Guerrero, México. El movimiento magisterial, que inició movilizaciones en protesta por la reforma federal a la educación, entró en una etapa de movilización y organización más intensa y logró articularse con diversas organizaciones sociales, indígenas, sindicales y de derechos humanos. Esta articulación se transformó en el Movimiento Popular de Guerrero.

El 10 de abril, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata y de la marcha histórica emprendida por el pueblo guerrerense, se movilizaron alrededor de 100 mil ciudadanos en Chilpancingo, además de que se realizaron manifestaciones solidarias en Ometepec, Tlapa, Iguala y otros centros de importancia regional. Fue una muestra del hartazgo de la población ante la clase gobernante por no responder a sus necesidades profundas. En esta nueva etapa se unieron las policías comunitarias, la Policía Ciudadana, colectivos, organizaciones sociales, estudiantes normalistas, indígenas, miembros de sindicatos independientes, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y diversos ciudadanos.

Se pueden cuestionar los métodos de lucha emprendidos por los maestros y los ciudadanos organizados de Guerrero, pero no se pueden cuestionar las causas profundas que los llevaron a oponerse a una serie de iniciativas políticas antidemocráticas emanadas del gobierno federal y que en la entidad, la clase política, los empresarios y las autoridades ejecutan de manera vertical y sin discutir, amparados en un marco jurídico en el que se aprueban leyes que hacen más miserable a la sociedad.

Lo que une a los guerrerenses son los agravios históricos, el mayor grado de participación ciudadana, la memoria histórica y la resistencia ante los embates de un gobierno antidemocrático. Su cuestionamiento es contra las reformas estructurales de un gobierno federal que desmantela el país y privatiza la educación. Le cuestionan su rapacidad en la conducción de un país y su ilegitimidad en el arribo al poder, envuelto en un fraude electoral y la corrupción. Los maestros exigen educación gratuita para la sociedad; respeto a los derechos y garantías laborales del magisterio; otorgamiento de plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, dado que en Guerrero se apoya más a las escuelas privadas, y el gobierno administra y designa los lugares a su conveniencia; prohibir el pago de cuotas y gastos escolares a los padres de familia, dado que el estado se ha desentendido del asunto de brindar más y mejores recursos a la educación; la creación de un Instituto Autónomo de Evaluación que dé garantías, certeza y confiabilidad de que los procesos de mejoramiento profesional y evaluación educativa sean transparentes y acordes con la realidad en que trabajan -no se oponen a la evaluación, pero piden que sea honesta y transparente-; que el gobierno destine el seis por ciento del Producto Interno Bruto a la educación y que estas iniciativas queden legisladas y sean aprobadas mediante diálogo, consulta y aprobación por parte de la sociedad y del Congreso del estado de Guerrero.

La cerrazón de las autoridades estatales ha derivado en la postergación de la solución y en una lucha que los gobernantes no quieren ver. En Guerrero, el sindicato oficialista (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE) y el gobernador en turno, así como la estructura administrativa, han detentado el poder y la manipulación de plazas, ingresos, recategorizaciones, puestos públicos, y el uso indiscriminado y para otros fines de recursos destinados a la educación. Ha sido durante décadas la parte oficial quien ha utilizado este tipo de acciones para mantener un control económico, político, laboral y de recursos.

La resistencia de los profesores continúa, y con la presión ejercida y la alianza popular han abierto un diálogo con los diputados del Congreso que buscan rectificar su camino –ellos aprobaron una ley en 30 minutos y sin haber realizado las consultas y procedimientos adecuados. Pero para entender Guerrero y las formas verticales de gobernar, hay que insertarlo en un contexto más amplio de juego de poderes que se da en esta parte del sur de México.

Guerrero, entidad de contrastes y marginación

El estado de Guerrero sintetiza el drama social, la exclusión, la marginación social y los bajos índices de desarrollo humano. Los conflictos sociales que se dan son también parte de un entramado complejo  de las formas de administrar el poder de manera caciquil, déspota y antidemocráticos.

Por un lado se encuentran un desarrollo impulsado sólo para ciertos lugares como Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Iguala y otras ciudades donde se promueve el turismo, la inversión económica y la creación de infraestructura. Del otro lado conviven colonias, comunidades y pueblos con los más altos niveles de rezago social. Acapulco es el centro del turismo en el Océano Pacífico, y a unos kilómetros de él la pobreza es el estigma de la gente que habita en las colonias populares como la Emiliano Zapata, Renacimiento, El Coloso, Monte Sinaí y otros barrios donde la sobrevivencia humana es dramática y dolorosa. En la Montaña de Guerrero se encuentran los municipios indígenas más pobres del país. Algunos, como Metlatónoc y Cochoapa, tienen niveles similares de vida a países de África (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2006). En situación similar se encuentran pueblos de la sierra, la Costa Chica y la zona centro.

Desde hace varias décadas se dejó de incentivar el trabajo en el campo para los campesinos y las comunidades rurales, y ante la descapitalización del campo la migración aumentó. En la actualidad, Guerrero es uno de los lugares donde hay mayor población migrante que trabaja como jornaleros agrícolas en las zonas agroindustriales de México y  de los Estados Unidos. El maíz y otros productos básicos dejaron de ser una prioridad en la siembra dado que no se garantiza un precio justo en los mercados. Para sobrevivir, los campesinos de las áreas rurales optan por formas y cultivos ilícitos. Aún con esos ingresos, la población tiene bajos índices de desarrollo humano.

El acceso a la educación se ha convertido en una situación difícil: la falta de maestros, de infraestructura, de vías de comunicación y los bajos salarios son indicativos del olvido en que se encuentra este sector, golpeado desde hace un par de décadas. Los salarios de los docentes en municipios como Chilapa, Metlatónoc, Cochoapa, Quechultenango, Malinaltepec,  Ahuactotzingo, Olinalá, entre otros municipios pobres, oscilan entre los mil 800 y los 3 mil pesos quincenales -y ello depende mucho de la situación laboral en que se encuentren. Realizan su labor en condiciones poco favorables: escuelas sin bibliotecas, construidas con materiales básicos, horcones, adobe, sin baños, sin pizarrones, con mobiliario en mal estado, sin canchas, sin servicios básicos.

Por esta situación de exclusión social y por la corrupción, la mayoría de los ciudadanos cuestionan a la clase política. El movimiento iniciado por los maestros señala que otro Guerrero es posible.

Aguirre Rivero: estirpe de caciques

Aguirre es originario de Ometepec, el centro comercial y político de la Costa Chica de Guerrero y una de las zonas más deprimidas de la entidad. Es hijo de una familia ganadera rica, que llegó a la región en la década de los veintes. Aguirre no solamente tiene amistades con los caciques locales de su región natal, rancheros que han dominado durante décadas a los pueblos indígenas con sus pistoleros; su tío Mateo, ex diputado local, le conectó con su compadre, el exgobernador Alejandro Cervantes Delgado, mientras Cervantes desempeñaba un cargo oficial en el Distrito Federal, y más adelante se acercó al difunto José Francisco Ruíz Massieu. “Layo”, como conocen a Ángel Aguirre, como cacique mayor de su región es quien aglutina “a todos los caciques de por aquí; sus amigos son la gente de Azoyú, donde el presidente Lauro Justo y su hermano Luis son famosos por traer pistoleros. También lo es de Rufino Añorve […] En 1989, impuso a Mario Navarrete en Ometepec como presidente municipal, a sangre y fuego. El 6 de marzo de 1990, horas después de que fuimos desalojados violentamente, Aguirre Rivero llegó al Ayuntamiento, que estaba rodeado por judiciales y motorizados” (La Jornada, 18 de marzo de 1996).

Después de acontecimientos violentos en 1995, la mayoría mixteca de Tlacoachistlahuaca quemó la presidencia y pidió ser un municipio propio para no tener que seguir viviendo bajo el mando ranchero. En una ocasión, “Layo” impuso al vaquero de su familia como presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, y como político ambicioso, aceptó la autoridad de Rubén Figueroa y mantenía una “amistad” con él, pese a que su propio caciquismo entró en confrontación con Figueroa en la región de la Costa Chica. En 1996 fue impuesto como gobernador sustituto cuando éste salió de la gubernatura debido a la matanza de Aguas Blancas. Aguirre Rivero lo defendió a ultranza y golpeó y encarceló a miembros de organizaciones sociales que exigían justicia. Durante su periodo se dio la masacre de El Charco, en Ayutla de los Libres, en junio de 1997. Siempre se ha jactado de hacer cumplir la ley y generalmente golpea a maestros, indígenas y a las organizaciones sociales.

En 2010, los caciques políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) eligieron como candidato a gobernador de Guerrero a Manuel Añorve Baños. La maquinaria caciquil priísta desplazo a Aguirre Rivero. Éste último negoció con miembros de la cúpula del Partido de la Revolución Democrática (PRD) su incorporación a dicho partido. Le impuso a su hijo, sin trayectoria política, como candidato a diputado, al igual que a varios de sus priístas más cercanos, como Sofío Ramírez. Ganó las elecciones en una coalición formada por el PRD, el Partido del Trabajo (PT), Convergencia y el Partido Acción Nacional (PAN). Con su triunfo, el PRD se convirtió en mayoría en el congreso.

Días antes de las elecciones del 30 de enero de 2011, varias organizaciones -como la Organización de Pueblos Originarios para el Desarrollo Social, la Red Guerrerense de Organismos Civiles y de Derechos Humanos y el Consejo Ciudadano de Chilapa- manifestaron en un pronunciamiento que: “Los indígenas somos sujetos de derechos y no mercancía electoral”. Advirtieron que ganara quien ganara la elección, no iban a permitir la aplicación de programas y proyectos sin la previa, libre y amplia consulta libre a los pueblos sean afectados. Enfatizaron en particular: “Reprobamos el proyecto de construcción de la presa La Parota sin el consentimiento de los dueños de su tierra, y manifestamos nuestro amplio apoyo a las decisiones y acciones que determinen nuestros hermanos indígenas de La Montaña contra las pretensiones depredadoras de las compañías mineras que pretenden explotar y saquear las riquezas minerales”.

Durante su campaña, Aguirre Rivero prometió que iba a sacar de la miseria a la Montaña de Guerrero, impulsar un gobierno con los mejores hombres y mujeres, combatir la desnutrición, dar a los niños y mujeres oportunidades de crecimiento y sacar del atraso a la región.

Aguirre pronto demostró su pasado y conformó su gabinete con priístas y perredistas moderados, familiares y amigos. Ha aplicado la represión y se le señala como autor intelectual del asesinato de normalistas, campesinos y maestros. El Congreso hace lo que él dicta.

Quienes gobiernan en Guerrero son grupos familiares que durante décadas han estado en los órganos de poder y han virado hacia los puestos públicos conforme más les conviene. Se encuentran los Maganda, los Ruíz Massieu, los Figueroa, los Salgado Leyva, los Astudillo, los Aguirre Rivero, los Torreblanca, los Juárez, los Soberanis, los Añorve y otros clanes familiares. Ellos son quienes determinan la forma de distribuir el poder a través de pactos y herencias de espacios políticos a familiares, hijos y parientes. De igual manera, se pervirtió el PRD –antes partido opositor, ahora en el poder, que realiza alianzas sólo por el poder, dejando de lado los principios.

La aparición de empresas mercantiles, la privatización de tierras y la aplicación de programas asistencialistas y paternalistas con uso electorero siguen como las formas de operar entre la población. Programas como Guerreros por la Alfabetización, impulsados por el actual gobierno estatal, están envueltos en casos de corrupción e ineficacia. No se han hecho reformas profundas ni se han aplicado políticas públicas sociales. Hay un vacío de poder y no se tocan los asuntos estructurales de pobreza y hambre. Se siguen patrones asistencialistas, sólo de administrar, postergando los problemas.

Veto informativo, denostación y racismo hacia los maestros

Durante más de 25 días, los maestros se han mantenido en pie de lucha. No es posible entender esta resistencia sin el respaldo de un amplio sector social de colonos, comunidades y gente -que se unieron solidariamente y los acompañan en sus luchas- y la red de solidaridad social que tienen. Han resistido el embate de los medios de comunicación que descalifican su lucha; el racismo de los conservadores, que los agreden con palabras y lenguaje obsceno; y el desprecio de los empresarios, que pagan desplegados justificando la violencia.

Los maestros se sostienen gracias al apoyo de familiares, amigos, comunidades, organizaciones y pueblo en general, que también padecen la inseguridad, el alza de precios a los alimentos, los programas de salud mal aplicados, y las mentiras de los gobiernos federal y estatal, que tienen estilos de gobernar del siglo pasado. También padecen políticas públicas mal diseñadas y el desdén en las oficinas gubernamentales.

Son escasos los medios de información que trabajan con veracidad sobre el movimiento. En otros medios y televisoras, los espectadores pueden ver la construcción de un discurso de linchamiento social y de justificación de la violencia. Descalificación es lo que reciben los maestros, con términos como vándalos, acarreados, minorías, disidentes, profesorcillos, o hasta con “ya váyanse a sus comunidades”. Los sectores más rancios de la sociedad salen con esos discursos, reflejados en el desdén del trato del gobernador hacia los profesores. Las declaraciones de la clase política criminalizan la protesta, estigmatizan y señalan. Los empresarios asumen el mismo papel. “No me pondrán de rodillas”, indica el gobernador.

Pero no se trata de ser pragmático y encerrarse, sino de generar condiciones para un diálogo como salida política al conflicto, basado en el respeto a los derechos laborales que se pretenden violentar. El estilo del doble lenguaje es común por parte de las autoridades. Pese a todo, el pueblo de Guerrero y el magisterio siguen dando lecciones de dignidad ante un modelo económico avasallante, excluyente y que agrede a los más pobres. Es una lección que hace falta fortalecer para construir Otro Guerrero y Otro México posibles.

Publicado el 15 de abril de 2013