México DF. Parte de la violencia que vive hoy México tiene su explicación en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El investigador Alberto Betancourt explica en entrevista con Desinformémonos los orígenes de esa política de seguridad, sus cambios con la administración Barak Obama y los retos que representa para los movimientos sociales mexicanos.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 fueron aprovechados por la administración Bush para lanzar una de las políticas exteriores más agresivas y torpes que haya promovido el gobierno norteamericano; fueron el pretexto para detonar la guerra global contra el terrorismo, que incluyó operaciones en más de 42 países del mundo.

Como parte de esa estrategia, enmarcada en la búsqueda de un nuevo siglo americano, se aplicaron distintos modelos de intervención. El más visible fue el de la invasión directa, que se empleó en Irak: una invasión ilegal, sin permiso. Otro modelo fue el de la invasión en Afganistán, apoyado en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, con financiamiento y participación de muchos otros países.

Un tercer modelo, el más peligroso y el más invisible, es el que se aplicó primero en Colombia y después en México, consistente en una intervención a partir del Plan Colombia y de la Iniciativa Mérida. Es un experimento de intervención militar indirecta a través del financiamiento, el adoctrinamiento, la planeación, el adiestramiento y la supervisión de las fuerzas armadas y la policía, que permite obtener importantes grados de control sobre ellas. Es un modelo mucho más barato que no requiere de la presencia visible de tropas y que puede tener resultados, incluso, mucho más eficaces. Es más persuasivo y más aceptado por la opinión pública.

Calderón, la cesión de la soberanía

Es importante notar que hubo un ajuste en la política exterior norteamericana, detonada por el 11 de septiembre. Estamos en un segundo momento que inició con la llegada de Barack Obama y en el nombramiento de su nuevo consejero de seguridad, John Brennan, que hizo ajustes importantes en la doctrina Bush y trató de revertir el daño político que esa administración le había hecho a los Estados Unidos.

Esta nueva doctrina de seguridad planteó básicamente tres puntos. El primero de ellos es focalizar mucho mejor al enemigo; en Afganistán, en vez de irse contra talibanes y Al Qaeda, se focalizaron en Al Qaeda. Un segundo elemento es la utilización del llamado poder multidimensional; es decir, no sólo usar el poder militar, sino también la diplomacia, lo económico, la educación, la presencia cultural. En esto jugó un papel muy importante el actual embajador de los Estado Unidos en México, Anthony Wayne: él se encargó, en Afganistán, de repartir dinero a los jefes de tribus y a los representantes de los municipios; se adelantaba o entraba después de los militares para repartir dinero y resarcir daños, o para estimular soplones que delataran a los terroristas.

El tercer elemento es dotar a los soldados de herramientas culturales; eso es tremendo. Significó contratar a los académicos, a los lingüistas de las universidades para dotar a los soldados de, por ejemplo, aprendizaje del árabe o del español, y el conocimiento de la cultura local en la que van a intervenir. Eso tiene su lado bueno y su lado malo: son un poco menos salvajes, pero también tienen más capacidad de desmadejar la información que obtienen en los interrogatorios o de quebrantar la cohesión de las organizaciones sociales que se oponen a la intervención norteamericana.

La evolución de esas doctrinas tiene un momento muy importante en la formulación de la Iniciativa Mérida, porque implica la continuación de la guerra global contra el terrorismo pero ahora en un país vecino a los Estados Unidos: México, que es visto como parte de la seguridad inmediata de los Estados Unidos y por eso les preocupa profundamente.

Vale la pena decir que en los primeros días que siguieron a los atentados del 11 de septiembre, el gobierno norteamericano pensó que los terroristas habían entrado por territorio mexicano y presionó de una manera tremenda al gobierno de Vicente Fox, hasta que se descubrió que los terroristas habían entrado por Canadá y por la propia frontera de los Estados Unidos. Eso bajó la presión sobre México, pero nunca se desdibujó el temor norteamericano de que pudiera haber un ataque internacional lanzado desde territorio mexicano.

En ese momento comenzó la reformulación de los planes de seguridad, que encontraron un flanco extremadamente vulnerable con la llegada de Felipe Calderón. Su administración ha sido extraordinariamente dócil a los dictados norteamericanos y ha cedido buena parte de los ámbitos de la soberanía mexicana a la creación de los llamados “grupos de trabajo bilaterales” en áreas estratégicas de nuestra soberanía, que son consideradas como partes de la seguridad nacional de los Estados Unidos.

La política de seguridad en la vida cotidiana

Esta política se puede identificar en la presencia explícita de la idea de guerra que acompañó al discurso presidencial. Hice un ejercicio muy simple, que consiste en poner en el buscador de la presidencia de la república cuántas veces mencionó la palabra “guerra” durante su sexenio: se abrió una enorme cantidad de páginas que no pude rastrear. Me centré en las 70 primeras veces que el presidente mencionó la palabra “guerra”, y eso ocurrió tan solo en los primeros dos años de su sexenio.

Un primer efecto muy visible es un discurso presidencial que pretendía legitimar la violencia y que llegó a decir que teníamos que acostumbrarnos a que hubiera muertos. Un segundo efecto, muy visible también, es la presencia del ejército y la policía en las calles, la intensificación de la militarización en las tareas de seguridad pública y, de manera particular, la exhibición de los presuntos delincuentes en los medios de comunicación. Desde luego también entran los 90 mil muertos de los que habla el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), que no son resultado directo de la acción gubernamental, pero sí son un efecto indirecto de una cierta estrategia.

Los movimientos sociales y la estrategia de seguridad nacional

Los movimientos sociales tienen que exigirles a los representantes populares, particularmente a los senadores, la devolución de una serie de espacios de toma de decisiones cedidos a la decisión bilateral durante la administración de Felipe Calderón. Un ejemplo muy concreto de estos espacios es la intervención de los norteamericanos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): el embajador tuvo una reunión con el presidente de la Comisión y se instauró un grupo de trabajo bilateral para el rastreo de lavado de dinero y flujo de remesas.

Otro ejemplo de espacio cedido es el financiamiento directo que ha hecho la embajada de los Estados Unidos a organizaciones gubernamentales; específicamente, a Causa en Común, dirigida por María Elena Morera; esa organización está encargada de la supervisión de los centros de certificación y control de confianza de los miembros de la policía.

Se podría inferir, a partir de las declaraciones del embajador, que todas las bases de datos instaladas en la Procuraduría General de la República para videograbación de reacciones corporales y gestos faciales son manejadas bilateralmente. El embajador declara que el gobierno norteamericano financió las máquinas y la capacitación para la creación de esas bases de datos; los senadores mexicanos deberían preguntarle si entonces las bases de datos se manejan bilateralmente.

Ganar la batalla

Vivimos un proceso de militarización, intimidación y utilización de elementos militares para lograr efectos de control social: se intenta naturalizar la violencia y la presencia norteamericana en nuestro país, criminalizar a los movimientos sociales y doblegar movilizaciones a partir de procesos judiciales en los que los luchadores sociales son tratados como si fueran delincuentes e incluso como terroristas.

En ese marco, es muy importante el debate ideológico contra esa visión militarista de la seguridad; es muy importante escoger formas de lucha que eviten ampliar la vulnerabilidad de los movimientos sociales. Estos tienen que hacer un esfuerzo enorme en dos campos: el primero, obtener información sobre estos procesos de intervención militar que son prácticamente invisibles, investigar, estar atentos a detectar esos fenómenos; un segundo esfuerzo consiste en ganar la mayor nitidez moral posible respecto a la justicia de nuestras luchas, que haya un discurso en el que no quede duda de que estás pidiendo algo justo, en lugar de un discurso difuso que se preste a polarizar a la sociedad o a que te veas como un movimiento violento. Al contrario, se trata de buscar el mecanismo que permita que la causa sea nítida, incuestionable, impecable.

Debemos debatir contra ese discurso, contra ese factor cultural que militariza, observa y castiga; tenemos que revertir ese discurso y argumentar que estamos más seguros si hay menos armas y más justicia. Ésa es la batalla que tenemos que ganar.

Publicado el 17 de septiembre 2012