México. Todos los domingos desde hace diez se reúne la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), en Aguacaliente o en alguno de los otros 46 anexos que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Con altas y bajas, ni un solo domingo han dejado de organizarse para rechazar la construcción de una presa que los condena a la desaparición. Ahora discuten la posibilidad de incorporarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Policía Comunitaria (CRAC-PC) para tener un mayor control de su territorio, además de las exigencias al gobierno para que reconstruya lo dañado tras el paso del huracán Manuel, en vez de que pretenda desplazarlos.

La presa La Parota tiene prevista la inundación de 17 mil hectáreas de tierras cultivables de los bienes comunales de Cacahuatepec, al norte de la zona urbana de Acapulco, con lo que desaparecerían aproximadamente 30 pueblos, 25 mil campesinos serían afectados de manera directa y más de 70 mil de forma indirecta. Su construcción se planteó desde 1976 y sobre los ríos Papagayo y Omitlán. La Comisión Federal de electricidad (CFE) comenzó los trabajos desde el año 2002 pero sin consultar a los afectados, denuncia el vocero Felipe Flores.

Además de la amenaza de la presa, los comuneros denuncian que hay saqueo de arena y grava en los márgenes del río Papagayo, por lo que instalaron un plantón de protesta y vigilancia desde finales de enero. Es también uno de los motivos por los que la CECOP considera incorporar a 37 comunidades de Cacahuatepec a la CRAC-PC, pues “queremos un sistema de seguridad propia y que nadie puede entrar a nuestro territorio sin autorización”, explica el vocero Felipe Flores. Es necesario que la CRAC convoque a una asamblea regional para que las nuevas comunidades, una vez tomada su decisión, presenten la solicitud formal para buscar su aprobación, explica Felícitas Martínez, consejera del sistema de seguridad comunitaria.

El huracán trajo destrucción, pero también organización

Luego de un reflujo en el movimiento, las asambleas se fortalecieron después del paso de la tormenta Manuel por la entidad, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desfogó la presa La Venta, provocando el desbordamiento del río Papagayo que devastó casi totalmente a las comunidades a su paso. La tormenta, indica el CECOP, “fue el fenómeno natural, pero el desastre no fue natural, sino provocado por el desfogue y, en última instancia, por la presa en sí misma que desde su construcción alteró la vida y flujo natural del río Papagayo”.

A casi cinco meses del huracán, y ante la tentativa de reubicación del gobierno estatal, los pobladores de la ribera están convencidos de que detrás de los planes gubernamentales está la intención de despojarlos de su territorio para, finalmente, llevar a cabo la construcción de La Parota. Los pueblos, insisten, exigen la reconstrucción de sus comunidades, no el desalojo de las mismas.

“Les decimos a quienes quieren aprovecharse del desastre y están hablando de reubicación: ¡Váyanse!”, dicen desde Cacahuatepec, al tiempo que anuncian que a partir de enero empezaran a recopilar firmas para exigir convertirse en un municipio independiente de Acapulco, y conformar su propia policía comunitaria.

El desfogue de la presa La Venta, insiste Rodolfo Chávez, integrante del CECOP, fue lo que provocó la inundación de los pueblos, por lo tanto, indica, sí hay un culpable y es la CFE, a quien demandarán para que pague los daños ocasionados, entre ellos la destrucción total de 200 casas y los daños a otras 300, además de las cosechas perdidas y las tierras arrasadas.

En estos momentos, explica Chávez, es importante “la vinculación del CECOP con otros movimientos de dentro y fuera de Guerrero”,  para la reconstrucción comunitaria como alternativa de los pueblos en contra de la reubicación forzosa.

La nueva ofensiva del gobierno estatal, señala Rodolfo Chávez, ha conseguido revitalizar el movimiento y fortalecer la defensa del río y de sus comunidades (columna Los de abajo, de Gloria Muñoz, en el periódico La Jornada).

El CECOP llamó a todos los afectados del estado de Guerrero por el paso de la tormenta tropical Manuel, así  como a organizaciones que apoyan sus demandas, a conformar un frente para defender sus derechos y exigir a los gobiernos federal y estatal la reparación de los daños. Específicamente, piden que la solución no sea la temida reubicación que se está temiendo en de Cacahuatepec. “Reconstrucción sí, reubicación no”, reafirmaron desde la CECOP.

El llamado, señalan desde la organización, toca especialmente a las dos costas de Guerrero (Costa Chica y Costa Grande), pues sufrieron mayores daños y, al igual que las comunidades de Cacahuatepec, no han sido atendidas. Peña Nieto anunció la inversión de 30 mil millones de pesos para Guerrero, que están destinados a la construcción de carreteras y para una hidroeléctrica, pero nunca anunció si serán para reconstruir los daños causados por la tormenta tropical Manuel.

Confrontación con el gobierno

Los comuneros convocaron a las autoridades (el gobierno del estado de Guerrero -encabezado por Ángel Aguirre Rivero-, el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton, y a representantes de la Comisión Nacional del Agua) para que informaran sobre los trabajos que la CONAGUA hace sobre la cuenca del río Papagayo y para que se atendiera a los afectados de esa zona por el paso de la tormenta tropical Manuel. Los funcionarios no aparecieron, ni el 24 de noviembre ni el 1 de diciembre de 2013. “Se hacen los sordos y dejan crecer la bolita de nieve, lo que nos obliga a tomar medidas drásticas”, advirtió unos de los oradores del 24 de noviembre.

Luis Walton sí se presentó a los bienes comunales de Cacahuatepec, pero su visita causó indignación pues se conoció la existencia de órdenes de aprehensión contra cinco integrantes del CECOP, interpuestas por el propio ayuntamiento. Como consecuencia, los comuneros decidieron impedir la entrada de las autoridades municipales a sus territorios.

En los primeros días de febrero, Marco Antonio Suástegui, también vocero del CECOP, declaró públicamente que ya entregaron su solicitud de ingreso a la CRAC. Después de la asamblea regional donde se aprobará o denegará la petición de las comunidades, vendrá el proceso de elección de representantes y validación de asambleas, así como la capacitación a los nuevos policías en protocolos y reglamento interno de la Coordinadora.

Publicado el 10 de febrero de 2014