenciales. El reto no es necesariamente seguir con planes conjuntos o crear plataformas en cada uno de los 5 ejes–armas, reforma de las políticas hacia las drogas, fin de ayuda militar para la guerra contra el narcotráfico y política exterior, contra el lavado de dinero, y derechos de migrantes—que trabajamos en la Caravana, sino entender cómo se entrelazan en este modelo de guerra que sufrimos y cómo las luchas de todos y todas pueden reforzarse mutuamente para parar esta guerra.

Publicado el 04 de febrero de 2013



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