México. El cambio más grande de la política de Enrique Peña Nieto en cuanto al fenómeno de las desapariciones en México se da únicamente en el discurso, coinciden Jorge González de León, de la comisión de Arte y Resistencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), y Ximena Antillón, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

El balance que hace el Movimiento por la Paz a un año del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República (periodo que pidió Enrique Peña Nieto para dar resultados en el tema) “no es nada optimista”, admite el poeta González de León. “Hay un doble discurso, uno enfocado a subir la percepción de que el país cambió porque entró un nuevo gobierno, y otro, de omisión de lo que realmente pasa en México”.

“No vemos avances concretos”, apunta Antillón, además de que se acumulan los casos de la Guerra Sucia, del sexenio de Felipe Calderón y los que van en la presente administración.

González de León recalca que hay una guerra mediática para mantener lo más pulcra posible la imagen del gobierno, “pero en instancias internacionales, México sigue a la baja en cuanto a respeto de los derechos humanos y a impartición de justicia”. La estrategia de seguridad es la misma que la del gobierno anterior, agrega Antillón “aunque el gobierno públicamente señala un énfasis en la prevención, no vemos cambios significativos”.

Lo más urgente, “y lo han dicho los familiares de desaparecidos”, es realizar la búsqueda, señala Antillón, psicóloga especialista en el acompañamiento psicosocial en graves violaciones a los derechos humanos, violencia política y catástrofes.

“Lo que más resiento, personalmente, es la indiferencia de la sociedad. Acusamos a las autoridades de ser omisas, pero también hay una ciudadanía muy omisa e indiferente ante el problema. Eso se debe a que los medios no nos permiten visibilizar públicamente cuál es la dimensión de este problema, y juegan un papel casi delincuencial en este país, con honrosas excepciones”, lanza González de León.

Quiénes desaparecen

Una de las primeras exigencias del MPJD fue la creación de un padrón de desaparecidos. Más de dos años después de su nacimiento, González de León afirma que “no tenemos cifras, sólo aproximaciones, pero sabemos que aumentaron los secuestros y desapariciones en general. A finales del año 2012 se habló de 26 mil desaparecidos, pero hay una tendencia creciente a ocultar las cifras y disminuir la percepción sobre la violencia en México”. Por eso, afirma, es necesario el padrón de desaparecidos para dimensionar del problema.

El padrón existente se debe depurar, sostiene la investigadora de Fundar, pues él incluye a personas que fueron encontradas, casos repetidos y otros que no están incluidos, y es necesario unificar los registros de las distintas instituciones. Por ejemplo, señala Antillón, la cifra de 26 mil desaparecidos no incluye a los migrantes desaparecidos en su tránsito por México -diversas organizaciones estiman que la cantidad está entre los 70 mil y los 120 mil.

Por la vulnerabilidad particular de los migrantes sin documentos, indica Antillón, están fuera de los registros y tampoco hay mecanismos para protegerlos.

No saber cómo buscar

El gobierno peñista no implementa una nueva estrategia para buscar a los desaparecidos, como prometió al inicio del gobierno, valora el poeta. “Es básicamente la misma, y sabemos que no es efectiva”, recalca.

Antillón señala que en Fundar no tienen conocimiento tampoco de cambios en los protocolos de búsqueda. “Sabemos que la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo reuniones de trabajo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero no sabemos que haya avances concretos”.

La integrante de Fundar señala que son los familiares quienes más investigan, “es decir, tampoco vemos que la Procuraduría haya desarrollado mejores capacidades para la búsqueda que impacten en los casos”. Antillón reconoce como un avance la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “pero todavía no tiene la suficiente capacidad porque le falta personal y capacitación. Entonces tampoco vemos que de los resultados esperados”, matiza.

México tiene un informe sobre desaparición forzada, elaborado por el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con recomendaciones que no han sido cumplidas, informa Antillón, “por ejemplo, en lo que tienen que ver con la armonización legislativa para reconocer la desaparición forzada. Por otro lado, vemos que los mecanismos de ayuda y atención a los familiares de desaparecidos tampoco se concretan, a pesar de que existe la Ley General de Víctimas, la situación de los familiares de desaparecidos es todavía muy precaria”.

Las víctimas más desesperadas dentro del MPJD, reconoce González de León, son las de desaparición. “Es una verdadera pesadilla por saber lo que pasó, dónde están, cómo puede desaparecer tanta gente en México y no pasar nada”, explica.

Dentro de los derechos que reconoce la Ley General de Víctimas está el de la verdad, indica Antillón, por lo que el gobierno, además de buscar inmediatamente a las personas en cuanto tienen un reporte de desaparición, está obligado a esclarecer los hechos.

Los familiares de desaparecidos viven en situaciones precarias, pues asumen la mayor parte de la investigación y eso les genera graves riesgos, describe Ximena Antillón, pues además de enfrentar a la delincuencia organizada tienen que tratar con autoridades corruptas o de plano, coludidas en el crimen. También sufren deterioro familiar y en sus ingresos, así como abandono de estudios de los hijos que tienen que trabajar e impactos en su salud, detalla.

El MPJD y otras organizaciones denunciaron falta de asignación de recursos para la adecuada operación de la Ley en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2014.

Impunidad, la clave del problema

Pietro Ameglio, académico e integrante del MPJD y de Servicio Paz y Justicia en América Latina (Serpaj), escribió recientemente que “familiares, periodistas y organizaciones de derechos humanos cercanas, investigando por su propia cuenta y corriendo un enorme riesgo, han logrado reconstruir el proceso de esas muertes o desapariciones, conocen los nombres, ocupaciones, redes, domicilios, etcétera, de los victimarios, y han hecho públicos esos datos, sin que las autoridades –en sus distintos niveles- hagan nada al respecto, lo que alienta el brutal clima de impunidad y complicidad que reina en el país”.

La impunidad y el papel del Estado preocupan a las organizaciones de derechos humanos. Antillón señala que las desapariciones –tanto del periodo de la Guerra Sucia como del combate al crimen organizado- no se pueden explicar sin la responsabilidad del Estado. “La impunidad en la Guerra Sucia”, señala la investigadora, “hace posible que estemos viviendo este fenómeno de la desaparición. Combatirla es un elemento para impedir la repetición de la desaparición forzada”.

“Existe una impunidad casi total en cuanto a las desapariciones; en Morelos es de un 97 por ciento”, señala González de León. Además, el problema es que las personas que son detenidas como responsables, posteriormente son liberadas, agrega, “porque quizá el poder más omiso en ese sentido es el poder judicial, que es uno de los más corruptos, no da la cara ni rinde cuentas a nadie”.

“El problema de desaparecidos no se ha atendido, y por eso se agrava. Hablamos de una tragedia de dimensiones verdaderamente trágicas”, finaliza el poeta. “Todo esto no se puede explicar sin la responsabilidad del Estado”, declara Antillón. “Las familias y la sociedad queremos saber cómo fue posible que haya este número de desaparecidos, dónde están y quiénes son los responsables en el sexenio de Calderón y en lo que va de éste”.