México. La liberación de Israel Arzate, acusado de participar en el homicidio de 17 estudiantes en 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, “es un paso hacia la verdadera justicia, aunque suene difícil”, señala Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). El joven juarense, después de casi cuatro años de prisión, señala que está “tranquilo y a gusto”, esperando el texto completo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia de ordenó su liberación porque su declaración fue obtenida bajo tortura.

El 31 de enero de 2010, hombres armados irrumpieron en una fiesta de jóvenes que se celebró en el fraccionamiento Villas de Salvarcar, en la fronteriza Ciudad Juárez. Dispararon a los más de 60 asistentes y asesinaron a 17 de ellos. El presidente de la República en ese momento, Felipe Calderón, así como autoridades estatales y municipales, aseguraron que fue un ajuste de cuentas entre pandillas.

Tras las críticas recibidas, las autoridades recularon y aprehendieron a los supuestos asesinos: José Dolores Chavarría, Juan Antonio Soto Arias, Heriberto Martínez, Alfredo Fabio Hernández Lozano e Israel Arzate Meléndez. La defensa de éste último, compuesta por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la Red Mesa de Mujeres y el Centro de Apoyo a Migrantes, logró demostrar que la declaración que los militares le arrancaron fue bajo tortura, lo que condujo a su liberación el 6 de noviembre de 2013.

Arzate asegura que ésa es la manera de funcionar de las autoridades del estado de Chihuahua. “A mí no se me declaró culpable ante un juez, ni nada. Me acaban de reconocer que soy inocente, pero en Ciudad Juárez nos criminalizan en los medios de comunicación. Es su manera de hacerle ver a la ciudadanía que uno es criminal, sin antes ser juzgado ni nada, y echarte a la gente encima”, denuncia.

Las autoridades estatales y los familiares de los jóvenes asesinados reaccionaron a la libertad de Arzate asegurando que es culpable, acusando al centro Prodh de defender criminales y señalando que puede haber quien tome la justicia por su propia mano. La Fiscalía del estado aseguró que la SCJN no juzgó sobre la inocencia de Arzate, y que cuentan con elementos para juzgarlo nuevamente. “No. Israel es inocente y nadie ha demostrado que es culpable. Esa es la lógica”, rebate el abogado.

“La Fiscalía está engañando. No tiene pruebas, y es ilógico lo que dice. Durante los cuatro años que me tuvieron no las presentaron, ni en la audiencia de la Corte. Lo que ellos hacen es litigar en los medios”, responde Arzate. El abogado Díaz Fernández coincide y precisa que la única prueba contra su defendido es la acusación arrancada bajo tortura. Lo que sucede, valora el litigante, es que el gobierno no quiere recular en el engaño que sostuvo durante el proceso contra Arzate.

La decisión de la Suprema Corte es histórica, pues es de las primeras sentencias que sí revierten una vinculación a proceso o auto de formal prisión, basados en violaciones graves a los derechos humanos, explica el abogado Díaz, que puntualiza que falta que salga el texto completo de la sentencia, para saber qué pasos siguen. “Esperemos que la resolución completa considere que los actos no son solamente violatorios a sus derechos humanos, sino que envician totalmente el proceso”, indica el defensor.

“Mi madre está muy contenta, feliz de que estamos a un paso de ser libres otra vez”, pues aún esperan la resolución del delito de posesión de vehículo robado, por el que lo detuvieron en primera instancia, explica Arzate.

La gran pregunta es qué pasó con las otras líneas de investigación de la masacre, cuestiona el abogado. “El gobierno del estado tiene en Israel Arzate toda la justificación y toda la canalización del coraje de los familiares –un coraje justo, una demanda comprensible y un dolor irreparable, pero lo hace a través de engaños para irse contra él”, denuncia.

Las víctimas de la guerra

El caso de Israel Arzate “se dio en el contexto de la guerra contra el crimen organizado del gobierno federal anterior”, recuerda el abogado, en el que se comprobaron abusos militares en el desempeño de funciones de seguridad pública. “Después de un crimen tan atroz, y con el afán de dar una buena imagen a la sociedad y justificar su trabajo, empiezan a detener a gente inocente, como Israel, y la acusan a través de tortura y testigos falsos”.

La masacre de Villas de Salvarcar es un caso ejemplificador “del gobierno anterior y de la guerra contra el narco. En una ciudad donde han perecido y perecen muchas personas por esta violencia estructural y física, el caso indignó no solamente a la población juarense sino a todo el país. Cuando el gobierno comete el error de criminalizar a los jóvenes, y luego viene el cambio de gobierno, lo toman como bandera, es decir, vamos a hacer el discurso más acorde a las peticiones de los familiares, pero con base en mentiras”, explica Andrés Díaz.

Después de examinar a profundidad el expediente, una vez recibida la solicitud de intervención, el centro de derechos humanos se convenció de que Arzate es inocente y tomó parte en la defensa.  “El Prodh vio en Israel un caso en el que se ejemplifica esta represión estatal a través de la tortura y el uso del derecho para justificar una investigación que no se dio a cabalidad”, indica el abogado.

“¿Cómo creer en un fiscalía que no ha sido capaz de  cumplir con los feminicidios? ¿Cómo se puede creer en un gobierno que comprobadamente miente? En este caso, no fue la excepción”, indica el defensor.

No solamente las organizaciones de derechos humanos mexicanas, sino también internacionales –como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Wola– comprobaron la tortura cometida contra Arzate, y que con base en ella lo encarcelaron. Aunque la tortura se sigue de oficio, Arzate no confía en que se vaya a hacer alguna consignación, y tampoco piensa en pedir una reparación del daño.

Arzate recuenta que “fueron cuatro años de estar batallando con jueces, abogados y ministerios públicos, y yo no sé al rato que se pueda hacer, si una auditoría a ellos, porque la verdad son una basura, todos se prestan para fines del gobierno”.

“El caso fue paradigmático tanto por la atrocidad y la violencia, como por la nula capacidad de investigación y de prevenirlo. Y ultimadamente también porque se ha visto que en el caso reside un patrón generalizado de tortura que se sigue dando; y que ante un nuevo sistema de justicia penal en Chihuahua, se siguen dando estas prácticas. Hay mucho que aprender de este caso. Y el gobierno debe aprender que no se pueden violar derechos para garantizar otros”, abunda el defensor.

“Se está demostrando todas las irregularidades que existen en el gobierno no de hoy, sino de siempre. Toda la gente sabe que al caso de Villas de Salvarcar le pusieron atención porque la gente empezó a salir en los medios; si no, ni en cuenta. Pasó después otra masacre en Juárez, la de Horizontes del Sur, y ahí los familiares no hicieron nada y no se detuvo a nadie”, recuenta Arzate.

Díaz Fernández recuerda que el Prodh tiene 25 años de existencia defendiendo casos de personas injustamente presas, como las hñahñú Jacinta Francisco y Alberta Alcántara, el mazahua Hugo Sánchez, y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, además de participar en la reclamación de justicia en el caso de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco en 2006 y el incendio de la guardería ABC.

“El Prodh defiende a personas inocentes, y afirmamos categóricamente, con base en las pruebas obtenidas, que Israel Arzate lo es”, sentencia el abogado.

El centro de derechos humanos, afirma el abogado, seguirá su trabajo. “Estamos totalmente de acuerdo con los familiares en la búsqueda de justicia, pero no a costa de un inocente”.

Las víctimas

El defensor del Prodh señala que el centro de derechos humanos siempre manifestó su respeto por las familias, y añade que aunque la liberación de Arzate es un paso hacia la verdadera justicia, es difícil que los familiares lo vean de ese modo, “pues hay un gobierno que les ha mentido y les dice que tiene pruebas”.

El defensor insiste en que el gobierno no cuenta con las pruebas que alega en los medios, como el señalamiento de una sobreviviente. Andrés Díaz explica que se trata de una joven con 80 por ciento de daño cerebral, que nunca señaló directamente a Israel Arzate en el juicio, que no se refiere a él en testimonios anteriores y que supone que fue aleccionada para hablar así. Israel Arzate agrega que “ella afirmó que yo disparé y que dije que era mi trabajo. Lo mismo dijo de Arroyo Chavarría. En el juicio ella misma declaró que no se acordaba de nada. Ahí se mira que la Fiscalía la está utilizando para sus fines”. El joven abunda que la chica declaró a un medio local que la fiscalía incumplió en lo que le prometieron darle por ir al juicio.

Las declaraciones de los familiares contra Israel Arzate y sus defensores tienen como raíz el dolor, valora el abogado. “Buscan respuestas. El responsable de darlas es el Estado, pero las da con base en mentiras y con un discurso complaciente con las víctimas, sin que lo adviertan los familiares. Señalan a Israel e incitan a las familias”.

El gobierno “está alborotando para que busquen justicia por propia mano, pero yo no tengo miedo porque no le debo nada a nadie”, indica Arzate.

El abogado Díaz reconoce que les duelen los señalamientos hechos por los familiares, pues el Prodh se solidariza con el dolor.  Llama a que se recuerde que al principio de los hechos, el gobierno culpó y criminalizó a los jóvenes, y luego lo hizo con Israel Arzate, sin hacer una investigación real. “A sus hijos los acusaron de pandilleros, y se demostró que no lo eran. A mí también me acusaron de criminal, y ya se está demostrando que no soy lo que dicen”, agrega Arzate.

Arzate no solamente perdió casi cuatro años de libertad. “Perdí mi trabajo y me separé de mi esposa. Prácticamente perdí todo. Nada más me quedaron mis hermanos, mi madre y los grupos que me han apoyado. También gané mucho, fortaleza, ser una persona mejor y a esas personas que son ahora parte de mi familia”.

“Nosotros no nos vamos a quejar de los familiares. Entendemos su dolor, y creemos que esto es un conflicto que está creando el propio gobierno de Chihuahua”, manifiesta el defensor.

“Queremos dejar claro, desde el Prodh, que somos del pueblo y estamos con la sociedad. No somos del gobierno ni nos paga ningún crimen organizado, como dijeron; no defendemos delincuentes, sino personas inocentes. Se está haciendo un clima de criminalización en contra de Israel ante la falta de respuestas y ante la necesidad de complacer a los familiares de las víctimas”, afirma Díaz. “Es a través de estas luchas en las que podemos seguir rescatando a personas de un sistema corrupto”.

Camino a la justicia

En este caso, valora el abogado, se ejemplifica un autoritarismo estatal, se intenta controlar a la sociedad mediante medios de comunicación favorables y se responde a la necesidad de justicia mediante la tortura. “También hay una sociedad juarense dolida, que cuestiona las labores de justicia federal y local. Entonces es a través de la información en que podemos explicar qué nos llevó a tomar este caso para que la gente contraste”, afirma.

El abogado aclara que no se trató de una liberación por cuestiones de debido proceso, sino por violaciones graves a los derechos humanos, y “nos preocupa el hostigamiento del estado y la incitación que está haciendo a los familiares, con quienes siempre estaremos exigiendo justicia. Esta justicia para Israel es también justicia para ellos”.

Publicado el 18 de noviembre del 2013