Vícam, Terriotrio Yaqui. Grupos de la sociedad civil vigilarán el proceso de consulta a los yaquis, quienes manifiestan su desconfianza pues el gobierno sonorense sigue trasvasando agua de su río de manera ilegal y el gobierno federal no hace nada para detenerlo. El bloqueo carretero de los yaquis sigue, después de casi seis meses, mientras el gobernador de la vecina Sinaloa se ofrece a acompañar a la tribu a cambio de que las mercancías de exportación puedan atravesar el territorio indígena.

“El Pueblo Yaqui sigue aquí, sigue firme”

Durante una visita al recinto oficial de la tribu yaqui en el pueblo de Vícam, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, escuchó la voz de las autoridades tradicionales, quienes señalaron su rechazo al despojo y a la resignación aún si el Estado de derecho está quebrantado.

El secretario de la autoridad tradicional,  Mario Luna, expresó: “Si el encargado de hacer cumplir la ley es el primero que la pisotea, eso le da al pueblo el derecho a manifestarse en la misma medida en que está siendo pisoteado. La aplicación de la ley y la justicia no debe ser selectiva, amparando a los ricos y jodiendo al más pobre; eso ya no se puede permitir. Nuestra protesta actual ha sido de cuatro años pero con un pasado histórico de 400, nuestra lucha es y ha sido de territorio, agua y gente”.

El espíritu de las autoridades tradicionales y de la tropa yoeme, señalan, es de lucha y justicia que demanda respeto a la vida, pero también entraña la esperanza de que México, como país construido por los yaquis y otros pueblos originarios, salde las cuentas pendientes por reconocimiento, autodeterminación y autonomía.

La relación de la tribu yaqui con el vecino estado de Sinaloa no es nueva. Fue ahí donde un tribunal regional otorgó el amparo que reconoció que el Acueducto Independencia afecta los derechos de agua dictados en el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, además de señalar la violación al derecho a la consulta -según lo marcan la Constitución y los tratados internacionales. Posteriormente ese amparo se turnó a un tribunal en Hermosillo y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue ratificado el 8 de mayo de 2013.

La visita de Mario López Valdez no se dio en los términos de detener el trasvase ilegal de agua que realiza su homólogo sonorense, sino como mediador -junto con los productores agrícolas sinaloenses- de un conflicto que adquiere esa condición a partir de la incapacidad del Estado mexicano para acatar su propia legislación cuando esta lo detiene en el entreguismo de la riqueza del país.

Es a partir de las afectaciones en la circulación del capital provocado por el bloqueo en Vícam y, por lo tanto, de las presiones de agricultores sinaloenses, así como el permiso de la Presidencia y del gobernador de Sonora, como la visita del gobernador Mario López se realizó con la intención de buscar acuerdos y treguas a cambio de acompañamiento, “tocar puertas” y buscar la ruta institucional para solucionar el bloqueo. Cabe recordar que la agenda peñanietista no ha parado por Sonora y sigue ignorando las promesas de campaña y los reclamos de yaquis y guarijíos.

Al permitírsele hablar, el gobernador de Sonora expreso su “alegría” al compartir el lugar con un “pueblo guerrero pero noble para acuerdos”, con la finalidad de “tocarles el corazón y pedirles apoyo”. Aseguró su “participación exitosa al reencausar las cosas, donde se pueda tener éxito de la lucha sin ser afectados (los productores sinaloenses)” y se presentó como “un aliado para defender los derechos de la tribu” mediante el “compromiso de acompañarlos para que no estén solos”.

La tribu planteo una mesa técnica para analizar la propuesta y atender la petición del gobernador de Sinaloa, siempre y cuando no sean promesas vacías que sirvan para el fin meramente económico del traslado de la mercancía agrícola.

Trasvase con el silencio cómplice de las dependencias del gobierno

Mientras Mario López Valdez afirmó que la tribu estaba sola, en días previos se realizó una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), donde 22 organizaciones de la sociedad civil y proyectos académicos, así como 73 organizaciones de derechos humanos en 20 estados de la República, anunciaron la misión civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui -por ser la primera realizada en México a causa de un megaproyecto y por las constantes violaciones del Estado mexicano al derecho de consulta libre, previo e informado.

En el documento de conformación de la Misión se señaló: “Hay que mencionar que el Acueducto ya está trasvasando agua desde la cuenca del Río Yaqui a la cuenca del Río Sonora a pesar de que el proceso de consulta apenas está iniciando, lo cual está causando un daño irreparable y serías afectaciones al derecho al agua de la Tribu Yaqui, desconociendo con ello la sentencia de la Suprema Corte que establece que si la operación del Acueducto causa daños irreparables a la Tribu durante el proceso de consulta, este debe suspender sus actividades. De esta manera, Semarnat, como autoridad obligada de realizar la consulta, está violando el carácter previo del derecho a la consulta, establecido en tratados internacionales incluidos en nuestro marco constitucional. Aunado a esto, como ya se ha dicho, la Tribu  ha denunciado que las autoridades han entregado una información insuficiente, poco accesible y que no toma en cuenta su cultura. Como Misión nos daremos a la tarea de documentar esto, así como las irregularidades que pudieran presentarse en todas las etapas del proceso completo de consulta”.

Por su parte, el secretario de la autoridad tradicional agradeció el compromiso de las organizaciones que conforman la misión, pues no existe un ambiente de confianza al realizar una consulta mientras se les roba el agua. Luna señaló: “No hay intención de detener esa obra (Acueducto Independencia), impera el aspecto económico por sobre la vida de la tribu; de ahí la importancia de denunciar y dar seguimiento al acto criminal del trasvase del agua y del intento genocida de parte del gobierno”. Señaló el peligro que representa una consulta bajo esas consideraciones, pues se figura sólo como “un requisito para legitimar el despojo bajo el silencio cómplice de las dependencias del gobierno,” que no se han dado a la tarea de monitorear las afectaciones a los volúmenes de agua del río yaqui y al medio ambiente de la misma cuenca.

Una lucha que pretenden silenciar

Para un gran número de sonorenses  acostumbrados a informarse por los medios oficiales de comunicación regionales, el bloqueo llevado a cabo por la tribu yaqui en la carretera internacional México-Nogales quedó reducido a su mínima expresión. Este velo es la respuesta a una lucha que no inició con la presencia de los yaquis en la carretera en mayo del presente año, sino desde antes de que el Acueducto Independencia empezara sus trabajos. La batalla perdura en diferentes frentes de acuerdo a las estrategias acordadas desde las asambleas, dirigidas por las autoridades tradicionales de cinco de los Ocho Pueblos que conforman la nación yaqui.

Más allá de lo que pretenden ocultar periódicos, estaciones radiofónicas y otros medios, la tribu sigue firme en las demandas por sus derechos históricos, humanos, y los que sirven para concebirse como mexicanos -según lo marcan las leyes constitucionales del país, pero que para los gobiernos sólo sirven como herramientas para despojar a los pueblos indígenas de sus bienes.

“Somos un pueblo milenario que se niega a morir”

Desde el oficialismo, se dice que la historia de los yaquis sólo se puede escribir por la historia de sus guerras. Si se repiensa esa idea y se comparan los sucesos históricos que configuran hasta hoy el espacio en las márgenes del río Yaqui, hallaremos batallas emprendidas por la tribu contra la barbarie del capital y sus gobiernos, con la finalidad de sobrevivir.

La barbarie nunca se fue y actualmente es reavivada por la administración del gobernador Guillermo Padrés Elías, en complicidad con las dependencias federales en materia ambiental -cuya tarea real no es proteger, pues en la práctica legitiman el saqueo y devastación de la naturaleza al asignarle un valor mercantil y soltarla a los juegos de la especulación financiera bajo caretas que legalizan lo ilegal.

El Acueducto Independencia (AI) es una acción más en los intentos por exterminar al pueblo yaqui-yoeme y, con ello, apropiarse de su territorio y bienes naturales. Como megaproyecto, el AI se fundamenta en la reproducción del capital más que en el beneficio de la sociedad de Hermosillo al transformar en mercancía lo que no es, tal y como aspira a hacer con el agua del río Yaqui.

En sentido contrario a esa propuesta etnocida, está la visión del pueblo que recibe su nombre de ese mismo río, para quien representa una fuente de identidad y apego al territorio, pero también principio de lucha histórica por la defensa a sangre y fuego del territorio y del derecho a vivir (ahora y para las generaciones venideras). Por tal razón, a través de sus voceros, los yaquis hacen explícito una y otra vez que su lucha no se detendrá, pues de hacerlo no sólo ponen en riesgo su existencia y la comprometen a un futuro provisional que los condena a ser migrantes en su propia tierra. Además de avalar la discriminación e impunidad del gobierno de Sonora y del federal, también serían cómplices de la afectación a la vida institucional de México –lo que sí hacen las propias autoridades encargadas de cumplir la ley, quienes descaradamente permiten el trasvase del agua del río a la capital sonorense, pese a las ordenes jurídicas que impiden la operación del medio de despojo.

Publicado el 23 de diciembre de 2013