México. Los más pobres dentro de las comunidades marginadas de Guerrero son los que más sufren los estragos de la desatención gubernamental en los desastres naturales, acusa Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Los habitantes de estos poblados –que en menos de un año enfrentaron dos huracanes, inundaciones y sismos varios, incluyendo uno de 7.2 grados ocurrido el 18 de abril de 2014-, se preparan para la próxima temporada de lluvias, indica el defensor de derechos humanos: cooperan para comprar terrenos donde guarecerse, reconstruir poco a poco lo que perdieron o lograr salir de las comunidades donde están en riesgo.

El director de Tlachinollan evalúa que los programas asistenciales del gobierno (tanto federal como estatal) implementados luego de los desastres naturales son deficientes para lograr soluciones, incluso de forma temporal: “En comunidades como San Miguel de Amoltepec Viejo, en el municipio de Cochoapa el Grande, y Moyotepec, en el municipio de Manilaltepec, los pobladores siguen viviendo a la intemperie porque no se les garantiza siquiera un lugar provisional”. Problemas como la falta de terrenos para la reubicación, planes temporales o un ausencia de un proceso de reconstrucción de vivienda son los problemas recurrentes en Guerrero a la hora de implementar políticas de atención a catástrofes naturales, indica.

Abel Barrera comenta que, a siete meses del paso de los huracanes Ingrid y Manuel y la destrucción de cultivos y poblados, la gente se encuentra en total incertidumbre sobre lo que pasará con su reubicación. Con esto se demuestra que no existe un plan integral de atención a la población afectada, pues “nadie lleva un control de cómo será el plan de ejecución para los damnificados”.

Programas de prevención

En cuanto a las políticas de prevención, Barrera Hernández denuncia la falta de información a las comunidades afectadas, además de la nula inclusión en la participación al momento de planear de los proyectos para dar solución a las necesidades más sentidas de la población. “El gobierno hace unas pocas acciones que son más para la opinión pública que para resolver un problema de la comunidad; sólo quiere maquillar la realidad”, considera el también antropólogo.

El tema del uso de suelo y la planeación territorial son factores que incrementan la vulnerabilidad de estas comunidades en casos de inundaciones o sismos, pues “los municipios no cuenta con un plan de reordenamiento territorial que respete lugares sagrados y zonas de recargas de agua o boscosas”, que proteja los recursos naturales o las formas tradicionales de cuidado que tienen las comunidades indígenas, pues estos lugares son propiedad federal y “ellos tienen sus propios planes de desarrollo”, afirma el defensor de derechos humanos. Se suman otros factores, como que “la explotación de los recursos pétreos que se da por parte del las empresas constructoras destruye los causes de los ríos, no hay control de la explotación. Incluso la misma población desconoce qué superficie pertenece ya a alguna empresa minera”, refiere el director del centro de derechos humanos.

Una atención más que precaria

Abel Barrera informa que no existe un plan que garantice la entrega de despensas para las poblaciones afectadas, especialmente a las muy marginadas y de difícil acceso, y que hay una deficiencia en poder dar atención cercana a quienes más la necesitan, como es el caso de madres solteras, viudas o ancianos, a quienes se les dificulta desplazarse a las reuniones que están obligados a participar. “Organismos como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) creen tener la llave mágica a través de los comedores comunitarios, que no son acordes a las necesidades alimentarias de la comunidad. Piensan que ya está la solución, cuando ni siquiera en todas las comunidades se puede acceder a esto”, ejemplifica.

El director de Tlachinollan refiere que en la parte montañosa de Guerrero se encuentran población indígena y los municipios más pobres del país, al mismo tiempo. “Son comunidades dispersas que por la geografía no pueden tener núcleos formados en un solo lugar, y por su actividad económica, como la siembra de maíz temporal, la gente prefiere estar cerca de su parcela o de algún cauce del río”, explica, lo que se vio reflejado al momento de que las autoridades realizaron el censo de afectados por el paso de los huracanes.

“El censo es algo muy cuestionado por las comunidades. Ellas dicen que quienes lo realizaron fueron personas que no conocen la región, que se negaron a hacer el recorrido por todos los lugares donde hubo casas dañadas y que simplemente pidieron información en la calle principal y a la autoridad misma”, indica Barrera Hernández a Desinformémonos. En las comunidades, agrega, existen casas que presentan graves daños, que aunque se mantienen en pie en cualquier momento, incluso por un sismo, pueden venirse abajo. Estas viviendas no fueron tomadas en cuenta en el censo, con el propósito de reducir el reporte de afectaciones, explica.

La temporada de lluvias está a la vuelta de la esquina. Las poblaciones anteriormente afectadas son aún más vulnerables porque en ellas se da sobreexplotación de recursos maderables y acuíferos por parte de empresas coludidas con la autoridad local, resalta Abel Barrera. “No existe una política definida de cómo prevenir y proteger a la población en situaciones de desastres naturales. Aún con los ocurridos en el último año, no se creó una estrategia de prevención para que la misma ciudadanía esté informada. A casi siete meses de las tormentas, no hay una coordinación de las diferentes dependencias del gobierno para poder resarcir los daños”, detalla.

Barrera Hernández relata que las comunidades más afectadas tratan de ser solidarias entre ellas mismas, mientras el Estado los deja en el abandono y se desentiende en la atención de servicios básicos como el agua, vivienda, caminos y salud. “Este abandono se conjuga con el abuso de poder, la concentración de riqueza en unas pocas manos y el trato discriminatorio y deshumanizante hacia las comunidades indígenas. El gobierno las considera muy pequeñas y por tanto, prescindibles para el país”, valora. Todo eso, agrega, genera descomposición de la vida comunitaria, ruptura del tejido social y supeditación de la comunidad a los intereses económicos, “dejando una estela de muerte y violencia”.

Para el director de Tlachinollan, la realidad es más compleja de lo que el gobierno quiere hacerla ver, por ejemplo, en cuanto a los datos de las viviendas o los cultivos afectados. “En un recorrido que hicimos, las grietas y los hundimientos son muy grandes y afectaron a la mayoría de parcelas; ningún ingeniero o técnico del gobierno vino a recorrer estos terrenos; lo que dicen es que lo hacen vía satélite, pero eso es dejar en manos de la tecnología un problema social muy complejo”, destaca Barrera Hernández. Al acercarse las lluvias, las comunidades que aún se encuentran sin un lugar seguro donde vivir; con las pocas redes de agua potable destruidas, los habitantes se ven obligados a buscar soluciones por su cuenta, lo que puede ponerlos en riesgo, indica el defensor. “La desatención y el abandono les obliga a retornar a sus lugares, rehabilitar algunos terrenos para guarecerse de la lluvia, incluso ir cooperando entre ellos mismos para comprar algún terreno poco a poco . Por su cuenta y con la solidaridad que entre ellos prevalece , reconstruirán no sólo sus viviendas, sino el tejido social y el sentido de comunidad que el gobierno quería también arrebatarles”, finaliza Barrera Hernández.

Publicado el 28 de abril 2014