“La opción entre la violencia de los opresores y la de los oprimidos
se nos impone, y no optar por la lucha de los oprimidos
es colaborar con la violencia de los opresores.”

Don Sergio Méndez Arceo†, homilía del 27 de octubre de 1969

México. Tras siete meses en una prisión federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro y delincuencia organizada por participar del sistema comunitario de justicia de Guerrero, Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria, migrante, trabajadora, madre y esposa puede tener una oportunidad de libertad. Los cargos más graves en su contra se retiraron, y organizaciones estadunidenses anuncian una caravana de solidaridad.

Nestora Salgado representa el “no olvidar de donde venimos y el sufrimiento que viven las comunidades”, valora su esposo José Jiménez, residente en Nueva York. La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá condensa “la identidad del pueblo de México”, agrega el trabajador.

Los primeros días de abril, la Fundación Sergio Méndez Arceo anunció que concedió su premio de derechos humanos a la ex migrante y hoy presa en el penal federal de Tepic, Nayarit. Unos días antes, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito -con residencia en Chilpancingo- revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, cargo que se derivó del ordenar la detención de un funcionario -implicado en un robo- como parte de sus labores dentro del organismo de seguridad comunitaria.

El gobierno del estado de Guerrero anunció que Salgado permanecerá en una cárcel, aunque ellos mismos reconocen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) como instancia de procuración de justicia y seguridad de los pueblos, avalada por la Ley 701.

José Jiménez informa que está en preparación una caravana de representantes de pueblos de Guerrero, que visitarán Estados Unidos como parte de su lucha por el respeto a los derechos indígenas y la libertad de Nestora Salgado.

El premio Sergio Méndez Arceo surgió como homenaje a la labor en derechos humanos quien fuera obispo de Cuernavaca y su consejo está conformado por más de 20 organizaciones sociales y de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria y el Centro Antonio Montesinos. Este año 2014 se otorgó a la comunidad purhépecha de Cherán y a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá. “Es un premio que la sociedad civil le da a año con años a grupos o personas con una trayectoria destacada en defensa de los derechos humanos”, explica Fidelia Luna, organizadora del Premio. Entre los galardonados de años anteriores se encuentran el general José Francisco Gallardo, Rosario Ibarra, La Abejas de Chenalhó y la periodista Lydia Cacho.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados envió a las instancias correspondientes su solicitud para que sea recibida una comisión que revise las condiciones en las que se encuentra la coordinadora comunitaria, ya que se ha denunciado que se encuentra aislada la mayor parte del tiempo.

La lucha en los Estados Unidos

José Jiménez hace un llamado: “Yo les digo a mis paisanos que dejen de ver televisión y que miren esta otra realidad. Hacerlo es una gran ganancia para nosotros”. El esposo de Nestora Salgado anuncia que los organizadores de la caravana de solidaridad participarán en un acto conmemorativo del asesinato de Emiliano Zapata, además de denunciar la actividad de las empresas mineras y los asesinatos de activistas en la entidad guerrerense.

La caravana recorrerá ciudades como Seattle, Chicago y Nueva York. Lo complicado, explica Jiménez, son los gastos que se generarán. Los asistentes serán integrantes de la Policía Comunitaria de Olinalá, precisa, y el objetivo es que se dé a conocer qué es el sistema comunitario de organización de los pueblos de Guerrero, desde cuándo funciona y su diferencia con los grupos de autodefensa.

La iniciativa de caravana cuenta con el apoyo de organizaciones radicadas en diversas partes de los Estados Unidos. “Lo que queremos decir es que con un sistema tan sencillo como el de la CRAC-PC, y que prácticamente con palos y piedras, pueden erradicar el crimen”, abunda el esposo de la Coordinadora del sistema de justicia.
Cuando las organizaciones estadunidenses -algunas de ellas de carpinteros y electricistas- escucharon de la propuesta, se interesaron por el tema. “Es imposible no simpatizar con él”, explica José Jiménez.

Salgado podría ser cualquiera de los millones de mexicanos migrantes en el vecino país del norte. A su llegada, trabajó de recamarera en un hospital pero perdió el trabajo por estar ilegal. “Fue por eso, porque ella es trabajadora y nadie le podía decir nada, es muy dedicada a sus labores. Después estuvo diez años limpiando un lote de departamentos”, abunda su esposo.

Desde 1991, año en que por primera vez llegó a Estados Unidos, “ha estado yendo y viniendo”, describe Jiménez. En una de esas travesías de regreso a Olinalá, sufrió un accidente que la dejó paralítica por tres meses. Como consecuencia de ese percance, Salgado requiere de un medicamento –Neuroquin- que le ha sido negado en prisión. La medicina se utiliza principalmente para casos de epilepsia, pero a la comunitaria le ayuda a nivelar la presión entre la médula y las cervicales que quedaron lastimadas.

Las actividades solidarias nos erán exclusivas para este caso. “Vamos a luchar por todos los comunitarios que están presos”, concluye Jiménez desde Estados Unidos.

06 de abril 2014