La acción tuvo lugar durante una sesión extraordinaria del consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), ente supraestatal donde se agrupan comunidades y regiones de ambos lados de la frontera (Principado de Andorra, Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, Aragón, Cataluña y las regiones francesas de Aquitania, Midi Pyrénées y Languedoc Roussillon). En este consejo la vara de mando iba a pasar, para un periodo de dos años, de la comunidad de Midi Pyrénées a la de Navarra, representada por su presidenta, Yolanda Barcina. Además, el tema principal de unas jornadas de trabajo que también celebraba el CTP había sido el TAV y las conexiones transpirenaicas.
En la acción participaron ocho personas del movimiento contra el TAV Mugitu!, que contaron con el apoyo de activistas del colectivo occitano Libertat. Cuando Martin Malvy, presidente de la región de Midi Pyrénées y anfitrión del evento, estaba hablando, cuatro activistas interrumpieron el acto y mientras uno de ellos explicaba, en francés, los motivos de la acción, otros tres miembros de Mugitu! le lanzaban tres tartazos a Yolanda Barcina.
Como explicaron los propios activistas, era la representante de mayor rango de las instituciones vascas (los responsables de la CAV no asistieron a este consejo) que están impulsando, pese a una amplia oposición popular, tanto el corredor navarro del TAV como la llamada Y vasca. Se formó un gran revuelo pero “para nuestra sorpresa, se limitaron a empujarnos como a cinco metros, no hubo nadie, ni personal de seguridad ni policía que nos sacara. Salimos por nuestro propio pie de la sala y organizamos una rueda de prensa improvisada en la entrada del edificio a la que acudieron varios periodistas. Fue sorprendente, porque pensábamos que igual nos detendrían, de hecho habíamos contactado con un abogado de Occitania que nos iba a representar, pero no hizo falta”, explica uno de los activistas.
La sorpresa vino después, cuando al día siguiente, al volver a Navarra, a los tres lanzadores de las tartas les estaban esperando en sus casas agentes de la Policía Foral de paisano que los registraron y detuvieron. Posteriormente quedaron en libertad provisional con medidas cautelares acusados de un delito de “atentado a la autoridad”. Los activistas en ningún momento intentaron ocultarse, de hecho habían anunciado su intención de ofrecer una rueda de prensa explicando los motivos de la acción.
Ante la Audiencia Nacional
“Desde el primer momento ya nos dijeron que la instrucción del caso la iba a realizar la Audiencia Nacional, lo que nos sorprendió, porque en aquel momento ignorábamos que se pudiera dar esta posibilidad”. Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que si una persona de nacionalidad española atenta contra otra persona de la misma nacionalidad fuera del Estado español, y en ese otro territorio no se abre ningún tipo de investigación, el caso pasa automáticamente a la Audiencia Nacional. “Pero aquí hay muchas dudas, es una situación de total opacidad. Por un lado, sabemos que el sr. Malvy cursó una denuncia telefónica nada más terminar el acto. Por otro lado, también sabemos que la Fiscalía del Tribunal de Gran Instancia de Toulouse ha cursado una denuncia. Incluso llamaron a declarar a activistas del colectivo Libertat, pero no se abrió ningún tipo de diligencias contra estas personas. Pensábamos que se iba a abrir procedimiento en contra nuestra y sabemos que en Francia, propinar un tartazo está catalogado como falta, que en muchos casos ni siquiera ha tenido repercusión legal, y que en caso de haberla, se solventa con una multa”.
El lanzamiento de tartas contra figuras relevantes es un tipo de protesta que no se considera delito en Europa, a diferencia de lo que ocurre en el Estado español. Aquí, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, tras recibir una denuncia de la Policía Foral, abrió diligencias contra Julio Villanueva, Gorka Ovejero e Ibon García, los tres ‘tartalaris’. Pedraz interrogó en noviembre a Barcina, quien declaró que las tartas le hicieron “daño” debido a “la dureza del merengue francés”. A los tres activistas les ha impuesto medidas cautelares como la entrega del pasaporte, la prohibición de abandonar el Estado español y la obligatoriedad de presentarse en el juzgado a firmar todas las semanas.
“Nos encontramos con que, por una acción que allí no tuvo ningún tipo de repercusión, (ni siquiera se nos identificó), tenemos un sumario abierto nada menos que en la Audiencia Nacional y, como posteriormente se confirmó cuando fuimos a declarar, se nos acusa de atentado a la autoridad con una petición fiscal que, aunque no sea la definitiva, hoy por hoy es de entre cuatro y nueve años de cárcel” resume el activista.
Denuncian presiones
“Porque a tres personas nos piden entre cuatro y seis años de cárcel, pero al cuarto participante en la acción –Gorka–, le piden nueve años por ostentar un cargo público, ya que es teniente de alcalde de Arruazu, pequeño pueblo de la Sakana de unos cien habitantes. Han considerado agravante que sea un cargo electo, porque le acusan de haberse valido de éste para poder realizar la acción” añade el ‘tartalari’.
Tanto Yolanda Barcina como la Policía Foral afirman haber actuado de oficio “pero esto hubiese tenido lógica si en el país donde se da la acción no se abre ninguna investigación, y sabemos que esto no ha sido así. Entonces, ¿por qué no avanza la denuncia en Francia, siendo el tribunal natural en este caso? sospechamos que aquí, posiblemente haya habido más de una presión” sostiene el activista. “Lo ubicamos en la tradicional colaboración franco-española en materia policial, si no, no tiene otra explicación. Ambos tribunales son incompatibles, si el procedimiento hubiese avanzado en Toulouse, eso hubiese invalidado cualquier iniciativa aquí”. Un vez concluya el sumario, los activistas contra el TAV se enfrentarán a un juicio en la Audiencia Nacional.
SE AMPLIA LA ACUSACIÓN: Una cuarta persona imputada
En febrero, el juez imputó a una cuarta persona, Mikel Alvarez Forcada, que fue llamada a declarar el día 23 del mismo mes. Esta comparecencia se produjo después de que la fiscal Blanca Rodríguez hubiera solicitado su imputación, tras ser identificado por la Policía Foral como uno de los participantes en la acción anti-TAV. “Está encausado por participar en la acción, aunque no tocó ninguna tarta. En el auto no figura su participación en la posterior rueda de prensa que convocamos en Iruñea, pero en la citación que le presentó la policía cuando fueron a su casa esto sí figura como motivo. Curiosamente tiene la misma petición fiscal que dos de los ‘tartalaris’: atentado a la autoridad” valora uno de los activistas. ¿Y porqué ha sido imputado si no lanzó ninguno de los postres? “Dentro de lo que se define como delito de atentado, no solamente se contempla la agresión física, sino que también se tipifica como tal el acto de menoscabar, despreciar o vilipendiar a una persona, no tiene por qué ser agresión física. Pensamos que el tema va por ahí” añade el ‘tartalari’.
