México. La reforma agraria, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto a principios de enero, es la vuelta de tuerca para consumar el despojo de los territorios, coinciden el filósofo Armando Bartra y Alfredo Acedo, vocero de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). La finalidad es terminar el ciclo comenzado con el salinismo y entregar las tierras a las empresas extractivas.

Si bien la reforma no ha sido formulada en definitiva, las políticas y acciones gubernamentales precedentes –no sólo de la administración peñista, sino desde la salinista- permiten perfilar intenciones detrás de los cambios, señalan Acedo y Bartra. El objetivo principal, valoran los entrevistados, es facilitar la privatización o el despojo de la tierra, que inició en 1993 con la reforma al artículo 27 constitucional.

“Me temo que lo que veremos es una nueva ofensiva sobre la propiedad social de la tierra, que en México sigue siendo una  de las más extensas en América Latina, pese a las reformas agrarias”, señala Bartra. “Eso sigue siendo un dolor de cabeza para los que quieren ver al país en manos de las corporaciones transnacionales”.

Acedo insiste en que la futura reforma agraria es parte del mismo círculo que las modificaciones al artículo 27 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–que trajo aparejadas leyes como la de semillas, la de bioseguridad y la de variedades vegetales, que quedó pendiente de su aprobación total.

 “Calderón lo dejó definido en la víspera de su retiro: es una ley que dará el tiro de gracia al ejido “, señala el vocero de la UNORCA, lo que además complementa a otras reformas ya aprobadas por el gobierno peñista, particularmente la energética y la entrega de los litorales a particulares. “Buena parte de los recursos que quieren manejar las transnacionales están dentro de propiedades comunales y ejidales. Calculo que más de la mita del litoral, por ejemplo, y otro tanto con los nuevos campos de petróleo y gas natural”.

“Se trata de facilitar las cosas para el despojo, que las transnacionales se hagan de los territorios y no tengan obstáculos para la explotación”; resume Acedo.

Tenencia de la tierra y despojo

El centro de la reforma peñista, como advierten los entrevistados, estará en cambiar la tenencia de la tierra. “Los gobiernos del PRI (Partido Revolucionario Institucional), desde el de Carlos Salinas, plantearon una reforma a la constitución que eliminaba el artículo 27 constitucional, en el que está plasmado el derecho de los campesinos a la tierra y el carácter definitivamente imprescriptible de la tenencia social, básicamente el ejido y la comunidad agraria”, describe Bartra, autor de Hambre. Carnaval. Dos miradas a la crisis de la modernidad.

La reforma al 27 inició un proceso de titulación que no condujo al esperado y significativo cambio de manos de las tierras de propiedad social, señala Armando Bartra. Acedo agrega que más del 60 por ciento de la tierra sigue en esta modalidad, si bien datos de la UNORCA advierten que hasta el 90 por ciento de esta porción se renta a grandes propietarios.

La ofensiva de la reforma agraria no es necesariamente contra las tierras agrícolas, advierte Bartra, sino sobre los recursos del subsuelo sobre el cual se asientan los ejidos. Acedo coincide: “El pleito es por el territorio, y son las transnacionales las que están detrás. Es parte de la agenda del TLC y de la presión derivada de la reforma energética”.

La propiedad social y los auténticos pequeños propietarios permanecen como un obstáculo para los priistas, quienes intentarán nuevamente eliminarlos, advierte Bartra.  “Esto es una incomodidad muy grande cuando se está concediendo el país a empresas transnacionales, muy particularmente a las mineras, pero no únicamente a ellas”, detalla el estudioso, y apunta al incremento de conflictos en zonas rurales por la instalación de minas, presas, carreteras, turismo invasivo e urbanizaciones irregulares.

 “Se trata de abrir el candado, pues aún con la reforma anterior, quedó como condición que para poder vender una fracción de ejido tiene que existir la aprobación de la asamblea ejidal, no basta con que lo quiera hacer una persona en particular”, explica el integrante de la UNORCA, y agrega que se busca quitar esa traba para abrirse a la completa privatización del ejido y las tierras comunitarias.  “Vamos a ver un impulso, aceleración y simplificación de los trámites para que los ejidos y las comunidades, que siguen siendo propiedad social, pasen a manos privadas o puedan ser expropiadas con más facilidad”, vaticina Bartra, y recuerda que hay una ley de expropiación que busca facilitarla cuando hay interés de una minera.

Otro candado que intentarán abrir con la reforma, predice Acedo, es el de la bioseguridad, pues se pretende invadir el campo con cultivos transgénicos comerciales (hasta 10 millones de hectáreas, principalmente en el norte del país).

Soberanía Alimentaria

Cuando el presidente Peña Nieto lanzó el anuncio de la reforma, justo en el 99 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915 y en medio de militantes de la oficialista Confederación Nacional Campesina (CNC), mencionó la competitividad y la seguridad alimentaria como ejes. La soberanía alimentaria es un problema grave que el gobierno no ha abordado más que a nivel declarativo, precisa Bartra.

“Lo que tuvimos al inicio del sexenio fue el planteamiento de un programa clientelar, la Cruzada Contra el Hambre, que no tiene recursos adicionales y que renueva las clientelas construidas desde hace muchos años”, relata el autor de La Utopía Posible, pero la soberanía alimentaria no está presente en las políticas que se aplican, complementa.

Acedo explica que el concepto que maneja el gobierno en la reforma es seguridad alimentaria, cuyo centro es tener alimentos disponibles. La preocupación no es porque la gente tenga o no los recursos para adquirirlos, y la disponibilidad se hace a través de las importaciones, detalla, pues lo que importa es que los alimentos “estén”. En contraste, la UNORCA maneja la idea de soberanía alimentaria, más relacionada con la producción local, la autosuficiencia y la agroecología, agrega el vocero.

En cuanto a la productividad, el filósofo es claro: El campo no es prioridad para este gobierno. “La visión cortoplacista, inmediatista y de rentabilidad lo ve más por el lado de la minería, el turismo y no tanto de la agricultura. No creo que vayan a llevar lejos este concepto de competitividad. Si acaso canalizarán más recursos públicos, cosa que ya se hace”. Alianza para el Campo y los programas más importante del gobierno, aparte del Procampo, son regresivos, explica. “La mayor parte del recurso se destina al sector minoritario que de por sí es privilegiado: los agricultores con más dinero y mejores tierras”.

Por tanto, la apuesta por la productividad del gobierno es en el peor de los sentidos, pues estimulará a quienes de por sí el mercado estimula y premiará a los de por sí premiados, explica Bartra, además de paquetes tecnológicos intensivos, que aumentan productividad pero también los costos y que no tienen ningún caso en suelos distintos a las planicies del norte.

“Lo que habría que hacer es impulsar y desarrollar una producción agropecuaria diversificada, que incluya de manera significativa la producción campesina”. Esto implicaría, explica el analista, apostar por las tierras y los productores del sur y sureste de México, pero no advierte signos de que esto vaya a suceder.

Las consecuencias y las resistencias

Al ser la reforma una profundización de las políticas ya aplicadas, se espera también una agudización de sus consecuencias, como la migración de campesinos y el aumento de pobreza, señala Acedo.

Bartra precisa que los migrantes no lo son precisamente porque les quiten la tierra, sino porque les quitaron las esperanzas y la posibilidad de tener un futuro mejor: “La migración se seguirá planteando, independientemente de los programas de tenencia de la tierra por cuanto no hay en el campo una expectativa de vida que pueda generar ilusión en los jóvenes que viven ahí”.

“Cuando los padres no tienen hijos interesados en continuar el proyecto agrícola, la probabilidad de que estas tierras se vendan, se cedan o queden incultas aumenta. Las dos cosas se asocian: los campesinos pierden la tierra, pierden potencial productivo, pierden esperanza, los jóvenes se van, el tejido social se debilita y las tierras se pierden más fácilmente. Agregue a esto, que no es problema menor, el problema de la inseguridad, la terrible, terrible violencia en el campo” causada por el narco, detalla el analista.

El problema de defender la tierra se complica cuando no se puede defender como un lugar de futuro, sueños y esperanza, considera el filósofo, pero en los últimos 15 años hay una intensificación de la defensa de la tierra contra todos los proyectos que afectan el territorio. “Es notable que en un país donde no hay esperanza para la población del campo, ésta lo defienda -aun arriesgando la vida- contra una empresa que arrasará con pueblos con los que la economía ya arrasó”. Esta aparente contradicción se debe, valora, a que los pobladores no pueden renunciar a su pasado y a su pueblo, independientemente de que no se quieran pasar la vida “rascando en una parcelita donde no les irá tan bien”.

“La gente, cuando siente que va a perder algo por completo, lo va a defender. Y si se impulsa una reforma que facilite la privatización de las tierras que son de propiedad social, habrá resistencia en proporción mayor que la presión real que hay por cultivar bien, vivir de y generar proyectos hacia la agricultura mexicana. Defenderemos los bosques, la tierra social, los pueblos, cerros, ríos, lagos, aun cuando nos hayan quitado la esperanza de desarrollar una actividad agrícola digna y con calidad de vida”, finaliza.

2 de febrero de 2014