El 4 de marzo fue encontrado muerto el cacique Merong con signos de estrangulamiento. Fue integrante de la recuperación de tierras Kamaka Mongoió en Brumadinho, en la región metropolitana de Belo Horizonte, en Minas Gerais. Esa recuperación está enfrentada a la multinacional Vale do Rio Doce, que prohibió que el cacique fuera enterrado en la tierra recuperada. La minera Vale es responsable de la muerte de 272 personas, cuando un dique con aguas residuales de la mina Córrego de Feijão se derrumbó y derramó barro téxico que enterró el pueblo.

Merong pertenecía al pueblo Pataxó-hã-hã-hãe, originario del sur del estado de Bahía (noreste), pueblo que sufrió el 21 de enero el asesinato de la lideresa María de Fátima Muniz de Andrade, Nega Pataxó (https://desinformemonos.org/justicia-para-el-pueblo-pataxo-ha-ha-hae).

Nega fue la 31ª indígena asesinada desde 2012 en ese territorio. Los crímenes presentan el mismo patrón, aunque el de Merong pretende ser disimulado como suicidio. Sus responsables son miembros del grupo “Invasão Zero”, creado en marzo de 2023 por terratenientes del estado de Bahia para revertir o impedir ocupaciones de tierras de pueblos originarios y de campesinos sin tierra agrupados en el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra).

“Invasão Zero” es un grupo paramilitar rural que se formó ante la ocupación de la hacienda Ouro Verde en Santa Luzia, interior de Bahia. Se organizan a través de grupos de WhatsApp, consiguieron el apoyo de cinco mil ruralistas e inspiraron grupos similares en por lo menos nueve estados, además de la creación de un Frente Parlamentario con el mismo nombre en el Congreso en cuyo lanzamiento participó Jair Bolsonaro.

Según el periódico Brasil de Fato, «Invasão Zero» tiene incluso un estatuto, cuenta con el apoyo de empresarios y asociaciones del agronegocio, un equipo de periodistas que contribuye a mejorar su imagen y distribuye cartillas entre los hacendados para orientarlos en la “protección de propiedades” (Brasil de Fato, 30 de enero de 2024).

En abril de 2023 miembros de «Invasão Zero», junto con policías militares cercaron a familias del MST en un área destinada a reforma agraria en Bahia. Esto muestra, al igual que cuando asesinaron a Nega Pataxó, que los hacendados y los policías militares trabajan juntos, como suele suceder con todos los grupos paramilitares de Brasil y de América Latina.

El defensor regional de Direchos Humanos de Bahia, Erik Boson, dijo a la revista O Globo que la situación es “caótica” en el sur del estado, por la confrontación entre hacendados y pueblos originarios. “Falta presencia del Estado y demarcación de las tierras indígenas. Hay un completo caos, con ausencia y omisión de los gobiernos estatal y federal” (O Globo, 22 de enero de 2024)

El defensor asegura que la situación no va a cambiar, porque a pesar de las demandas realizadas a las instituciones federales no hay signos de cambios. “Varios territorios indígenas en la región conflictiva, ya tienen el proceso de demarcación finalizado y aguardan la decisión del Ministerio de Justicia que se demora por razones no identificadas, lo que lleva a penar que se trata de razones meramente políticas”, concluye Boson.

Estado ausente y gobiernos cómplices

El gobierno del estado de Bahía está en manos del Partido de los Trabajadores (PT) desde 2007. El gobierno federal está presidido por Lula, también del PT, y la ministra de Pueblos Indígenas es Sonia Guajajara, miembro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que dicen defender a los pueblos originarios. Por eso vale preguntarse: ¿Qué hacen los gobiernos del PT a nivel federal y del estado de Bahia, qué hace el Estado que ellos administran, para evitar estos escandalosos crímenes?

Está muy bien que Lula critique el genocidio en Gaza, pero ¿no debería ocuparse con similar énfasis en enfrentar a los hacendados que crean grupos paramilitares contra los indígenas y los sin tierra?

Llegados a este punto, creo que caben dos grandes opciones. O bien el PT no quiere enfrentarse al agronegocio, que es una parte significativa de la base social de Bolsonaro, por lo que se convierte en cómplice de los paramilitares; o bien no puede, aunque le gustaría ponerle límites al gran capital agrario.

La primera cuestión es recordar que Lula llegó al gobierno aupado por una alianza de centro, en la cual el agronegocio tiene su peso, como lo tuvo durante los anteriores gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. El actual ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, fue vicepresidente de la Asociación de Productores de Soja de Brasil. Contó con el apoyo de personas como el exministro de Agricultura en el gobierno de Dilma Rousseff, Blairo Maggi, el mayor productor individual de soya del mundo, bautizado el “Rey de la Soya”.

Es cierto que el agronegocio apoyó masivamente a Bolsonaro, pero Lula está haciendo todo lo posible por evitar la menor confrontación con el sector. Al punto que lanzó el Plan Zafra 2023/24 que ofrece un 27% más de fondos que el año anterior, un total de 364 billones de reales, en préstamos para grandes, medianos y pequeños productores.

La segunda cuestión es que cualquier gobierno latinoamericano choca hoy con unas instituciones que han sido secuestradas por el capital, desde el gobierno federal hasta los estatales, desde el aparato de justicia hasta la policía y las fuerzas armadas. El periodista Jeferson Miola, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), sostiene en base a las investigaciones de la Policía Federal de Brasil, que en el intento de golpe del 8 de enero de 2023, cuando grupos afines a Bolsonaro ingresaron violentamente al Congreso en Brasilia, existió una clara “implicación institucional de las Fuerzas Armadas con el golpe” (Rebelion, 5 de marzo de 2024).

Agrega que la asonada fue un emprendimiento “estructurado y desarrollado en la jerarquía militar”, que los campamentos de los bolsonaristas fueron financiados por empresarios y contaron “con infraestructura asegurada de las propias áreas”, aunque el Supremo tribunal Federal los consideró “ilegales y criminales”.

Concluye: “El campamento del Cuartel General del Ejército funcionó como logística estratégica de y para las acciones terroristas y golpistas”.

Esto nos dice que no hubo un alto mando, un general o un teniente coronel afines a un golpe para evitar que Lula accediera a la presidencia que debía asumir el 1 de enero de 2023, sino que existió una institución implicada en el golpe. Esto explica las razones por las cuales la Policía Militar trabaja junto a los hacendados conformando comandos paramilitares. Porque son instituciones que forman parte de un Estado colonial/patriarcal al servicio de la acumulación por despojo o robo.

El preso político mapuche Héctor Llaitul, que será juzgado en breve por la justicia el Estado chileno, lo dice de este modo: “Bajo la institucionalidad actual con un Estado capitalista y de naturaleza profundamente colonial siempre prevalecerán las posiciones conservadoras, racistas y los intereses económicos de la oligarquía” (Radio Kurruf, 3 de marzo de 2024).

Si esto es así, ¿con qué objetivo quiere ser gobierno la izquierda? Porque en el hipotético caso de que realmente pretenda hacer cambios (algo que los hechos desmienten, por cierto), no podrá hacerlo porque las instituciones que pretende dirigir no se lo permiten, han sido creadas para otra cosa.