México D.F. El 30 de agosto se celebró el Día Internacional de Desaparecido. Ese día decenas de madres de personas desaparecidas en la norteña ciudad de Torreón, hicieron una manifestación: bordaron los nombres de sus hijos e hijas y los llamaron en voz alta por su nombre, como aquellas madres que acaban de perder a sus hijos en un supermercado. A casi seis años de la guerra calderonista, lo único que queda a las madres es la protesta. En los meses que restan a 2012, las organizaciones de familiares con personas desaparecidas se aprestan a despedir al actual presidente de México con un recuento puntual de agravios, cual si fuera un informe del Estado que guarda la Nación, como lo dispone el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En diciembre de 2006, tras el inicio del operativo Conjunto Michoacán, en lo que muy bien puede llamarse el segundo gran error de diciembre (el primero se dio con la decisión de devaluar el peso, por parte del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en diciembre de 1994), el actual presidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa inauguró uno de los más dolorosos episodios en la historia de la Nación: la guerra contra la delincuencia organizada.
A mediados de agosto, el periódico “Le Monde Diplomatic” declaró que México atraviesa por el conflicto más mortífero del mundo en la actualidad. Basta tomar algunos ejemplos de la emergencia humanitaria para corroborar lo anterior.
Breve recuento de desapariciones por año.
El 19 de diciembre de 2008, Dan Jeremeel de 34 años ya no pasó por su pequeña hija a la casa de una amiguita, y tampoco pasó por Yolanda, su madre, a la terminal de autobuses. Yolanda, inició una pesadilla que no termina en la que están involucrados militares mexicanos convertidos en secuestradores. Cuando éstos fueron detenidos el 4 de enero de 2009, un comando ingresó a la cárcel de Torreón, los ejecutó e incineró a los pocos minutos de su internamiento de modo que no quedare huella de los desaparecedores, ni del desaparecido.
2009 fue un año funesto: En enero de 2009, desapareció José Antonio, un joven empleado de la empresa ICA, en Monclova, Coahuila, previamente interceptado por policías municipales. Entre el 21 y 22 de marzo de ese año desaparecieron en Piedras Negras un equipo de doce vendedores de pintura, originarios la mayoría del Estado de México. Todos ellos eran los pilares económicos de sus familias. Desde entonces no se sabe nada de ellos, ni de los vehículos en que se transportaban ni de la mercancía. En la segunda semana de abril desaparecieron 24 transportistas en uno de los eventos más intrigantes de desaparición. Dado su actividad, sus familias no vieron extraño que durante dos semanas no supieran nada de ellos, pero pasado un mes poco a poco confluyeron en su búsqueda, en esta suerte de Triángulo de las Bermudas en que se ha convertido el país entero. Ninguno de los familiares de estos trabajadores de una empresa de transporte sabe absolutamente nada de lo sucedido.
El baño de sangre de 2010 no es por una revuelta independentista o revolucionaria, sino por lo que ya para ese año empezó a ser señalado como un fratricidio deliberado, sistemático y del que ninguna autoridad da cuenta de la justicia ni de la verdad, que son precisamente dos derechos tutelados por el sistema internacional y regional de derechos humanos.
El 27 de marzo de 2010, Ángel y cuatro de sus amigos se reunieron en Saltillo y cometieron el “grave error” de ir a comprar cervezas a tres calles de su casa. Un comando armado dio cuenta de ellos y hasta la fecha nada se sabe de su paradero. Cirilo, con sus 26 años de edad y un amigo, desaparecieron de un hotel de Piedras Negras, Coahuila, cuando descansaban de su jornada como operadores de antenas de comunicación. Alcanzaron a decir por chat que estaban bien, en el hotel. En agosto de 2010 aconteció la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que puso a México en evidencia y en vergüenza ante la comunidad internacional. Posteriormente, en ese sitio hallaron fosas clandestinas con cientos de cuerpos, probablemente migrantes en su mayoría.
Leyendo lo anterior se puede decir que 2010 debería ser recordado como el año de la implosión social.
En 2011 la información se centró en las personas migrantes. Las noticias que tenemos hablan de fosas con cientos de cuerpos de migrantes en las zonas fronterizas del sur del país. Tapachula, Chiapas, se ha revelado como un enorme camposanto clandestino de migrantes. El 21 de marzo de ese año 22 migrantes mexicanos originarios de San Luis de La Paz, Guanajuato, vieron por última vez a sus familiares que acudieron a despedirles. Diez días después, las familias pudieron ver desde sus televisores la noticia del rescate de 60 migrantes, por parte de la Policía Federal. Saltaron de sus asientos cuando lograron identificar a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, dados por desaparecidos. Tras el rescate, volvieron a desaparecer y hasta el momento la Procuraduría General de la República no ha podido explicar qué pasó con las personas rescatadas por la Policía Federal.
José Martín y cuatro compañeros más tienen al menos tres cosas en común: son sordos, viven de la venta de estampitas y están desaparecidos. Originarios del centro del país, el 23 de febrero de 2012 vendían sus manufacturas en el crucero del bulevar República y la avenida Román Cepeda, en la fronteriza ciudad de Piedras Negras, Coahuila. A pesar de que la autoridad les había negado un permiso de venta en vía pública, aprovechaban los semáforos en rojo de ese concurrido crucero. Vendían de todo: plumas, imágenes religiosas, calendarios, entre otras cosas. Antonio, también sordo que ese día decidió no acudir, fue el primero en notar la ausencia. Al buscarlos, supo que un comando armado a bordo de una camioneta los había “levantado”. Supo que el comando había sorprendido a tres de los sordos y que un par había logrado esconderse en un OXXO en donde esperaron alrededor de media hora. Cuando salieron, fueron capturados y todos están desaparecidos desde entonces.
Estos son algunos casos de las miles de denuncias sobre las desapariciones, como las familias decidieron llamarlas, en lugar de referirlas como “levantones.” La autoridad nombra a las desapariciones con eufemismos: extraviados y ausentes.
La desaparición forzada: colusión entre autoridades y criminales.
Existe un fenómeno extremadamente grave, incluso más allá de los relatos referidos y que permiten dibujar la verdadera dimensión de las desapariciones. Se trata del caso de las desapariciones forzadas, que son aquellas que pueden ser atribuidas a agentes del Estado. Las desapariciones forzadas implican una muy grave violación a derechos humanos y vistas en conjunto delinean la hipótesis de una confabulación generalizada: en ocasiones las fuerzas armadas y policiales ejecutan directamente las desapariciones.
Se advierte que la colusión generalizada entre la delincuencia generalizada y policías, está directa y proporcionalmente relacionada con las desapariciones. Tal es el caso de ocho cazadores desaparecidos el 6 de diciembre de 2010. Ellos fueron privados de la libertad en un retén de policías municipales que los puso a disposición no del agente del Ministerio Público, sino de las autoridades de facto de la región, en este caso el cacicazgo del grupo de narcotraficantes conocidos como “los zetas”, que gobierna en Zacatecas.
El 21 de febrero de 2007 inicia la historia para Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila -FUNDEC, después FUNDEM al abarcar a familias que buscan desaparecidos en varias entidades del país- tras la desaparición de Daniel junto con dos personas más, en la ciudad de Saltillo, la capital del norteño Estado de Coahuila. Desde entonces, Diana, su madre ha emprendido una dolorosa búsqueda tanto de su hijo, como de la justicia. Podemos identificar esta desaparición como una de las primeras documentadas de lo que vendría enseguida. A septiembre de 2012, FUNDEC cuenta 258 casos documentados de desaparición en Coahuila.
En el caso de Dan Jeremeel, un Teniente del ejército fue detenido cuando manejaba el coche del desaparecido y confesó el secuestro de un prominente empresario, con la complicidad de más oficiales del ejército en múltiples desapariciones con fines secuestro. Este teniente y uno de sus compañeros de armas fueron ejecutados y sus cuerpos reducidos a cenizas, tras su internamiento en la cárcel. En otro caso, Isaías y su amigo desaparecieron el 5 de abril de 2009: tomaban unas cervezas cuando fueron encontrados por un operativo militar en Torreón. Un vecino vio el coche de los desaparecidos y, asomado por su ventana, recibió la amenaza de un militar que aluzó hacia él con una atronante orden: “ya métase”.
Víctor, Hebert y José María desaparecieron el 9 de mayo de 2009 en una gasolinera de Francisco I Madero, municipio de Coahuila. En esa misma gasolinera desaparecieron Oscar, Ezequiel y Octavio Rafael, el 15 de junio de 2009. En ambos eventos están involucradas patrullas con número identificado, correspondientes al municipio de Francisco I Madero. El 8 de julio de 2009 fueron detenidos 35 policías de ese municipio, por evidencias de colusión con la delincuencia organizada.
En el caso de las desapariciones de policías federales, se advierte un patrón que apunta a los comandantes de esa corporación: desaparecen de los hoteles en donde están hospedados y en donde se esperaría que estén relativamente seguros. Pero al menos una decena de casos detectados, dibujan la realidad: sus captores parecen tener la aquiescencia de los mandos policiales directamente responsables, quienes los entregan a modo de sacrificio, para saciar deudas o compromisos entre las partes coludidas. A cambio reciben agentes para sicariato forzado, con entrenamiento militar altamente sofisticado en el manejo de armas de alto poder y tácticas militares.
La lista de casos se vuelve nauseabunda. Representa la ausencia de respuestas para preguntas básicas: ¿Por qué se da el fenómeno de las desapariciones? ¿Quién lo hace? ¿Para qué? ¿Por qué en ningún caso el Ministerio Público no investiga? ¿El sistema de inteligencia del Estado mexicano, tiene respuesta a estas preguntas? ¿Lo saben y nada hacen?
La organización de la sociedad: FUNDEM.
Todos los casos de FUNDEM son de personas desligadas de las actividades de la delincuencia organizada. Se trata de una inmensa mayoría de hombres, generalmente jóvenes, trabajadores de distintas ramas, todos en edad productiva. Las desapariciones referidas muestran un botón de un fenómeno generalizado de desapariciones como en la conducta del Estado. La Comisión nacional de derechos humanos (CNDH) refirió 16,800 en mayo de 2012. A la fecha no conocemos un caso resuelto. No hay justicia, ni verdad, ni paradero del desaparecido. Al grado de descuido, de insensibilidad y de abierta asociación con la delincuencia organizada, ha correspondido la organización de las familias de los desaparecidos, así como de las personas ejecutadas.
FUNDEM se convirtió en un interlocutor directo, sin ambages, para demandar: búsqueda inmediata, conformación de un registro nacional de desaparecidos, atracción federal de todos los casos, creación de una subprocuraduría especial, implementación de un plan emergente de ayuda a las familias de desaparecidos, así como de un sistema de protocolos de atención y la implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas. El gobierno federal se vio arrinconado por las preguntas y las exigencias de justicia. En los hechos la administración de Felipe Calderón únicamente se dedicó a administrar el dolor y a fingir atención: vivimos una impunidad del 98.5% (según el estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey), y en el caso de las desapariciones es de un 100% absoluto.
FUUNDEC ha mantenido sus demandas sociales y todas han sido desatendidas por el gobierno saliente. Felipe Calderón dijo no al clamor de cambiar la estrategia de su guerra; no a las víctimas; y no la posibilidad de que el Estado mexicano detenga la descomposición que desató tras la declaración de la guerra. El gobierno creó una ficción de subprocuraduría de atención a las víctimas, y termina su gestión con un saldo de cien mil víctimas directas, alrededor de 300mil desplazamientos forzados y con el territorio vuelto un rompecabezas disputado por los cacicazgos narco-políticos. El presidente electo, Enrique Peña Nieto, afirma que no habrá grandes diferencias en la lucha contra la delincuencia organizada.
De acuerdo a las organizaciones, si el Estado mexicano es fallido y su sistema jurídico es incapaz de satisfacer en lo mínimo la necesidad de cientos de miles de personas por la justicia para sus muertos; o de la de cientos de miles de hijos, hijas, esposas, madres y padres, buscando a sus desaparecidos, no queda más que una doble tarea: cambiar el estado de cosas, refundando las propias raíces del Estado, y exigiendo justicia ante las instancias internacionales, mientras forjan condiciones en nuestro lastimada Nación.
Las autoridades invisibilizan.
El último informe de actividades del actual presidente expone su renuencia a reconocer no solo sus errores, sino incluso a reconocer la verdadera cifra dantesca de víctimas, que ronda las cien mil, entre ejecuciones y desapariciones. No es parte de ese informe el historial del horror que viven decenas de miles de familias que buscan a sus desaparecidos en prácticamente todo el territorio nacional. Ahora el Pueblo ensangrentado y dolido por sus muertos y desaparecidos se lo demanda y le imputa responsabilidad.
Una madre que busca a su hijo, nos cuenta una anécdota: Una amiga le dijo: “Ya no sigas buscando, es como buscar una aguja en un pajar”. Otra amiga interrumpió y le dijo: “No seas pendeja, no digas eso; el corazón de una madre es como un imán y no hay aguja que se le resista”.
Entre más imanes seamos, más agujas encontraremos en este inmenso pajar. Juntemos los corazones y busquemos a los desaparecidos y al Estado que también ha desaparecido.
Publicado el 3 de septiembre 2012