México, DF. El fenómeno de desplazamiento por la violencia del narcotráfico en Guerrero afecta ya a 2 mil personas y tiene sus raíces en la omisión de los deberes del gobierno, acusa Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

En el municipio guerrerense de San Miguel Totolapan, cuya iglesia recibió el fin de semana del 20 de julio a cerca de 120 familias refugiadas de la violencia en la región de Tierra Caliente, las explicaciones oficiales para el desplazamiento usaron la toma de la carretera por manifestantes y la violencia entre la misma comunidad para justificar una “confusión”.

Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirma que la explicación es falsa. “Esto no es cierto, porque sabemos que la delincuencia organizada está en áreas más amplias, llega a las comunidades y lo que queda es: te sumas, te vas o te mueres”, exclama el defensor de derechos humanos.

Olivares explica que es difícil dar un número exacto de los desplazados  “porque tenemos más datos de comunidades completas que se desplazan, pero también hay familias que individualmente salen de sus comunidades”.

El estado de Guerrero tiene más de 70 municipios y está dividido en siete regiones. La región de la Costa Grande o Tierra Caliente es donde más se concentra el desplazamiento. Tan sólo en los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Tacatlán y Etecpan hay alrededor de 2 mil personas desplazadas, reporta Olivares.

En la zona existen riquezas forestales y también minerales. “Se dice que hay concesiones mineras, aunque la mayor parte del territorio son ejidos”, afirma el defensor de derechos humanos. “El Estado deja el trabajo sucio a la delincuencia organizada para despoblar la zona y que cuando las mineras lleguen, ya no haya quien se oponga”, denuncia.

La arrogancia de las administraciones públicas es un factor que aumenta la inseguridad, acusa Olivares, pues “el gobierno federal no tuvo la madurez para aceptar que fue rebasado y que no están en capacidad de garantizar los derechos humanos de la gente”. La solución del problema exige la aplicación de protocolos internacionales en materia de desplazamiento forzado, de la misma manera que se hace con problemas urgentes como guerras y terremotos, valora el defensor.

La asistencia a los desplazados es mínimay se reduce a un pequeño apoyo económico,  despensa y el establecimiento de campamentos con tiendas de plástico, que no brindan ninguna seguridad a las comunidades amenazadas.

El ejemplo más dramático es el de la comunidad de La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán. Los habitantes debieron desplazarse en dos ocasiones a Puerto de las Ollas y por lo menos 15 familias se se dirigieron a Ayutla. “El gobierno no es capaz de garantizarles ni alimento. Son campesinos que no tienen nada, no tienen empleo ni maíz para comer”, acusa Manuel Olivares.

Las familias de La Laguna denunciaron desde el 2007 acciones de amedrentamiento y amenazas por parte del ejército mexicano. Desde un conflicto durante la búsqueda de un ganadero secuestrado, en octubre de 2010, en la que murieron dos policías y seis quedaron heridos, la militarización de la comunidad se incrementó, reporta el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Con el crecimiento del conflicto, Rubén Santana Alonso, ecologista y líder comunitario de La Laguna, fue asesinado en 2011, así como su hijo, Sergio Santana Villa y su yerno, Jorge Delgado Salgado. En 2012 lo mismo pasó con su hijo Reynaldo Santana Villa, dos sobrinos y su esposa, Juventina Villa – quien luchó por los derechos humanos de la comunidad.

La Red Guerrerense trató de mediar con el gobierno estatal auxilios de alimentación, pero lo que consiguieron es “sólo para que la vayan pasando”, señala Olivares. Su situación, débil, no paró el acoso. El domingo 21 de julio por la mañana, los desplazados de La Laguna fueron nuevamente atacados por sicarios en la comunidad de La Unión, en Ayutla. “Ellos (los pistoleros) quieren la garantía de que nunca regresarán a sus tierras, ya que pertenecen a un ejido muy amplio, de 16 mil hectáreas. Desde 2005 hay 30 personas asesinadas en una misma familia de esta comunidad”, denuncia el defensor de derechos humanos.

Raíces de la violencia

La violencia en Guerrero, analiza el defensor de derechos humanos, es social y, como en otros estados, es provocada por la respuesta del gobierno a la población que se organiza para exigir sus derechos. “La respuesta es la militarización, el encarcelamiento y el asesinato de los líderes”, puntualiza Olivares.

El secretario de la Red Guerrerense presenta dos factores para violencia; uno son las comunidades organizadas para la lucha social – reprimidas por el Estado – y el otro es el crecimiento de la violencia organizada, que trae tensión a las relaciones sociales. “Todo tiene como raíz la falta de oportunidades, es un grave problema estructural que sufre el sistema yel Estado es incapaz de dar la respuesta”, analiza.

Para el representante de organización de derechos humanos, la responsabilidad principal es del Estado porque constitucionalmente debe garantizar la integridad física y el patrimonio de la gente. “Cuando no es capaz de hacerlo, se vuelve responsable por omisión”, acusa.

La violencia ya existente se incrementó a raíz del inicio del gobierno federal panista, con Vicente Fox, afirma Manuel Olivares, y se agudizó durante la administración de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra al narcotráfico y crecieron  la delincuencia y de la violencia. Los gobiernos, indica Olivares, están probablemente vinculados “Todo parece indicar que no se busca la erradicación del crimen organizado, sino que se ataca a unos grupos para fomentar a otros”.

La violencia, explica, no empezó con el crimen organizado, pero fue fortalecida y cooptada por él. “En la medida en que los carteles amplían sus dominios, absorben todos a sus estructuras. Son grupos que actúan con la connivencia del gobierno estatal; hay denuncias y se trata de gente conocida, pero no hay ningún detenido hasta la fecha”, acusa.

Las relaciones entre gobierno y el crimen organizado son muy complicadas y, para que se mantengan, se basan constantemente en el miedo, informa el experto. “Se trata de  narcopolítica y cogobierno. En las candidaturas, los políticos piden apoyo económico a los del crimen organizado. Es un secreto a voces, pero la gente sabe quién está con quien. Es abierto y público, pero el terror hace que la gente no lo exprese públicamente”, afirma Manuel Olivares.

Para enfrentar la violencia, lo primero que se debe hacer es dominar el miedo, considera el defensor. “Todos somos víctimas en potencia de esta delincuencia organizada. La política del terror sólo moviliza a la población hasta que sucede algo a un familiar”, valora. Olivares resalta la importancia de que todas las personas  tomen consciencia de que poner alambre de púas en sus casas no es suficiente, porque afuera pasan muchas cosas. “Es necesario aprender a dominar el miedo y actuar como sociedad, exigiendo al gobierno nuestros derechos”, finaliza.

Publicado el 29 de julio de 2013