Ciudad de México, 13 de febrero de 2015. Durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, en Perú fueron esterilizados de manera forzada al menos 300 mil mujeres y 22 mil hombres. Víctimas y organizaciones sociales ponen en duda la imparcialidad de la justicia a lo largo de 18 años que se tiene en este caso.

Desde hace un año, las investigaciones sobre las esterilizaciones que se empezaron a practicar entre 1988 y 2001 están archivadas, de esta manera excluye la responsabilidad de Fujimori y sus Ministros de Salud en ese entonces. Los casos no se han judicializados más allá de la imputación por delitos menores.

Según el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, «la justicia es una utopía para las mujeres”, de los 300 mil casos de esterilización, tan sólo en un caso se reconoció la responsabilidad penal del Estado. El proceso exigió al gobierno que indemnizara a la familia de María Mamérita quien falleció a causa de una infección generalizada después de una intervención forzada de esterilización, que hacía parte del programa gubernamental de Salud Reproductiva y Planeamiento Familiar.

Sin su consentimiento y muchas veces engañadas, las cirugías eran practicadas a las mujeres de los poblados más pobres y de zonas rurales de Perú y la mayoría de éstas eran indígenas quechua y aimara. Mujeres embarazadas también fueron obligadas a pasar por el procedimiento dado que los funcionarios del ministerio de salud tenían que cumplir con un número determinado de esterilizaciones.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw),  recomienda al Estado la identificación de todas las mujeres intervenidas de manera forzada, la investigación judicialización y reparación integral de las víctimas.

Con información de Adital