Ciudad de México | Desinformémonos. Los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc que desde mayo de 2022 fueron detenidos arbitrariamente en Chiapas fueron condenados a 25 años de prisión a pesar de que se presentaron las pruebas de la fabricación de delitos en su contra cometida por la Fiscalía de Justicia Indígena, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

A pesar que desde la primera audiencia de juicio se expusieron “inconsistencias en las pruebas fabricadas por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, además de múltiples violaciones a derechos humanos”, el 12 de mayo de 2023 los cinco defensores fueron sentenciados por primera vez a 25 años de prisión, por lo que se presentó un recurso de apelación con el que en 2024 el Poder Judicial de Chiapas decidió reponer la audiencia de juicio oral, “aun cuando pudo haberse pronunciado por el fondo y corroborar que la fiscalía no había logrado mantener su fabricación”, señaló el Frayba.

Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, acusados y procesados penalmente “como represalia a su labor como defensores comunitarios en el marco de la imposición de proyectos de infraestructura y militarización en su territorio” en 2022, resumió el Frayba en un comunicado.

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“Durante la reposición del juicio quedó nuevamente comprobado que se trataba de una acusación fabricada. La nueva Jueza sin tomar en consideración que ninguna prueba responsabilizaba directamente a los acusados, y que existían incluso dudas sobre la existencia de un delito, emitió de nueva cuenta una sentencia condenatoria”, lamentó el centro de derechos humanos.

“De nueva cuenta nos encontramos ante el reto de impugnar un juicio a todas luces injusto”, expresó el Frayba, que aseguró que la reiteración de la condena es muestra “del patrón sistémico y generalizado de la (in)justicia mexicana” y de la “burocracia judicial” del Estado que “antes que reconocer la insostenibilidad de la acusación tiende a reponer, infinitamente, los procedimientos”.

El 29 de mayo de 2022, tres de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc fueron detenidos arbitrariamente por la policía municipal, la Guardia Nacional y el ejército, y posteriormente entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, institución que, señala el Frayba, “les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados”. Días después, el 1 de junio, los otros dos defensores sentenciados fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad.

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A continuación el comunicado completo:

El 19 de abril del presente año la jueza del Juzgado Penal de San Cristóbal de Las Casas dictó sentencia condenatoria a los cinco defensores tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, por un delito que no cometieron.

Junto a personas y colectivos a nivel nacional e internacional hemos insistido en que, desde mayo de 2022, Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, acusados y procesados penalmente como represalia a su labor como defensores comunitarios en el marco de la imposición de proyectos de infraestructura y militarización en su territorio.

Desde la primera audiencia de juicio se expusieron inconsistencias en las pruebas fabricadas por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, además de múltiples violaciones a derechos humanos. El 12 de mayo de 2023, fueron sentenciados por primera vez, a veinticinco años de prisión.

A través del recurso de apelación, a finales de febrero de 2024, el Poder Judicial chiapaneco decidió reponer la audiencia de juicio oral aun cuando pudo haberse pronunciado por el fondo y corroborar que la fiscalía no había logrado mantener su fabricación.

Durante la reposición del juicio quedó nuevamente comprobado que se trataba de una acusación fabricada. La nueva Jueza sin tomar en consideración que ninguna prueba responsabilizaba directamente a los acusados, y que existían incluso dudas sobre la existencia de un delito, emitió de nueva cuenta una sentencia condenatoria.

Este acto es muestra del patrón sistémico y generalizado de la (in)justicia mexicana. Se confirma que existe una criminalización a defensores del territorio, agravando la crisis de derechos humanos que se vive en México.

La burocracia judicial se convierte en un laberinto que prolonga este proceso de criminalización. De nueva cuenta nos encontramos ante el reto de impugnar un juicio a todas luces injusto. El Estado demuestra que su apuesta es al cansancio, pues antes que reconocer la insostenibilidad de la acusación tiende a reponer, infinitamente, los procedimientos.

Hacemos un llamado a los colectivos, organizaciones y personas solidarias de México y el mundo a que continúen con su labor en la exigencia de justicia y libertad para los defensores presos de San Juan Cancuc. Agradecemos su solidaridad durante este tiempo, les solicitamos puedan replicar y continuar haciendo visible este caso. Así mismo animamos a los familiares y a los propios presos a que continúen sus luchas hasta lograr la libertad incondicional.