México, Distrito Federal. Un grupo de niñas en uniforme escolar corre por las amplias calles de su unidad habitacional, en medio de coloridas casas de más de cien metros cuadrados de superficie, mientras la encargada del vivero riega las lechugas orgánicas –de a dos piezas por 15 pesos-. Un área de esparcimiento para adultos mayores y una planta de tratamiento de aguas grises comienzan a tomar forma. Algunos albañiles remodelan la entrada de la unidad para poner portones y una fuente que alegre el panorama. Este oasis es la Cooperativa de Vivienda Acapatzingo, ubicada en la populosa colonia La Polvorilla, en la delegación Tláhuac. Es parte de los proyectos de vivienda social del Frente Popular Francisco Villa Independiente-UNOPII (FPFV-UNOPII).

Jaime Rello, miembro de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), esboza la problemática de vivienda que enfrentan los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México: el suelo que puede usarse para construir está acaparado por particulares, que en gran parte lo usan para especular; a la vivienda se le ve apartada del resto de elementos que la hacen decorosa, como la infraestructura, los servicios y el transporte; y el financiamiento existente excluye a las familias de más escasos recursos, que se ven obligadas a migrar.

Con el diagnóstico coincide Alejandro Meave, del Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular (FNAMUP), que agrega que el déficit de vivienda en la Ciudad de México es de cerca de medio millón de casas, mientras que a nivel nacional alcanza los cinco millones (nueve, si se cuentan las casas que necesitan mejoramiento). Curiosamente, apunta Meave, hay cinco millones de casas abandonadas en el país por la urbanización salvaje y las deudas impagables de las hipotecas.

Las organizaciones que componen al fragmentado movimiento urbano popular de la zona metropolitana de la Ciudad de México son la opción que encuentran las familias de bajos recursos ante un panorama que los excluye de la posibilidad de contar con una vivienda decorosa. “Se trata de crear formas propias a través del trabajo colectivo y la creación de autonomía, porque el panorama es difícil”, apunta Rosario Hernández, integrante del FPFV-UNOPII (conocido entre las organizaciones sociales como “Los Panchos Independientes”).

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) estima que más de 2 millones de habitantes no cuentan con casa propia; más de 17 mil casas están hechas con material de desecho o inadecuado; 35 por ciento de las viviendas tiene algún grado de hacinamiento y cada año se requieren 35 mil viviendas nuevas y 45 mil mejoramientos.

Las condiciones de las casas no mejoran la perspectiva. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa-DF) dio a conocer en 2010 que existe una evidente estrechez de los inmuebles que habitan los ciudadanos: 10 por ciento del parque habitacional no cuenta con cocina propia y 25 por ciento no tienen sala-comedor; la quinta parte de las viviendas no tienen una habitación exclusiva para las parejas que viven en ellas; 60 por ciento de niños y adolescentes comparten cuarto; la cuarta parte de las casas tienen goteras durante la temporada de lluvia; y 60 por ciento carecen de acabado en las paredes exteriores o sólo tienen paredes sin pintura. Por eso, precisa Rello, la vivienda no se resuelve “construyendo cuatro paredes, porque la gente vive hacinada”.

A unos minutos andando de La Polvorilla, otro germen de proyecto de vivienda se gesta. En búsqueda de una alternativa que no encontraron en las instancias gubernamentales y mucho menos en las constructoras privadas -las principales beneficiarias de las políticas de vivienda-, 83 familias de bajos recursos viven provisionalmente en una nave industrial abandonada que rehabilitaron en la delegación Tláhuac junto con el FPFV-UNOPII. Las viviendas, de 24 metros cuadrados, están alineadas en bloques que los mismos habitantes mantienen limpios y ordenados; mientras tanto, ahorran un dinero que les permitirá comenzar otra cooperativa de vivienda.

Hacinamiento y exclusión en la zona metropolitana

La ciudad vive desde hace al menos cuatro años un boom inmobiliario de viviendas de lujo en algunas zonas de clase alta y media, como las delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y algunas partes de Álvaro Obregón. Paralelamente, en los municipios del Estado de México que colindan con la capital y en la zona oriente –las regiones más empobrecidas del Valle de México- se multiplican las unidades habitacionales con departamentos de cerca de 45 metros cuadrados, transporte escaso y caro y servicios deficientes.

“Las zonas más ricas de la ciudad no sufren de falta de agua y tienen todos los servicios”, informa el integrante de la UPREZ, “mientras que en el oriente, el suelo es más barato pero falta todo; los ricos reciben 600 litros de agua al día, mientras que los pobres apenas reciben 80, cuando hay”, apunta Rello. Las autoridades, denuncia Rosario Hernández, no invierten en mejorar la infraestructura, por lo que el drenaje es deficiente y hay inundaciones.

Iztapalapa, que en el censo de 2010 registró cerca de dos millones de habitantes, es un ejemplo de las zonas marginadas de la ciudad, lugares áridos donde se asentaron los migrantes de los estados que llegaron hace cuatro décadas. “Hay falta de vivienda y agua, es un punto rojo de violencia y hay pobreza extrema”, describe Hernández. Condiciones similares se viven en la delegación Gustavo A. Madero. En estas zonas, “la propia gente hemos construido la ciudad, pero falta transporte, hospitales, entre otros servicios”, agrega Rello.

Meave, Rello y Hernández coinciden en que sí hay suelo para construir las viviendas necesarias en la ciudad y en zonas con mayor infraestructura, pero que este se acapara en favor de las inmobiliarias. Rello y Hernández agregan que en las delegaciones de clase media y alta, donde sí hay suelo, el gobierno y los mismos vecinos impiden que se construyan casas para la gente pobre.

El Instituto de Vivienda de la ciudad (INVI) cuenta con una cartera de suelo que no pone a disposición de las organizaciones, sino de las inmobiliarias, denuncia Hernández. Rello cuenta que hay dos experiencias de cooperativas de vivienda en zonas de clase media alta y alta (un grupo organizado de hñähñus en la colonia Roma y un grupo de exobreros de la cooperativa Palo Alto, en las Lomas de Chapultepec), en las que los vecinos han intentado expulsar a los nuevos inquilinos “porque les afean su zona”.

Esto sucede, explica Rello, porque hay dos proyectos diferentes de ciudad y de vivienda. En ambos, las inmobiliarias quieren llevarse la mejor tajada. “Quieren subsidios y menos impuestos, pero no para beneficio de la gente sin recursos, sino para llevarse la ganancia”, denuncia. Entre las constructoras, cada vez más monopólicas, destacan URBI, Geo, ARA y Sadasi.

La solución al problema de la vivienda en cuanto a disponibilidad de suelo pasa porque el gobierno expropie los terrenos disponibles y los destine a construir viviendas planeadas de acuerdo a las características de cada zona y las necesidades de la gente, define el integrante de la UPREZ, organización que cuenta con proyectos de vivienda social en Iztapalapa, entre otras zonas deprimidas.

El suelo que está disponible en la ciudad “debe destinarse a cubrir las necesidades de la gente y no para enriquecer a las empresas”, concluye por su parte Rosario Hernández.

Financiamiento individualizado y casas inadecuadas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que en la capital del país, más del 60 por ciento de los trabajadores gana entre cero y cinco salarios mínimos, lo que los excluye de la posibilidad de contar con un financiamiento.  Hernández informa que las personas que no tienen acceso a la compra de una casa “viven con sus familias o donde pueden; muchas veces los desalojan de donde están y se van a vivir a camellones, donde las autoridades los pueden dejar por años sin resolver el problema”.

Un informe de la Cámara de Diputados apunta que el 40 por ciento de la vivienda de la zona metropolitana es rentada. Los habitantes del Distrito Federal que no logran adquirir una vivienda propia se desplazan hacia el Estado de México, cuya tasa de habitantes crece a una media de 2.9 por ciento, mayor que la nacional.

El Distrito Federal, precisa Rello, es la entidad que destina mayor presupuesto a la producción social de la vivienda popular. Sin embargo, las condiciones que pone para que la gente acceda al crédito dificultan la participación de las organizaciones y tienden a dar un financiamiento individual, denuncia Rosario Hernández. Este proceso es una tendencia nacional que comenzó en los años noventa, señala Meave, por el que se desactivaron los proyectos sociales y se habilitó la intermediación de las constructoras.

El integrante de la UPREZ señala que las políticas de vivienda no toman en cuenta el cambio de las familias, que ya no son las tradicionales. “Hay muchas familias que son mujeres solas, parejas del mismo sexo o jóvenes que quieren dejar de vivir con los padres, y no se les considera. Casi parece que te tienes que casar para poder tener derecho a vivienda, cuando todos los habitantes deben tener ese derecho”. Los financiamientos sociales, indica, deben ser accesibles a todos los ciudadanos.

Otro aspecto relevante es el tipo de vivienda que se financia para las clases bajas. La dirigenta del FPFV-UNOPII señala que su organización enfrenta dificultades con sus proyectos porque el INVI no quiere financiar los departamentos de 63 metros cuadrados “porque dice que no le alcanza el dinero”. Hernández señala que las pequeñas viviendas que aprueba el Instituto no van de acuerdo con la familia mexicana de cinco miembros, “si hasta para dos es incómodo; parece que por ser pobres tenemos que vivir en huevitos”, denuncia. “A las políticas del gobierno les hace falta ser más abiertas”, agrega.

Construir un hábitat

Alejandro Meave explica que, a pesar de las unidades habitacionales abandonadas en las periferias de las ciudades, se siguen construyendo viviendas que no se pueden ocupar: “Ya no hay donde venderlas. Están aisladas, fuera de cualquier contexto social”. La causa, señala Meave, está en que los empresarios pensaron que podían venderlas pero nunca hicieron un estudio real.

“Saturaron el mercado de la clase media, que era la que podía adquirir esa vivienda, y la crisis económica hizo que bajar el nivel económico de esa clase. Aparte están todos los que han perdido su vivienda”, enfatiza Meave.  “Es un fenómeno propio del capital, que no planea, que se va a donde cree que está la ganancia hasta que saturan los mercados, y a la vivienda no se le ve como un problema social, como un derecho humano, sino como una mercancía”. Aunque se ha mejorado el transporte en estas zonas, sigue siendo caro y las personas gastan hasta cuatro horas diarias en trasladarse a sus trabajos.

Rello indica que se debe pensar, más que en vivienda, en construir un hábitat que considere los impactos ecológicos y el tejido social. Rosario Hernández señala que en su organización, más que hablar de vivienda, hablan de proyectos de vida. Los entrevistados coinciden en que las políticas gubernamentales deben ser más abiertas a la participación social e ir de acuerdo con las capacidades económicas de quienes aspiran a vivienda. “Ahora lo que quieren hacer es dilatar las soluciones y controlar a los movimientos”, denuncia Hernández.

El movimiento urbano popular tuvo un gran auge en los años setenta, pero a raíz de su participación en procesos electorales y el descuido del trabajo de base, su influencia bajó, señalan Rello y Meave. Rello reflexiona que en muchos casos, las organizaciones se volvieron gestores de vivienda: “hicimos el trabajo del gobierno y hasta más barato”, critica entre risas. Pero el movimiento ha cambiado la cara del Distrito Federal, apunta el integrante de la UPREZ: “Construyó territorios, hábitat, relaciones, ayudó a que la gente sea más participativa”, evalúa.

Los proyectos de “Los Panchos” , como se los conoce a los del FPFV, reflejan lo que se puede lograr desde la organización popular: una vivienda amplia, bien diseñada, con espacios comunes de esparcimiento y con tareas de organización. Las decisiones importantes se toman por asamblea y la vigilancia se rota entre todos los miembros de la cooperativa o el asentamiento. “Yo te puedo hablar de los proyectos que tiene la UPREZ, que hay varios y bonitos”, indica Rello, “pero hay muchos qué conocer, todas las organizaciones tienen experiencias diferentes”.

En las pequeñas casas provisionales de “Los Panchos”, en la calle Buena Suerte, en la nave industrial se destinó un patio amplio común para que los niños jueguen “y ellos pelearon por tener un espacio para estacionar sus bicicletas y triciclos”, relata Héctor Bermúdez, de la comisión de mantenimiento.  En la nave de 5 mil metros cuadrados hay lugar para un espacio de apoyo a tareas y de cultura y un salón de usos múltiples donde las señoras se ejercitan por la tarde. No se ven cables fuera de lugar ni tanques de gas en mal estado. “Se trata de estar tranquilos y lo mejor que se pueda mientras estamos aquí”, precisa Bermúdez.

A la gente le queda la opción de organizarse, señala Rosario Hernández, “porque no hay soluciones por la vía individual”. Rello finaliza: “Se debe tomar la estafeta en el sentido de recuperar la experiencia del movimiento, pero para crear cosas nuevas de acuerdo a las necesidades de hoy”.

Publicado el 13 de mayo de 2013