La amenaza a los derechos territoriales, de consulta, identidad, salud y medio ambiente equolibrado y adecuado exigen del Estado una respuesta ajustada a lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros instrumentos y jurisprudencia internacional.

Así lo advirtió el antropólogo Ismael Vega quién afirmó que: “decir que ya no se puede hacer nada porque los contratos con las empresas estaban vigentes antes de aprobarse la Ley de Consulta, es ignorar que el Convenio 169 de la OIT está vigente en el Perú desde 1995?.

Vega expresó su preocupación ante la intención de ignorar las expectativas de los pueblos quienes presentaron una demanda de amparo para exigir la nulidad de las medidas administrativas que aprobaron la adjudicación del lote 116 y el estudio de impacto ambiental correspondiente.

El antropólogo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) sostuvo la inconveniencia de renunciar a la posibilidad de iniciar procesos de diálogo que “constituyen la única forma de encontrar soluciones sostenibles basadas en el diálogo intercultural que demandan los pueblos Awajun y Wampis de la región Amazonas”.

A continuación el artículo completo de Ismael Vega:

La lucha de los pueblos Awajun y Wampis por su derecho a la consulta en el lote 116

Por Ismael Vega*

5 de octubre, 2014.- La promoción de las inversiones en el rubro de los hidrocarburos ha sido, desde el inicio de su gestión, una prioridad para el gobierno y especialmente para el Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, conocido por su amplia trayectoria y experiencia en empresas petroleras. La reciente aprobación y promulgación de la Ley 30230, conocida como el “Segundo paquetazo” (1) y de los anunciados nuevos reglamentos ambientales para hidrocarburos y minería, también deben entenderse en el marco de esta prioridad, el cual tiene como escenario a la Amazonía.

Dentro de los límites que tiene el presente artículo, analizaremos en la primera parte el contexto que caracteriza la situación de los hidrocarburos y particularmente el petróleo en el Perú. En la segunda parte, nos enfocaremos en la situación de los derechos de los pueblos indígenas Awajun y Wampis, a partir de los riesgos y amenazas que representa la actividad inconsulta de las empresas petroleras Pacific Rubiales Energy y Maurel et Prom en el lote 116.

Contexto petrolero

El repunte que en los últimos años ha experimentado el precio del petróleo ha beneficiado el sector hidrocarburos. Por un lado, una creciente y sostenida demanda, y de otro lado, un modesto incremento de la oferta en un contexto mundial marcado por tensiones geopolíticas, han creado las condiciones propicias para que el precio de los commodities se vea fuertemente influenciado por un juego especulativo que de algún modo explica los altos y bajos precios que alcanzó el barril de petróleo en la última década (2). En todo caso, en los últimos años el precio del barril se ha mantenido en promedio por encima de los US$100.

Sin embargo, en medio de esta bonanza de precios, el nivel de extracción petrolera en el país ha descendido de manera sostenida. Actualmente solo producimos 22.9 millones de barriles de petróleo, cantidad inferior a los cerca de 24 millones producidos el 2012. Todo esto, pese al espectacular incremento de los lotes petroleros adjudicados por los últimos gobiernos, especialmente los de Alan García y Ollanta Humala. Antes del segundo gobierno de García solo teníamos unos 7 lotes petroleros y al final de su gestión teníamos más de 50 y actualmente en la gestión de Humala tenemos más de 80 lotes petroleros adjudicados. De ellos, aproximadamente el 60% están ubicados en la Amazonía y más específicamente sobre los territorios de los pueblos indígenas.

El Ministerio de Energía y Minas acaba de presentar el Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos 2013, en el que menciona que “En el 2008 las reservas totales fueron 5.810,98 MMSTB [millones de barriles de petróleo fiscalizado] y al 31 de diciembre del 2013 las reservas totales han sido estimadas en 1.545,18 MMSTB, reduciéndose en 73,41%” (3). La explicación a esta situación es la misma que el Ministro Mayorga ha sostenido desde que asumió el Ministerio de Energía y Minas, en medio de tensiones y contradicciones con el Ministro del Ambiente. Desde su punto de vista, tenemos muy pocos proyectos en exploración y explotación petrolera por las trabas burocráticas y los conflictos socioambientales.

El Ministro Mayorga ha sostenido desde el inicio de su gestión, que para “recuperar el tiempo perdido” se tiene que incrementar la inversión (4) y el número de pozos exploratorios, confirmatorios y de desarrollo, en áreas donde ahora solo hay recursos como sucede con la Amazonía (5). En este mismo sentido, el ex ministro Luis Miguel Castilla, afirmó que las nuevas medidas ambientales estaban orientadas a destrabar proyectos de inversión en hidrocarburos por US$ 11,000 millones (6). La prioridad del gobierno, no solo es continuar con los proyectos de exploración – explotación que se vienen desarrollando en los 35 lotes (10 en fase de explotación y 25 en fase de exploración) adjudicados que existen en la Amazonía (7); sino también brindar a las empresas petroleras todas las facilidades para que estos proyectos se ejecuten más rápido y se incrementen.

Lo grave, es que este objetivo se pretende alcanzar a costa del derecho a la consulta y el territorio de los pueblos indígenas amazónicos que desde tiempos ancestrales habitan en los territorios sobre los cuales están ubicados los 35 lotes petroleros, que sin respetar su derecho a la consulta fueron adjudicados a las empresas. Este es el caso del lote 116 que pasamos a analizar.