México, Distrito Federal. “La tipificación en el Estado de México para calificar a un delito como feminicidio sólo le convino al gobierno para disminuir las cifras de los crímenes contra la mujer”, acusa Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

En marzo de 2011, organizaciones que luchan contra el feminicidio descalificaron la forma en que el Estado de México lo estandarizó, pues la consideraron subjetiva a la hora de calificar un delito contra una mujer, informa María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“No hay una legislación adecuada, y lasleyes no son efectivas, no se investiga y esto hace que pensemos cada vez más en un vinculación de las autoridades policiales con los feminicidios”, agrega Estrada Mendoza.

“El gobierno supuestamente tiene acciones para la prevención, pero son sólo mediáticas porque en la práctica no se ve; se repite la historia de Ciudad Juárez en cuanto a la falta de interés gubernamental por parar las muertes y buscar a los responsables, y dicen que tienen cosas más importantes que hacer”, denuncia la presidenta de ANAD, quien recuerda que cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto fue gobernador del estado, las organizaciones denunciaron el asesinato de 922 mujeres, pero las instancias oficiales lo negaron y no pusieron en marcha ningún plan de acción.

El gobierno de Peña Nieto reconoció algunos casos, explica Estrada Mendoza, pero fueron los ya investigados, casi todos por violencia doméstica. Sin embargo, no se emprendieron investigaciones ni se relacionó con el fenómeno del feminicidio a los casos involucrados con el crimen organizado, como redes de pornografía infantil o de trata de personas.

“Este año, se logró que se reformara el tipo penal y que fuera más objetiva al momento de calificar un crimen contra una mujer, pero no se logró obligar al gobierno a que cumpla con el protocolo del Campo Algodonero, que significa emitir alertas de desaparición, investigación y búsqueda”, especifica María de la Luz Estrada. La activista abunda en que la tipificación antes exigía que se determinara si una violación sexual había sido cruel o degradante, y organizaciones requerían que se  hablara de signos de violencia sexual, porque “señalaban que si una mujer no presentaba desgarre vaginal posiblemente había sido consensuada el acto sexual y no se consideraba una violación”.

La clasificación de un feminicidio en el Estado de México  se entiende cuando existen “lesiones asociadas a la exclusión, subordinación, discriminación y misoginia, así como mutilaciones degradantes, pero ¿cómo entender esto? La autoridad necesita ver que a una mujer se le mutile un seno o la vagina y no una pierna o brazo para que puedan considerarlo como feminicidio”, refiere María de la Luz Estrada.

Las organizaciones que luchan contra el feminicidio decidieron lanzar una  alerta ciudadana, una acción encaminada a prevenir las agresiones contra las mujeres en el Estado de México. La idea es identificar zonas de riesgo, por ejemplo, los lugares en donde desaparecen o son arrojados los cuerpos de mujeres, además de concientizar a la población frente a esta realidad.

El 12 de mayo se cumplió el plazo para que el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVM) decidieroa sobre la emisión de la alerta de género. El estado, explica Estrada Mendoza en entrevista con Desinformémonos, tuvo que haber hecho una serie de investigaciones que fundamentaran la declaración de alerta. “Primero, el SNPSEVM reconoce después de tres años que si tenemos razón y que efectivamente hay indicios de feminicidio; tienen que investigar la existencia de violencia contra las mujeres, pues ya documentamos más de mil casos de desaparición  desde el año 2011”.

El gobierno del estado de México conformó un grupo interinstitucional integrado por instancias federales, como Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. “Con este grupo haciendo las investigaciones se burlan de las víctimas, porque no garantiza que las investigaciones sean imparciales u objetivas, no hay sociedad civil experta en estos temas; no sabemos si tienen un enfoque en derechos humanos y de género y, además, no les importa que se esté asesinando a muchas mujeres. Ante esto, las organizaciones tenemos que levantar acciones encaminadas a la verdad y la justicia”, concluye María de la Luz Estrada.

La Alianza por los Derechos de las Mujeres en el Estado de México, una coalición de varias organizaciones en diferentes municipios mexiquenses que realiza foros y emite alertas de desapariciones en una web, ya fue amenazada. Sin embargo, su actividad continúa ante la negativa oficial a reconocer que las cifras del feminicidio aumentan. “El gobierno quiso politizar la situación al decir que es un ataque contra él, pero a nosotras lo que nos importa es que por una u otra razón siguen asesinando y desapareciendo mujeres solo por el hecho de serlo. Necesitamos que se reconozca esto, porque es la única manera en que se puede prevenir”, finaliza la abogada Karla Micheel Salas.

07 julio del 2014