México, Distrito Federal. Para lograr la promesa de que los cuerpos que pueden ser de sus hijas serán adecuadamente identificados y que se crearan diversos mecanismos de atención a las víctimas de desaparición, el juarense Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas debió plantarse por día frente a la Secretaría de Gobernación, donde también les dijeron que el presidente de la República no las atenderá personalmente sino hasta dentro de dos años.

Lo que ahora es el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas comenzó a articularse en marzo de 2011 con la desaparición de Mónica Janeth Alanís y de Idalí Juache, vistas por última vez en los alrededores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y del Centro de Readaptación Social (CERESO) de la ciudad, respectivamente. Sus familias iniciaron acciones como caminatas en los lugares donde desaparecieron sus hijas, plantones, misas y otras manifestaciones que atrajeron a más madres y familiares que se reconocieron en la misma situación. Así conformaron la organización.

Una de las consignas de las madres y familiares ha sido “las queremos vivas”,  lo que da cuenta de un paso muy difícil en su proceso: el pasar de la búsqueda de sus hijas desaparecidas a asumir que éstas son víctimas de los crímenes contra mujeres que se desarrollan en la ciudad fronteriza desde 1993. El drama familiar por el que atraviesan tiene una continuidad con ese proceso en el que también muchas madres y organizaciones plantaron la lucha hace dos décadas.

 El crecimiento del Comité se debe a que en los últimos años se cuentan por centenas los casos de mujeres jóvenes y humildes que desaparecen en la ciudad. Entre las personas solidarias con esta lucha apareció la abogada Francisca Galván, quien inició un acompañamiento a estas acciones y después representó a las madres ante los ministerios públicos y en mesas de trabajo con las autoridades de la ciudad y el estado de Chihuahua. Esto posibilitó a este humilde comité confrontar cara a cara a las autoridades, quienes en muchos casos no tuvieron otra respuesta que reconocer su ineptitud.

La estrategia gubernamental para desgastar a las madres

Después de 20 años de impunidad y de abonar una historia de vergüenza nacional, las autoridades del estado de Chihuahua optaron por diseñar una estrategia más para ocultar los crímenes contra las mujeres e intentar desgastar y desmovilizar a las madres organizadas. La nueva estrategia consiste en entregar a cuentagotas -a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género- los restos de mujeres que desde hace años se encuentran resguardados en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez. Fue a raíz de la entrega de los restos de Beatriz Alejandra Hernández Trejo que la indignación cundió entre las integrantes del Comité, por lo que decidieron emprender una caminata de 400 kilómetros desde Ciudad Juárez hasta la capital chihuahuense en demanda de una audiencia con el gobernador de la entidad, César Duarte. La realización de esta acción, sin recursos y durante el frío invierno del desierto, le valió al Comité el reconocimiento de la opinión pública y de otras organizaciones que se solidarizaron con él.

La respuesta del ejecutivo estatal redundó nuevamente en una simulación, ya que después de dejarlas plantadas un par de ocasiones, se establecieron acuerdos que no fueron cumplidos por las autoridades. El Comité y organizaciones y personas solidarias con esta lucha sufrieron una campaña de acoso, intimidación y amenazas mediante llamadas anónimas, acecho en distintos puntos de la ciudad y allanamientos de domicilios por parte de la policía municipal y estatal. Como resultado, en lo que va de 2013 pidieron protección al gobierno de los Estados Unidos dos familias vinculadas con los casos de las jóvenes desaparecidas, así como la propia abogada Francisca Galván, quien fue retenida durante más de tres meses en el Centro de Detención de Inmigrantes de Otay, en la ciudad de San Diego, California. De acuerdo a las autoridades fronterizas norteamericanas, esto se debió a que consideraron sospechoso que en un lapso tan corto de tiempo fueran solicitados tres procesos de protección para el Comité. Finalmente, el cinco de junio la solicitud fue aceptada y durante 12 meses Galván tendrá refugio y permiso para laborar en Estados Unidos antes de solicitar de manera oficial asilo político.

La alegría por la liberación de Francisca se diluyó de manera inmediata: la fiscalía del estado le anunció a Bertha García, otra integrante del Comité, que identificaron genéticamente los “restos” de su hija Brenda Berenice Castillo García. Le fue entregado un fragmento del cráneo después de cuatro años de haber desaparecido. Se trata de un proceso en el que la Procuraduría General de la República (PGR) y las autoridades involucradas hicieron gala de negligencia: demoraron dos años en reconocer la evidencia de que la víctima apareció en un programa de televisión en Estados Unidos, a pesar de que le fueron proporcionados los videos y testimonios que corroboran el hecho. Además, dado que Brenda era menor de edad en ese momento, se apuntaló la línea de investigación sobre la trata de personas hacia el vecino país del norte, ya que el cruce fronterizo requiere del consentimiento expreso de sus familiares.

De nuevo a enfrentar al poder y la impunidad

Bertha dio sepultura al féretro con los restos entregados por la fiscalía, pero manifestó que no está satisfecha con los resultados de la investigación y a raíz de ello se emprendió una acción más del Comité. En este caso se trató de un viaje hasta la ciudad de México para exigir ante las autoridades federales respuesta a las demandas que se desprenden de las irregularidades y omisiones en el tratamiento e investigación de los casos. A la capital del país asistieron la propia Bertha García, madre de Brenda Berenice; Silvia Banda Pedroza, mamá de Fabiola Janeth Valenzuela Banda; Rosa María Apodaca Granados, quien busca a su hija Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, y Juana Ibarra Castorena, madre de Gabriela Espinoza Ibarra. Inicialmente también hicieron presencia Yolanda Betancourt Retana, madre de Janeth Paola Soto Betancourt; Perla Reyes Loya, mamá de Jocelyn Calderón Reyes; María Esther Arizmendiz Moreno, mamá de Brenda Patricia Luna Arizmendiz, quien desapareció en enero pasado, y José Luis Castillo padre de Esmeralda Castillo Rincón. Sin embargo estos familiares regresaron a la ciudad fronteriza debido a que su arribo a la Ciudad de México “coincidió” con que las autoridades de Juárez anunciaron avances en la investigación de los casos de sus hijas, por lo que fueron requeridas.  Por su parte, María Modesta Gómez Suárez, madre de Claudia Antonia Núñez Gómez, regresó por estar aquejada de problemas de salud.

Como ha ocurrido en la historia del Comité, se enfrentaron con toda clase de obstáculos y sobresaltos. Al llegar al centro del país se toparon con la negativa de las autoridades, tanto del procurador Jesús Murillo Karam como de la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Nelly Montealegre Díaz, quienes rechazaron la posibilidad de atraer los casos bajo el argumento de que es responsabilidad de las autoridades locales.

A raíz de ello, los familiares instalaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación en demanda de ser recibidas por el titular del ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Durante los siete días que se mantuvo la protesta, recibieron el apoyo de diversas organizaciones que las apoyaron tanto para sostenerlo como en distintas actividades que realizaron. Entre éstas destacan la clausura simbólica de la Secretaría de Gobernación el viernes 14 de junio, así como un par de movilizaciones en la ciudad. La primera de ellas, el sábado 15 de junio, consistió en una marcha hacia Palacio Nacional, en donde replicaron la clausura simbólica del edificio en alusión a la ineptitud de las autoridades. La segunda, el martes 18, se llevó a cabo desde la Estela de Luz hacia la residencia oficial de Los Pinos para solicitar una audiencia con el mandatario federal. Obtuvieron como respuesta que la agenda del presidente está saturada durante los próximos dos años, por lo que “lamentablemente” no pueden ser recibidas.

Finalmente, en la madrugada del miércoles 19 de junio, autoridades de la Secretaría de Gobernación las convocaron para establecer una reunión de negociación. El pliego de peticiones de las madres incluyó nueve puntos: la tipificación del delito de desaparición de mujeres en el estado de Chihuahua; la creación de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de Mujeres Desaparecidas; identificación de los cuerpos de las mujeres que se encuentran en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez, con la intervención técnica del Equipo de Antropólogos Forenses de Argentina; la atracción de investigaciones de los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la calendarización de su seguimiento; un acuerdo con PROVICTIMAS para facilitar los trámites necesarios y acceso a programas; el ingreso de los casos en el programa de recompensas de la PGR y su amplia difusión y, finalmente, la creación de una unidad especializada en protección a familias de las mujeres desaparecidas o asesinadas. El Comité de Madres se mostró conforme con el resultado de las negociaciones del que se consideran aprobados todos los puntos, aun cuando la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde destaca como acuerdos sólo una parte de los puntos del pliego petitorio de las madres.

Al levantar el plantón, las madres dejaron claro que la lucha no termina y que mantendrán la presión sobre las autoridades para el cumplimiento de los puntos que resultaron de las negociaciones con las autoridades federales. Aprendiendo de la lucha y el ejemplo de estas madres, muchas más voces y acciones se hacen necesarias. El laboratorio que pudo ser Ciudad Juárez desde hace 20 años ahora se extiende al resto del país, ya que la violencia hacia las mujeres cobra anualmente cientos de vidas en todo el territorio nacional, en lo que ha sido descrito por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una problemática con dimensiones de pandemia.

Publicado el 24 de junio de 2013