Perú vive un proceso de desestabilización permanente, de gobernabilidad imposible, al punto que Dina Boluarte es la sexta presidenta en apenas cinco años. Más allá de este dato, lo cierto es que la volatilidad de la política peruana se ha convertido en un rasgo estructural, imposible de ocultar pero que no obedece sólo a la crisis de los partidos políticos, a la creciente corrupción anidada en el sistema y a la debilidad de las instituciones estatales, sino también a otros factores que me parece necesario explorar.

El filósofo Alessandro Caviglia publica en La Mula un interesante análisis de la caída de Castillo, en el que señala: “El Congreso tiene una composición muy particular: su núcleo más poderoso e influyente está compuesto por agentes que tienen las siguientes características. Se trata de líderes políticos regionales que expresan los intereses de una burguesía informal y adversa al sistema legal. Esto se debe a que los políticos nacionales no tienen las bases suficientes y se han convertido en un paraguas para que líderes con intereses económicos regionales puedan llegar al centro del poder” (https://bit.ly/3hhYMlr).

Una extensa entrevista que realicé a Rocío Silva Santisteban, ex congresista y militante de izquierda y por los derechos humanos, abunda en la misma idea: la existencia de una burguesía emergente que anclada en la economía ilegal, muchas veces ligada al narcotráfico, y que tiene sus representantes en todos los partidos, desde la extrema derecha hasta las huestes del depuesto Pedro Castillo.

Este sector neo-burgués rechaza las reglas legales pero se incrusta en el aparato de poder, porque necesita contar con un paraguas protector para sus negocios e intereses.

Aunque se han realizado múltiples estudios sobre los modos del narcotráfico, estas economías ilegales tienen hoy en Perú y en buena parte de la región un amplio desarrollo, al punto que pueden llegar a ser hegemónicas en las economías nacionales.

El medio peruano Ojo Público realizó una investigación sobre la ruta clandestina de mercurio entre Perú y Bolivia para abastecer a la minería ilegal en este país. La conclusión es que “el 27% de todo el mercurio importado se destina a la minería ilegal”, comercio que sigue la ruta amazónica desde Puerto Maldonado hasta el lago Titicaca y La Paz. La mitad de las 1.100 toneladas de mercurio que llegaron a Bolivia entre 2014 y 2022 proceden de México, exportado por empresarios mexicanos con intermediarios peruanos, en pequeños y medianos envases (https://bit.ly/3UPEXPW).

Las regiones amazónicas de Perú y Bolivia son las principales productoras de oro. En el caso boliviano, el 94% de la producción aurífera está en manos de las cooperativas mineras, que fueron beneficiadas por los gobiernos del MAS con impuestos muy bajos, que rondan el 2,2% del valor producido. En el departamento de La Paz, principal productor de oro, en 2010 había 459 cooperativas mineras de oro, cifra que se eleva hasta más de 1.300 en 2020, con 130 mil trabajadores sin derechos laborales (https://bit.ly/3BqYZd1).

Como han analizado varios especialistas, en particular Alfredo Zaconeta del Cedla de La Paz, en la sesión 108ª de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz en noviembre pasado, detrás de estas cooperativas están empresas chinas que exportan ilegalmente oro. “Rastrear a estas mineras fantasma es una tarea casi imposible. Se sospecha que sus capitales están ligados a otras actividades ilícitas, como el narcotráfico. No están registradas en el país, sus transacciones se hacen en efectivo, sin dejar huellas en el sistema financiero, y su oro se vende en el mercado negro boliviano para sacarlo hacia el extranjero” (https://bit.ly/3BqYZd1)..

Para dar una idea de la importancia de las cooperativas mineras y del oro ilegal, los datos oficiales apuntan que en 2021 se exportaron por 2.534 millones de dólares, lo que equivale a la impresionante cifra del 25% de las exportaciones totales del país. Un puñado de grandes cooperativas con cientos de trabajadores, controlan la producción, y sus directivos tienen ganancias 40 veces superiores a los trabajadores de las supuestas “cooperativas”.

En Perú, Cooper Acción ha trabajado la cuestión de las economías informales e ilegales, luego del incendio de un campamento de la minera Southern en Apurímac a manos de un grupo de mineros informales que se saldó con 14 muertos y de una confrontación armada entre la policía con mineros informales en la zona de Palpa, en Ica. “La expansión de la minería informal e ilegal es parte del crecimiento de las economías ilegales en el Perú, compuesta también por la tala ilegal de madera, el tráfico de terrenos, así como del narcotráfico. Estos ilícitos adquieren cada vez más poder y capacidad de intimidación mediante el uso de la violencia armada” (https://bit.ly/3BsnNBi).

El investigador Luis Gárate sostiene en el citado artículo que Perú parece encaminarse hacia un “Estado fallido”, porque “está siendo capturado desde los niveles locales por bandas criminales y por representantes de las economías ilegales, como la minería informal. Asimismo, porque las Fuerzas Armadas y la Policía, así como otras agencias estatales, parecen no tener la capacidad de ejercer un control efectivo, dejando cada vez más “territorios liberados” por los criminales”.

Según el libro “La minería no formal en Perú”, sólo la minería ilegal e informal en 2017 abarcaba 25 millones de hectáreas y estaba presente en todo el país, siendo su mayor explotación la aurífera. En algunas regiones se registra una intensa confrontación entre movimientos populares, como las rondas campesinas, contra la minería formal, pero conviven con la informal. “Hay casos en los que se comprueba la asociación de diversos actores de las economías ilegales. El narcotráfico, el contrabando, y la comercialización y producción de oro ilegal comparten los mismos escenarios complejos y, posiblemente, los mismos canales logísticos para traficar sus productos”, sostiene el mencionado trabajo (p. 19).

En 2012, las exportaciones de la minería ilegal en Perú sumaron 1.800 millones de dólares, superando ampliamente al narcotráfico. En 2019, el 30% de la producción de oro es informal o ilegal, pero se trata de cifras oficiales y es probable que la realidad sea superior. Sin embargo, tanto Colombia como Venezuela y Ecuador son los países que marchan a la cabeza en exportaciones ilegales de oro, alcanzando hasta el 80 y el 90% del total del sector.

Más allá de este conjunto de datos, la actividad de las “burguesías emergentes” (como las denomina Carlos Arce del Cedla) provoca daños ambientales graves, violencia contra comunidades indígenas, crímenes y corrupción. En el terreno político, provocan enorme inestabilidad y desgobierno en las áreas que no controlan y se van incrustando cada vez más en las instituciones estatales.

Creo que necesitamos comprender más a fondo estos fenómenos. Por un lado, no idealizar a la burguesía tradicional de grandes empresas y capital financiero, ya que está operando de modos cada vez más cercanos a los del narco y la burguesía emergente, aunque sus negocios sean “legales”. Por otro, porque es el modo como funciona el capitalismo en este período de crisis sistémica: el capital llegó al mundo “chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza” (Marx), y esta será su principal característica durante su ocaso como sistema.