Voces del río

Nelton Rivera

Sí creo en su inocencia

¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza Yassmin Barrios.

Siete autoridades comunitarias y ancestrales del territorio norte de Huehuetenango uno de los departamentos más grandes del país con mayoría de población indígena, fueron criminalizados desde el año 2012, estigmatizados en los medios de comunicación, perseguidos penalmente, detenidos de forma arbitraria el primero en el 2013, luego los otros seis en el 2015, por oponerse a la construcción de varias hidroeléctricas en este territorio.

Uno de ellos permaneció en prisión durante 1095 días desde el año 2013, cuatro más estuvieron 515 días y los últimos dos estuvieron 490 días encarcelados de forma arbitraria e ilegal desde el año 2015, todos fueron considerados como presos políticos.

Mynor Manuel López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar se convirtieron en presos políticos del Estado de Guatemala, por ser autoridades comunitarias y ancestrales en el territorio maya Q’anjob’al y mestizo de Huehuetenango.

Mynor estuvo 3 años en la prisión de Huehuetenango desde el 2013, luego fue ingresado a ese mismo centro carcelario Ermitaño detenido en el 2015. Adalberto, Francisco y Arturo fueron detenidos y enviados al Centro Preventivo para hombres en la capital, luego Rigoberto y Domingo fueron enviados al mismo centro en el 2015.

La fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público fue la responsable de impulsar las causas penales en su contra a partir de las denuncias de las empresas, cuatro procesos judiciales fueron conexados finalmente para que el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad capital resolviera en un Debate Oral y Público que todos eran inocentes de los cargos.

Todos recuperaron su libertad, regresaron a sus hogares, dos días duro su regreso, en muchos lugares de la carretera interamericana fueron recibidos como héroes por distintos pueblos, en el territorio norte de Huehuetenango fueron recibidos multitudinariamente.

La prisión política

En la región norte de Huehuetenango que las empresas usen al sistema de justicia para acusar penalmente a las autoridades comunitarias no es nuevo, en el 2012 aparecieron las primeras ordenes de aprehensión hechas por el propio dueño de la empresa española Hidro Santa Cruz / Ecoener Hidralia Energía, en mayo se realizaron las primeras detenciones arbitrarias hechas por paramilitares del municipio de Barillas, otras fueron justificadas luego que el gobierno de Otto Pérez Molina decretara un Estado de Sitio y militarizara ese municipio.

Otra detención arbitraria fue la de Mynor López en septiembre 2013, en una extracción aérea que realizó un supuesto grupo policial, lo mismo ocurrió con líderes comunitarios de San Mateo Ixtatán en 2014 y 2015.

El aparato de justicia se ensañó contra estas siete autoridades comunitarias, la fiscalía de delitos contra operadores de justicia del Ministerio Público –MP- pidió desde el inicio del proceso que una juez de Mayor Riesgo les imputara el delito de plagio o secuestro, un delito mayor que impone 25 años de prisión o la pena de muerte, ninguna de las juezas que conoció las causas penales aceptó acreditar ese delito.

La estrategia de los empresarios que ven en la organización comunitaria un riesgo y peligro han ido sofisticando su estrategia, ahora las detenciones y acusaciones que inicialmente fueron hechas por las empresas son reforzadas por las acusaciones y declaraciones de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia. Desde el CAJ fueron los encargados de emitir las órdenes de aprensión, se convirtieron en querellantes para acusar y señalar a las autoridades, otros fueron testigos, pero la mayoría asumieron el rol de acusadores (jueces, fiscales del MP, abogados del Bufete Popular, psicólogas y administrativos).

Dieciséis meses tuvieron que esperar para que finalmente un Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo abriera el debate el 6 de julio y en a un ritmo acelerado escucharon las declaraciones de las autoridades comunitarias, la acusación del MP, a más de 42 testigos de los querellantes y de la defensa, a peritos, y la presentación de las pruebas materiales tanto de cargo como de descargo.

Quince días duro el debate oral, el día 22 de julio el tribunal convocó a las 6 de la tarde para resolver y dictar sentencia, la preocupación alcanzó a los abogados, familiares, autoridades ancestrales y al resto de las personas que llegaron a acompañar en la sala de audiencias, los tres jueces no aparecieron, un oficial del tribunal se acercó a los abogados para avisar que a las 9 de la noche podría llegan finalmente los jueces, dos juezas y un juez no lograban consensos para dictar la sentencia.

Luego de 3 horas de espera la juez Yassmin Barrios presidente del Tribunal de Mayor Riesgo emitió la sentencia, considerada histórica por la contundencia de la misma, en su resolución por unanimidad el tribunal de sentencia reconoció que se está criminalizando a las comunidades en su derecho a movilizarse, organizarse y defender los bienes naturales, también reconocieron que el extractivismo y las empresas están generando serios problemas sociales y que el Estado guatemalteco no resuelve esta problemática, si no la exacerba más.

También hicieron un reconocimiento del papel y la importancia de la autoridad ancestral y de la autoridad comunitaria y que las acciones no son constitutivas de delito, haciendo referencia a que las autoridades ancestrales responden al mandato de las asambleas de los pueblos, que la gente toma sus decisiones y ellos sólo obedecen.

El Tribunal a través de su sentencia reconoció que el aparato de justicia está siendo utilizado por las empresas para criminalizar, encarcelar y judicializar a las autoridades comunitarias y que esto es ilegal.

Uno a uno fue absolviendo de todos los delitos, Yassmin Barrios presidenta del tribunal le llamó fuertemente la atención a los fiscales del MP, porque la investigación no fue objetiva y porque se prestaron para que los trabajadores del CAJ de Santa Eulalia llegaran a intentar engañar al tribunal, muchos de los operadores de justicia del CAJ llegaron a mentir.

Al tribunal le quedó claro que la persecución penal en contra de los siete presos políticos fue el resultado de la estrategia de las empresas en la región, especialmente de la empresa española Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz querellante en estos procesos penales.

Esa misma noche ordenó que el sistema penitenciario liberará a todas las autoridades comunitarias, Rigoberto Juárez el día 18 de agosto se presentó de forma voluntaria ante el Juzgado de Mayor Riesgo A nuevamente, la fiscalía del MP le imputó una tercera causa penal, la juzgadora decidió nuevamente ligarlo a un nuevo proceso penal, a pesar que la Jueza Yassmin Barrios ya juzgo esa misma causa, para esta autoridad ancestral maya Q’anjob’al aún le quedan 17 acusaciones en el MP a la espera, todos por supuestos delitos menores, de esa forma las empresas y el MP buscan seguir criminalizándolo.

La jueza Yassmin Barrios

“Aquí vino el señor David Yurambir Rivera, el secretario, nos vino a mentir aquí al tribunal. Y tampoco le creo a la señorita Sandra Gerardine Miranda que nos vino a contar un episodio muy fuera de la realidad, a hablar de unos niños que se habían ido a meter a un hotel y una cuestión bastante inverosímil, no les creo. Por otra parte el juez Marvin Interiano quien supuestamente es a la persona a quien se le coacciono no se presentó, vino a la sala pero se acogió a su derecho de no declarar. Por lo tanto en donde está la coacción, ¿dónde está?

Tampoco creo en la declaración del señor José Teofilo, yo creo en una cosa, quienes administramos justicia estamos llamados a decir la verdad, a hacer las cosas bien, porque tenemos doble obligación, no solo como ciudadanos si no por el trabajo que desempeñamos. Porque si no le estamos haciendo un mal, a todo el sistema de justicia de nuestro país, yo creo que a nosotros como jueces no nos deben de instrumentalizar, el otro día dije claramente a una personas que estaba hablando, yo no permito que decidan por mí, ni tampoco que me tomen como instrumento para realizar algo que no se debe.

En este caso no se debe instrumentalizar la conducta de estas personas ¿en dónde está la coacción? ¿En dónde se le obligó?

Si me dan las pruebas por supuesto que puedo imponer una pena, y de hecho siempre que hay pruebas las hemos impuesto, creo que de eso hay suficiente para poderlo constatar, pero también cuando no hay pruebas no podemos ser arbitrarios, no podemos detener ilegalmente a las personas.

Porque se pierde la confianza en el sistema de justicia, yo sé que los fiscales que están aquí no fueron los que iniciaron este proceso y es una pena que no estén a los que realmente les correspondía porque ellos deberían de escuchar este llamado de la población para hacer las cosas bien.

Lo que sí quiero hacer, y esto lo hago a título personal como presidenta del tribunal, y cuando tenga la oportunidad de platicar con las personas del Ministerio público decirles: presentenos acusaciones pero sostenidas, porque no se vale que a una persona la detengan si no existen pruebas. Hay mujeres, hay esposas, hay hijas, hay toda una familia que han estado sufriendo, no, no es correcto.

Los señores fiscales hay que cambiar esa actuación, hay que acusar si se tienen pruebas y hay que investigar e investigar bien, y si nos presentan las pruebas entonces si vamos a condenar como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero en esta ocasión si vamos a absolver. Para finalizar no se dan los verbos rectores para el delito de coerción, entonces no hay por qué imponer una condena si no hay ninguna prueba.

¿Señor Rigoberto en dónde está? Creo en su inocencia, siembre se ha dicho que soy muy dura para juzgar pero con la misma dureza también es para absolver porque sí creo en su inocencia…”

Una Respuesta a “Yichkisis la aldea con más seguridad del país (insegura para su población)”

Dejar una Respuesta

Otras columnas