México, Distrito Federal. El despojo de un terreno propiedad de la Sociedad Cooperativa Totlaltzin Hueyi, del Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI-UNOPII) –en el que participaron un grupo armado y autoridades de la delegación Tlahuac- no es una disputa entre grupos, sino un paso más en la escalada de agresiones contra los movimientos sociales en la Ciudad de México, declara Enrique Reinoso, parte de la dirección colectiva de la organización popular.

La toma de un terreno que es pequeño (menos de 4 mil metros cuadrados) por personas con armas de alto poder, la falta de acción de la policía ante las agresiones y la ocupación del terreno por parte de la fuerza pública –a pesar de que nadie disputa la propiedad-, hace pensar a Los Panchos Independientes (como se conoce a la organización) que todo se trató de una provocación.

“Esperaban que hubiera una respuesta. Si se revisan los medios de comunicación que informaron sobre el asunto, parece que reprodujeron un boletín ya hecho. Hablan de un enfrentamiento que nunca hubo”, señala Reinoso. Quince días antes del despojo, señala, hubo un hecho similar en la delegación Coyoacán.

El motivo para agredir específicamente a esta organización puede estar en que “dejamos de ser sólo una organización que desarrolla proyectos de vivienda para desarrollar proyectos de vida”, especifica el dirigente. Aunque sus proyectos sean pequeños, Los Panchos practican formas de toma de decisiones y participación que ponen en evidencia la ineficacia de las políticas gubernamentales, considera Reinoso. “En ese sentido, somos un mal ejemplo”.

Para recuperar el predio, destinado a edificar un proyecto de vivienda social para cerca de 50 familias, el Ministerio Público indicó a la organización popular que debe iniciar un juicio de restitución, a pesar de que nadie disputa el terreno y dentro, sólo permanece la fuerza pública. Reinoso recuerda que las autoridades de la delegación Tláhuac les han puesto obstáculos para desarrollar sus proyectos, pero al menos desde 1994 no recibían una agresión armada.

Circunstancias extrañas

El 29 de agosto de 2003, la cooperativa adquirió un predio de 3 mil 600 metros localizado en Francisco Landino 4-A, Colonia Miguel Hidalgo, en la delegación Tláhuac. Desde ese mismo día, una guardia de Los Panchos quedó a cargo de la vigilancia y limpieza del terreno, que es de escaso valor comercial por su baja densidad habitacional y por estar lejos de grandes avenidas.

El 07 de noviembre de 2013, un grupo armado saltó al interior del predio, tiraron al piso a la guardia, les cubrieron la cabeza, los golpearon y les robaron sus pertenencias. También destruyeron los vehículos que ahí se encontraban, entre ellos dos taxis. Mientras tanto, un grupo de mototaxistas bloqueó una de las dos entradas que tiene el predio.

La guardia del terreno solicitó ayuda a otros integrantes de su organización, quienes también fueron golpeados. Salieron a relucir las armas de los agresores, entre ellas las metralletas conocidas como “cuerno de chivo”, de acuerdo con testimonios de la guardia agredida. Solicitaron ayuda a un par de patrullas que pasaron por el lugar, pero los policías no hicieron nada a pesar del sonido de los disparos.

Menos de una hora después, llegaron al predio cuatro camionetas con fuerzas especiales de policía, que tomaron el control del predio y se situaron entre el grupo agresor armado –cerca de 80 personas- y los integrantes de la cooperativa –un máximo de 10 personas-, viendo de frente a los cooperativistas, “como hacen ante un grupo agresor”, precisa el dirigente.

Finalmente, los agresores se retiraron –sin que uno solo de ellos fuera detenido, a pesar de estar en posesión de armas de fuego y haberlas accionado-, los propietarios del terreno se retiraron a atender a los cuatro heridos que requirieron hospitalización, dos de ellos graves, y la policía quedó en posesión del lugar.

Las autoridades alegaron que no pueden devolver el predio a la cooperativa porque hay una disputa por la titularidad del contrato, pero los papeles que mostraron a Los Panchos son de una solicitud de resguardo hecha por ejidatarios de San Lorenzo Tezonco sobre un lugar que se encuentra a, al menos, 1.5 kilómetros de distancia, y con características bastante diferentes del predio de Los Panchos (que es urbano, mientras el de los ejidatarios es rural).

En el documento esgrimido por la policía, emitido desde marzo de 2012 –proveniente de la oficina del diputado local Aldolfo Orive Bellinger, del Partido del Trabajo, y dirigido a Manuel Mondragón y Kalb, entonces Secretario de Seguridad Pública de la capital – se expone que los ejidatarios solicitan “apoyo en materia de inteligencia policiaca” para prevenir una “invasión violenta en próximos días”.

Sin importar que no coincidiera la dirección de los dos predios, y que no hay una demanda admitida por la propiedad ubicada en Francisco Landino –la que hubo fue desechada por falta de documentos que la soportaran- las autoridades se niegan a devolver el lugar, y requieren que se emprenda una demanda de restitución de duración indeterminada.

Todo cambia

Los obstáculos a los que normalmente se enfrentan esta organización para desarrollar sus proyectos son de tipo legal, afirma Reinoso, como la negativa a otorgarles las licencias necesarias, la tentativa de clausurarles obras –a pesar de que sean predios legalmente adquiridos- y las presiones administrativas para ceder ante programas sociales, como las recibidas por parte de Martí Batres, ex funcionario del gobierno local.

“Son ofensivas distintas. Hoy cambia. La forma de operar no es legal, actúan sin orden y sin justificación”, señala Reinoso, quien recuerda que el grupo de la policía justificó su presencia argumentando que “intuían” que habría un enfrentamiento.  Reitera que no hubo detenidos por parte del grupo armado, que la fuerza pública reforzó la agresión y que el grupo agresor ni siquiera intentó quedarse con el predio. Además, reitera la desproporción del armamento –tanto de los agresores como de la policía- para un predio tan pequeño y una guardia tan escasa.

“Pensamos que fue una provocación mal montada. Quizá esperaban que el predio ya estuviera ocupado por las familias y que hubiera otro tipo de respuesta para tomar represalias”, aventura Reinoso.

Los Panchos darán seguimiento al proceso legal, tanto a la averiguación por despojo, lesiones y daño a la propiedad como a la demanda de restitución. También, advierte Reinoso, estarán alerta ante un posible “madruguete” de las autoridades. “Mantendremos la denuncia para dejar claro que no es una agresión contra una organización, sino un patrón que se repite por todo el país contra los movimientos sociales”.

Publicado el 06 de Enero de 2014