México, Distrito Federal. En la Ciudad de México, las agresiones de policías contra defensores de derechos humanos y periodistas se volvieron habituales desde el 1 de diciembre de 2012, pues las autoridades no quieren testigos de sus excesos, denuncia José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

El gobierno considera un enemigo más a la prensa, denuncia Leopoldo Maldonado, de la organización de defensa a periodistas Artículo 19. La asociación emitió un informe donde establece que la capital del país ya tiene el segundo lugar en agresiones a comunicadores.

El patrón de violaciones a los derechos humanos durante las protestas en la capital, señala Marroquín, se recrudeció a partir de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, “con la participación de instancias policiales del Distrito Federal, de la policía federal e incluso de instancias militares”. Las manifestaciones son, para las autoridades, espacios donde se pueden cometer actos delictivos, y no formas de expresión de la ciudadanía, señala José Rosario Marroquín.

En el resto de incidentes, salvo en el desalojo de profesores del Zócalo el 13 de septiembre, donde intervino la policía federal, de lo que se habla es de la policía capitalina, lo cual “constituye una señal de alarma”. Las agresiones y detenciones, señala Marroquín, son contra las personas que se manifiestan sin cometer actos ilícitos y contra quienes documentan. “Por eso es importante salir a documentar, y nos encontramos con que quienes lo hacen de otra manera reciben agresiones por parte de los cuerpos policiacos”.

Leopoldo Maldonado, oficial adjunto de Artículo 19, valora que la presencia de medios libres en las manifestaciones es muy importante, pues realizan una “cobertura distinta a la de los medios convencionales, que sólo tratan una parte de la información”, omiten las causas de las protestas y la violencia cometida por las autoridades, y además, tratan de “victimizar a la autoridad y sobreexponen puntos de las manifestaciones, como el malestar causado por los cortes viales”. Además, con su trabajo documental se demuestra la inocencia de muchos detenidos durante las manifestaciones.

Las manifestaciones son escenarios donde las personas exigen y ejercen los derechos humanos, y a la vez, situaciones en las que estos se ponen en riesgo, señala José Rosario Marroquín. Por ello, las organizaciones que promueven los derechos humanos acuden a las calles. “En los últimos meses, hay un esquema  de contención de las marchas que aparece de manera disfrazada. Las autoridades dicen que en ellas se cometen excesos y que se prestan para que salgan a las calles vándalos, delincuentes y gente que no tiene nada que hacer a cometer destrozos”, señala Marroquín, quien agrega que este discurso  opaca la situación “lamentable” en materia de derechos humanos.

Artículo 19 señala que hay dos patrones observados en el DF desde el 1 de diciembre de 2012: “las autoridades locales no ofrecen garantías para documentar la protesta social, y sus policías reprimen derechos fundamentales, como la libertad de expresión en movilizaciones sociales, llegando al extremo de la criminalización del ejercicio de un derecho humano”. La organización señala que del 1 diciembre de 2012 al 1 de septiembre de 2013, 11 personas, la mayoría de ellas periodistas independientes, fueron arrestadas en la capital del país por documentar la actuación de la policía; en siete casos fueron detenidos en un contexto de protesta social.

Maldonado relata que durante las manifestaciones del 1 de septiembre, convocadas por el magisterio disidente, la mayoría de las agresiones a periodistas fueron contra integrantes de medios libres; “de seis agresiones documentadas, cuatro fueron contra ellos” y dos contra trabajadores de medios convencionales. Por ello, Artículo19 lanzó la iniciativa “Rompe el miedo”, dirigida principalmente a integrantes de medios alternativos y a foto reporteros, para hacer un monitoreo conjunto durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

“No esperábamos agresiones tan brutales”, reconoce Maldonado ante cerca de 60 incidentes de este tipo documentados el 2 de octubre, entre las que se encuentran las realizadas contra trabajadores de medios convencionales. El problema, señala, es que estos medios no dan a conocer los ataques contra sus compañeros de trabajo y le dieron otro enfoque a la noticia, como los embates contra los policías.

Las agresiones crecientes contra trabajadores de los medios y las personas que, sin ser periodistas, videograban las manifestaciones, se dan “porque documentan muchísimas arbitrariedades y violaciones a los derechos de los manifestantes, así como el uso excesivo de la fuerza, y es así como la autoridad considera como un enemigo más a la prensa”, pues no quieren ser evidenciados. Incluso, agrega, las agresiones de la autoridad se dan contra defensores de derechos humanos, como en el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), cuyos observadores fueron golpeados por granaderos al documentar una detención arbitraria.

La misma organización Artículo 19 fue atacada el 11 de octubre, mientras algunos de sus integrantes tenían una reunión con un reportero independiente, testigo de las agresiones del 2 de octubre. “Es difícil decir de dónde viene el ataque”, señala Maldonado, pero la responsabilidad de su protección es el Estado, ya que la organización fue agredida anteriormente y se acogió al mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

Lo que evidencian las agresiones a defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes es el uso excesivo de la fuerza y la falta de protocolos de actuaciones para los elementos policiales, valora Maldonado. Son resultado tanto de una omisión como de una política deliberada, indica el defensor de periodistas, pues los policías son enviados a las manifestaciones mal preparados, lesionados, sin comer y faltos de equipo, lo que detona “actos de violencia por parte de agentes del Estado, tras los cuales se escudan las autoridades”.

“Es inaceptable que las autoridades se escuden tras la falta de preparación” de los elementos policiacos, considera Maldonado, pues su obligación es evitar estos incidentes. “No hay pretexto, pues no es la primera vez que sucede”, indica el oficial, y recuerda otras fechas en que sucedieron violaciones a los derechos humanos similares: el 1 de diciembre de 2012 y el 10 de junio y el 1 de septiembre de 2013. “Si los policías agresores son procesados, también lo deben ser los altos mandos”, considera.

El DF, un “paraíso” perdido a manos de los grupos de interés

En el informe trimestral de Artículo 19 sobre agresiones a periodistas, el Distrito Federal ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Aunque el fenómeno existía anteriormente pues los trabajadores de los medios amenazados por el narcotráfico en los estados se refugiaban en la capital –y sus agresores los perseguían-, con lo sucedido en los últimos meses en la ciudad “tenemos una nueva variable. Son directamente los granaderos y sujetos vestidos de civil que actúan como autoridades –pues portan radios y están coordinados con la policía- los que cometen las agresiones que ya llevaron al DF a los primeros lugares” de riesgo para periodistas, indica Maldonado.

En el contexto de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en la capital de México se encuentran “grupos que pugnan por un retorno a una situación regresiva en derechos humanos”, señala Marroquín, quien precisa que muchos derechos conseguidos en la ciudad se lograron en las calles. “No es un paraíso, pero hay logros en cuanto a derechos generales, colectivos o que responden a demandas muy específicas de ciertos sectores”, agrega el director del Prodh. “Eso generó molestias en diversos proyectos políticos que no ven bien el ejercicio de las libertades; son los sectores más conservadores de cada uno de los partidos”.

A la par de estos grupos “reaccionarios y conservadores”, hay grupos que con independencia de su ideología tienen fuertes intereses económicos. “Se ponen del lado de quienes exigen no sólo menos derechos sino mano dura para contener las manifestaciones de los que, en ejercicio de sus derechos, se oponen a los intereses comerciales que pretenden despojarlos de su territorio o su forma de vida, como en el caso  la Supervía y la Arena Ciudad de México”, ubica el director del Prodh.

De la escalada de violencia, considera el defensor de periodistas, se benefician “grupos de intereses, poderes fácticos, medios de comunicación y grupos empresariales” que emprendieron una campaña de linchamiento contra quienes protestan, principalmente contra las reformas estructurales.

“Es muy claro que para ciertos sectores gubernamentales y ciertos grupos de poder económico”, la protesta social “para nada les es favorable”. Maldonado identifica como ejemplos al Consejo Coordinador Empresarial, el Partido Acción Nacional –“que presentó una iniciativa de ley para restringir la protesta”-, grupos de poder dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) –“que no tiene vocación democrática y son refractarios a las manifestaciones”-, y a grandes medios de comunicación “en su íntima liga con el poder político”.

El Gobierno del Distrito Federal, lejos de contener la violencia mediante  la protección  de los derechos fundamentales, “lo está haciendo de manera autoritaria”, lanza Maldonado. “El gobierno federal es copartícipe, pues la mayoría de las protestas son contra las políticas que él adopta”.

El proyecto político instaurado en la Ciudad de México no es monolítico ni tiene una sola perspectiva, “que algunos se empeñan en decirnos que es de izquierda”, señala el defensor de derechos humanos. Marroquín reconoce que se ha dado cauce a ciertas libertades, “pero ha estado siempre aparejado a cierta vinculación entre el poder político y los empresarios”. Pone como ejemplo el auge de las constructoras en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y las políticas de reordenamiento territorial, que por un lado embellecieron el centro de la ciudad y por otro, implicaron violencia contra los grupos que vivían ahí y que no fueron tomados en cuenta, “quizá por la mala imagen que tenían ante la sociedad”.

“Estos gobiernos, que han sido presionados por la ciudadanía para  garantizar ciertas libertades, por otro lado mantiene su vínculos con poderes económicos y buscan una concepción de la ciudad que beneficia a ciertos grupos”, agrega el director del Prodh.

“Por más represivo que sea el gobierno, siempre tiene que dar cierta apariencia democrática y ciertas explicaciones a sectores de la ciudadanía. Cuando alguien dice, yo tengo  las pruebas de que no fue así, eso causa cierta incomodidad”, indica el director del Prodh. La intención de la represión selectiva, agrega, es tratar de inhibir estas evidencias. “Si lo han logrado en defensores y periodistas, entre la ciudadanía que ejerce cierta vigilancia se está instaurando cada vez más miedo”.

Publicado el 21 de octubre de 2013