Tseltales de Bachajón, contra la cooptación de autoridades ejidales

Ricardo Lagunes Gasca

México. “El mal gobierno quiere acabarnos completamente asesinando a nuestros compañeros”, denuncian ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Juan Carlos Gómez Silvano, Coordinador regional de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón, fue asesinado de más de 20 tiros de alto calibre. Las autoridades del estado de Chiapas buscan reducir todo a un conflicto intracomunitario, pero lo que sucede en Bachajón es una pelea por la defensa del territorio que sostienen los ejidatarios adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, contra los planes oficialistas para la implementación de proyectos turísticos de gran escala.

En enero y marzo de 2014, los adherentes a la Sexta denunciaron públicamente que el comisariado Alejandro Moreno y el consejo de vigilancia Samuel Díaz están solicitando -bajo engaños- copia de los certificados de derechos agrarios de los ejidatarios para supuestamente gestionar un proyecto gubernamental de café, cuando en realidad dichos documentos serán utilizados para simular la celebración de un Acta de Asamblea General de Ejidatarios, en la que se solicite la cancelación del juicio de amparo 274/2011 del Juzgado Séptimo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, interpuesto por los adherentes a la Sexta en marzo de 2011 para la defensa del territorio.

Desde 2012, los ejidatarios asumieron de manera independiente su propia defensa en relación al territorio, a la exigencia de justicia por el asesinato de los compañeros autoridades y en la liberación de sus presos políticos.

En respuesta a esta acción fraudulenta de las autoridades ejidales oficialistas, el 5 de febrero de 2014 los adherentes a la Sexta demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario en Comitán la nulidad de la elección del comisariado Alejandro Moreno Gómez y demás integrantes, por no haberse realizado en apego a la Ley Agraria y a los usos y costumbres de la comunidad. Piden también la rendición de cuentas y balance de egresos e ingresos del ex comisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez, durante su periodo de 2010-2013. La demanda fue admitida por el Tribunal Agrario y se señaló el 25 de marzo de 2014 para la celebración de la Audiencia de Ley, en la que deberán comparecer las autoridades comunitarias demandadas.

Con represión e impunidad, el Estado busca abrirse paso para concretar el despojo y los proyectos privatizadores de los territorios indígenas. Esta estrategia de violencia física y psicológica viene acompañada de los denominados programas sociales de combate a la pobreza, utilizados para dividir a la población y desincentivar la organización comunitaria -aunado a la cooptación de las autoridades comunitarias, quienes se encargan de asegurar en lo local la entrega de la tierra para la implementación de proyectos de alta escala, diseñados por organismos o corporativos privados internacionales.

Es integral la estrategia de despojo a los pueblos indígenas. Es por ello que el Estado pretende distraer a la opinión pública del problema de fondo, que es la apropiación de la tierra y los recursos naturales, reduciéndolo todo a un conflicto intra/inter comunitario.

Juan Vázquez, memoria viva

El próximo abril se cumple un año del asesinato político del líder comunitario y defensor de derechos humanos Juan Vázquez Guzmán, privado de la vida con disparos de arma de fuego la noche del 24 de abril de 2013 en el Poblado Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, mientras se encontraba descansando al interior de su domicilio junto con sus dos hijos menores de edad.

Juan Vázquez Guzmán luchó incansablemente por defender la dignidad de su pueblo, y denunció a nivel nacional e internacional la corrupción gubernamental que pretende apropiarse a toda costa de las tierras del ejido San Sebastián Bachajón. Esto le permitiría a estos intereses adquirir un mayor control político y social en la región para implementar, sin oposición alguna, el megaproyecto turístico en el poblado vecino de Agua Azul, municipio de Tumbalá.

Hasta el momento, las instancias de procuración justicia del Estado encargadas de esclarecer el asesinato de Juan Vázquez Guzmán lo único que han garantizado es mantener el crimen en la impunidad. Una señal inequívoca de ello es el nulo avance de las investigaciones y que la instancia responsable de las mismas, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena con sede en Bachajón no cuenta ni siquiera con los más elementales recursos materiales y humanos para desarrollar una investigación seria y exhaustiva.

A pesar del despojo existente bajo ocupación policíaca y militar, así como el asesinato y encarcelamiento de sus integrantes, los tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón -adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona- se mantienen organizados, dispuestos a seguir luchando por sus derechos y a mantener viva la memoria de Juan Vázquez Guzmán, como un verdadero acto de justicia y reivindicación de su trabajo al servicio del pueblo.

En septiembre de 2013, los tzeltales dieron ejemplo de ello con la fundación del banco de grava Nah Chawuk dentro de su territorio, con la finalidad de romper con el monopolio y acaparamiento del banco de grava principal del ejido San Sebastián Bachajón, administrado por las autoridades ejidales oficialistas -que no permiten el acceso justo y equitativo a los ejidatarios a los recursos naturales, brindando exclusividad a empresas privadas y a particulares.

Después de la fundación de Nah Chawuk, los adherentes a la Sexta recibieron amenazas de desalojo por parte del comisariado ejidal oficialista, Alejandro Moreno Gómez, y del consejo de vigilancia, Samuel Díaz Guzmán. Estos, sin el conocimiento de la Asamblea General de Ejidatarios, pretendieron alentar el desalojo violento a través de grupos afines al Partido Verde Ecologista y al Partido Revolucionario Institucional. Se trata del mismo modus operandi utilizado por el ex comisariado ejidal oficialista Francisco Guzmán Jiménez en los sucesos del 2 de febrero de 2011, cuando se dio el desalojo violento de las tierras de uso común por las que atraviesa el camino que conduce al Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul. La amenaza de desalojo no prosperó y los adherentes a la Sexta mantienen bajo su resguardo el banco de grava.

En diciembre de 2013, los adherentes a la Sexta de San Sebastián Bachajón lograron la libertad de Miguel Demeza Jiménez y Antonio Estrada Estrada, presos injustamente desde octubre de 2010 y agosto de 2011, respectivamente.

Miguel Demeza recuperó su libertad plenamente; sin embargo, Antonio Estrada continúa sujeto a un proceso penal federal ante el Juzgado Sexto de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, a pesar de que las pruebas con las que se le acusa fueron declaradas ilícitas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver su juicio de amparo 915/2013. Antonio tiene que viajar cada quince días desde su comunidad hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para firmar un libro de control de asistencia de procesados, hasta que se resuelva su situación jurídica.

Los adherentes tzeltales de Bachajón reconocen que la libertad de Miguel y Antonio es fruto de la lucha de Juan Vázquez Guzmán y de la solidaridad nacional e internacional, que se mantuvo pendiente durante su encarcelamiento.

Ante este panorama, los tzeltales de San Sebastián Bachajón adherentes a la Sexta siguen dando ejemplo de dignidad y resistencia frente a la imposición de los caprichos del capitalismo, evidenciando los intereses económicos y políticos que detonan el conflicto en la comunidad para la apropiarse de su territorio.

24 de marzo 2014

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