México, DF. El control de los trabajadores mediante sindicatos corruptos ha sido uno de los pilares del Estado mexicano, tanto para mantener el control social como para implantar nuevos modelos laborales. Los instrumentos van desde trucos legales hasta la violencia física. El sector servicios es uno de los más afectados por las prácticas contra la libertad sindical. En el Distrito Federal, un sector que lo ejemplifica es el de los trabajadores de las gasolineras. Son alrededor de 12 mil trabajadores repartidos en 350 expendios de gasolina, en los que no solamente trabajan sin sueldo y viven de las propinas, sino que además deben pagar el “derecho de piso” – cien a ciento cincuenta pesos por día por trabajar- , su uniforme y vender un cierto número de aditivos al mes, so pena de tener que pagarlos de su bolsillo si no logran colocarlos. Además, son obligados a firmar hojas en blanco o documentos cobrables.

La paz laboral

El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), asegura en un reporte que en la disputa global por las inversiones, México presume de paz laboral como una ventaja; además de incentivos fiscales y de infraestructura, ofrece contratos a la carta para las empresas, con lo que se les aseguran “bajos salarios, bajas prestaciones, explotación intensiva, largas o discontinuas cargas laborales, contrataciones eventuales y hasta la subcontratación de empleados”.

En México, de acuerdo con una investigación del doctor Alfonso Bouzas, nueve de cada 10 contratos colectivos de trabajo son contratos de protección patronal; es decir, se firman entre el patrón y un sindicato a modo, al que a menudo los trabajadores no conocen. Los falsos líderes sindicales cuentan con decenas de registros sindicales que venden al mejor postor.

Según esta misma investigación, las empresas que en mayor medida presentan este tipo de contratación fraudulenta son las asociadas a la maquiladora y al sector servicios. La acción de los pistoleros suele aparecer cuando los trabajadores se dan cuenta de que tienen un sindicato falso y pretenden organizarse en uno auténtico.

El origen de los pistoleros sindicales

Los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana buscaron desde su nacimiento controlar al movimiento obrero. A través de represión y prebendas, los sindicatos se incorporaron orgánicamente al partido oficial (el actual Partido Revolucionario Institucional, el PRI) y al Estado mexicano. De esta manera, las organizaciones que debían defender los derechos de los trabajadores se volvieron quienes los controlaban y los usaban para, a cambio de votos, obtener todo tipo de beneficios, incluyendo altos puestos en la administración pública.

Para tener este control, las dirigencias sindicales entregaban algunos beneficios a los trabajadores, mientras que por medio del uso de matones y golpeadores aplacaban cualquier intento de organización independiente y se perpetuaban en el poder. Tal es el caso de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) el Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por mencionar a algunas de las organizaciones más poderosas.

Esta dependencia entre sindicatos corporativos y el régimen perduró sin mayores alteraciones hasta la entrada del neoliberalismo, de la mano de Miguel de la Madrid, en 1982.

La adaptación al cambio

Para el cambio en las formas de producir y las relaciones laborales que venían aparejadas con el neoliberalismo, el gobierno contó con el apoyo de las centrales sindicales corporativas. Mencionan los investigadores del CILAS que, además de aceptar “la contención salarial, la liquidación de empresas públicas y el despido de miles de obreros”, las dirigencias sindicales oficialistas echaron mano de “sus viejos métodos sindicales violentos” ante la resistencia que oponían los sindicalistas democráticos.

También, al producirse la alternancia entre los partidos en el poder presidencial en el 2000, los viejos sindicatos corporativos y los golpeadores sindicales encontraron su lugar. Más concretamente, se les puede encontrar en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las instancia donde se dirimen los conflictos laborales. Ahí venden contratos, se alquilan golpeadores, se intimida a abogados y a trabajadores. El fenómeno es de tal magnitud que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en noviembre de 2011, publicó algunas medidas –como la restricción del ingreso a sus instalaciones- para intentar contener la presencia de los golpeadores. Sin embargo, como informa Salvador Arellano, secretario general de un sindicato independiente, estas mafias están coludidas con las autoridades “y hasta conocen a las secretarias”.

Un ejemplo moderno: los trabajadores de las gasolineras

Como menciona Bouzas, el sector servicios es uno de los más afectados por estas prácticas contra la libertad sindical. En el Distrito Federal, como ya se mencionó, un sector que lo ejemplifica es el de los trabajadores de las gasolineras.

El Stracc (Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito Federal) organiza, además de a trabajadores de gasolineras, a trabajadores de limpieza de la Central de Abastos y a meseros. Cuentan con 9 gasolineras sindicalizadas, que agrupan a unos 400 trabajadores. Sin embargo, cada año presentan alrededor de 4 emplazamientos a huelga para sindicalizar, y cada uno que se logra “nos cuesta sangre y sudor”, narra Salvador Arellano, su secretario general.

El Stracc comenzó el proceso de organización en la gasolinera “Autoservicio Belem” en 2007, donde había 30 trabajadores. En 2008 ingresaron la demanda para pedir la titularidad del contrato, pero tardó un año y medio más para que les dieran un recuento porque un sindicato de protección contratado por la empresa contrató a otros sindicatos para que también presentaran expedientes y se retrasara el proceso; mientras tanto, la empresa aprovechó para despedir al total de los trabajadores y sustituirlos. Aunque algunos aceptaron las jugosas liquidaciones, la mitad de la plantilla decidió seguir con el sindicato.

Aun así, el Stracc ganó la titularidad del contrato. Exigieron a la empresa que reinstalara a los despedidos injustamente, pero la empresa se negó a sacar a los esquiroles. Así, quedaron con la mitad de la plantilla de ellos y la mitad, de trabajadores afines a los intereses de la empresa.

En 2010, mientras el Stracc preparaba el emplazamiento a huelga por revisión salarial, la empresa avanzaba en un expediente para que, por medio de un padrón de trabajadores inflado y los esquiroles, pudiera disputar de nueva cuenta el contrato. “Ahí empezó la historia negra de los golpeadores”, recuerda Salvador. “Hicimos una estrategia para cubrir desde días antes del estallamiento de huelga las instalaciones, y que esta gente no hiciera algo irregular”.

La huelga estaba emplazada para el 23 de marzo de 2010 a las 10 de la mañana. Los afiliados al Stracc llegaron a las 6 a su trabajo y se encontraron con gente extraña que ocupaba sus puestos pero que no eran trabajadores. No se les permitió entrar; llamaron a más gente del sindicato, pero a las nueve y media de la mañana comenzaron a llegar los camiones con golpeadores, que se apoderaron de las instalaciones.

“Cuando nosotros llegamos, eso ya era un campo de batalla. Nosotros habíamos hecho una sola bandera para cubrir toda la estación y la teníamos lista; ellos empezaron a llevar al frente extintores, piedras, palos y una o dos armas se vieron; había gente como de algún grupo especial de seguridad que dirigía a los golpeadores”.

Ante ese escenario, se hizo una reunión con los trabajadores para valorar la situación. Decidieron seguir adelante “porque estamos hartos de que en cualquier lado llegan los golpeadores”. Con esa bandera como escudo, avanzaron hacia la estación para declarar formal y legalmente la huelga. Cuando comienza la cuenta regresiva, hecha en voz alta por el secretario general, los golpeadores empezaron a arrojar piedras y palos; un golpeador comenzó a arrojar gasolina a los trabajadores sindicalizados, mientras que otros los atacaban con los extintores.

Los sindicalizados aguantaron el embate, rodearon la estación con la bandera y comenzaron a corretear a los golpeadores. Justo en ese momento “llegaron como mil policías y a nosotros nos agreden”. Los trabajadores impidieron que detuvieran a sus dirigentes y lograron estallar la huelga, con todo y las instalaciones rodeadas de granaderos, y algunos golpeadores aún en el interior.

Los mil brazos de la injusticia laboral

Aunque el sindicato hizo denuncia por el uso de golpeadores, no procedieron porque no tenían sus nombres y la policía dijo que no tenía elementos para investigar. Se hizo la denuncia contra la empresa por haberlos contratado pero la dueña lo negó y dijo que no sabía por qué estaban ahí, y con eso no procedió la denuncia.

Los actuarios, con el argumento de que hubo presencia de golpeadores pero sin decir que eran de la empresa, no declararon legal la huelga. A la vez, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje había fijado un recuento para el mismo día de la huelga, pero a las 5 de la tarde. La empresa presentó una lista de trabajadores que no era la verdadera, y con ella, el sindicato de protección ganó el recuento.

Durante seis meses, los trabajadores del Stracc estuvieron en huelga protegidos por amparos, pero terminado el efecto de estos, las autoridades laborales declararon al sindicato de protección titular del contrato colectivo y obligaron al levantamiento de la huelga.

El pan de todos los días

Salvador Arellano manifiesta que en la JLCA, al pasar por las secciones de Contratos Colectivos y Huelgas, invariablemente están los golpeadores; para recuentos de 20 trabajadores, llega a haber hasta 300 golpeadores, mientras que los granaderos –cuando es solicitada la fuerza pública- “son unos ocho”. Los golpeadores “tienen relaciones con secretarias, con actuarios, tienen tomadas las instalaciones, tienen acceso a los expedientes; son siempre los mismos sindicatos los que se presentan cuando nosotros metemos algún expediente o demandamos titularidad”.

Mencionan como sindicatos vinculados a golpeadores a la CROC, la CTC (a la que identifican como uno de los más agresivos), la CTM, el sindicato Justo Sierra. Las consecuencias para los trabajadores, además de la afectación a sus derechos y a su libertad sindical, son también las lesiones y las enfermedades resultado de estas agresiones, como la diabetes y la alteración de la presión arterial.

A la pregunta de quiénes son los golpeadores, los trabajadores refieren que “es gente de las colonias más marginales que los enganchan por 200 pesos; no siempre son grupos de choque pertenecientes a los sindicatos, sino que están a un costado de la Junta y ahí se ponen de acuerdo de la cantidad a pagar”, además de que normalmente huelen a droga. “Todos los que están ahí, al lado de los boleros, son gente dedicada a golpear y extorsionar”.

Los del Stracc establecen que “a nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas tener lo que tenemos; por eso valoramos mucho lo que cuesta organizar, siempre enfrentándonos a la JLCA, a los despidos, a los sindicatos de protección y, por supuesto, a la parte de los golpeadores”.

Publicado el 30 de julio 2012