Fotos: Salvador Cisneros Silva

El caso de la niña me’phaa de 10 años embarazada tras una violación sexual y a la que se le negó la interrupción del embarazo en el hospital general de Chilpancingo, Raymundo Abarca Alarcón, cobró importancia nacional por la ausencia de una legislación que permita realizar estas prácticas médicas seguras, sobre todo cuando se trata de violencia sexual contra menores de edad.

Los familiares de la niña, originaria de Acatepec en la Montaña de Guerrero, tuvieron que recurrir ante el Ministerio Público (MP) para exponer y denunciar la desatención y, también, la criminalización y discriminación a la que fueron sometidos por parte del personal médico en el hospital más importante de la capital de Guerrero.

La niña y sus familiares solicitaron la interrupción del embarazo con la denuncia y la autorización expresa de un MP, pero aun así fue negada la atención.

Esta realidad la viven a diario las familias indígenas, las más pobres. No sólo tienen que padecer la violencia patriarcal y machista, sino que también se enfrentan a un viacrucis para acceder a su derecho a la salud y a la justicia.

Para Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, esta situación es preocupante porque en la Montaña ocurren muchos casos similares, sin que las instituciones de salud den respuestas.

Al contrario, afirma Arias Vitinio, impera la indolencia, la indiferencia y los tratos discriminatorios hacia mujeres y niñas. Esto es un problema realmente grave que no solamente sucede en la Montaña, sino también en otras partes del país. La desatención siempre ha prevalecido. Las autoridades deberían poner mayor atención y protección a casos como los de esta pequeña ya que por ser menor de edad y huérfana vulnera su vida.

Por su parte, Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, lamenta que las autoridades no cuenten con un protocolo de atención para este tipo de casos, máxime que no es el único que se ha presentado. En 2021 documentó más de ocho casos en cuatro hospitales distintos de Guerrero, donde se negaron a interrumpir el embarazo a niñas, adolescentes y mujeres que fueron agredidas sexualmente.

En este contexto a las mujeres y a las niñas se les coloca en desventaja, sin que puedan decidir sobre sus cuerpos. Gutiérrez Sotelo lamenta que predomine la “indignación selectiva” al mirar a las mujeres indígenas como de “segunda”, porque cuando una niña indígena padece la violencia no hay una reacción contundente para castigar a los culpables o para que las instituciones las protejan.

“Tendría que indignarnos el hecho de que en Guerrero somos de los tres primeros lugares en embarazo infantil y eso es una aberración. Nos indigna porque hay niñas sin acceso a la educación, salud y que siguen repitiendo la cadena de pobreza”, señala.

Hoy, la titánica lucha de los derechos de las mujeres guerrerenses cobra fuerza, no obstante, el horizonte aún está lejos de erradicar la violencia machista y patriarcal. La agenda sigue empantanada en el Congreso local a pesar de la urgencia por los casos que se están presentando como el de la niña me’phaa.

“Ni siquiera hay garantía al derecho primordial de las mujeres a decidir sobre su vida. La paridad de género en las instituciones de nada sirve, la utópica igualdad por la que estamos luchando no se concreta en acciones. Por ejemplo, la paridad no ha garantizado el acceso a los derechos de las mujeres, a pesar de que en el Congreso hay 23 mujeres y 23 hombres, pero no nos está sirviendo para garantizar las reformas necesarias para que las mujeres podamos vivir en paz, no nos maten y para que no nos desaparezcan”, subraya la activista.

En Guerrero se han declarado dos Alertas de Violencia de Género, la segunda por agravio comparado, que ordena homologar el Código Penal con la Norma 046 para garantizar que niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual accedan a la interrupción del embarazo, sin interponer una denuncia penal y, menos, tener la autorización de un MP.

Sin embargo, el Estado ha sido omiso, no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones. En la última década en Guerrero se han presentado tres iniciativas para despenalizar el aborto, pero los obstáculos y los pensamientos morales se han impuesto.  

En la anterior legislatura, el priísta Omar Jalil con la panista Guadalupe Suastegui no sólo fueron los principales opositores a la homologación con la Norma 046, sino que además querían colocar más candados para las víctimas y al acceso a la interrupción del embarazo.

El Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero puso su esperanza en la legislatura actual del Congreso del estado en una alianza con algunas legisladoras de Morena para que se pudiera impulsar una nueva iniciativa, que se presentó el 12 de enero de este año.

“Se había planeado hacer un proceso muy rápido que, justamente, evitara todo el tema de la discusión pública, porque lo que se pretende es acatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia, emitida el 7 de septiembre de 2021, donde ninguna mujer en México puede ser criminalizada por su derecho a decidir. Además, las medidas de la alerta ya colocan a Guerrero en un escenario grave de violencia sexual y de negación de servicios. No debería estar en discusión, si se aborta o no, sino más bien es un asunto de homologar leyes”, afirma Gutiérrez Sotelo.

Lo más preocupante es que en el propio Congreso hay grupos antiderechos. La principal opositora es Julieta Fernández, pero también Héctor Apresa Patrón y Jesús Parra, que “tiene fuertes nexos con la iglesia católica”.

Con la noticia de la niña me´phaa, las voces de las activistas y feministas guerrerenses ven una oportunidad para que el Congreso local retome el tema de la reforma y establezca una política pública de atención para las mujeres y niñas.

Urge que las autoridades presten atención a los derechos de las mujeres. Despenalizar el aborto significa que las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud seguros, sin ser criminalizadas.

El costo para un procedimiento de aborto es de más de 10 mil pesos, lo que es inaccesible para las familias que carecen de recursos económicos, cuando apenas tienen 180 pesos al día para paliar el hambre.

Es urgente que las autoridades atiendan estos temas de urgencia y cruciales para las mujeres, niñas y adolescentes, principalmente quienes provienen de las comunidades indígenas. Es increíble que mujeres y niñas pidan auxilio en las instituciones y éstas les nieguen la atención, además de criminalizarlas, al grado de castigarlas con cárcel o muerte, son las que no tienen derechos.