México. Ante las elecciones del 7 de julio y el silencio que hay sobre el proyecto eólico de Mareña Renovables se activó la alerta entre comuneros ikjots y binnizá que viven en los alrededores de las laguna Superior e Inferior en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. “Puede pasar algo fuerte; ya otras dos veces hubo silencio antes de que nos den un golpe, y las elecciones son muy importantes para el gobierno, que quiere con ellas demostrar consenso en torno a las eólicas”, advierte el comunero Mateo Gutiérrez, originario de San Dionisio del Mar, dos días después de que campesinos en resistencia de Juchitán fueran baleados.

El proyecto de parque eólico en la barra de Santa Teresa (cuya concesión tiene la empresa Mareña Renovables) no está oficialmente cancelado a pesar del anuncio del 8 de mayo, precisa Gutiérrez a Desinformémonos: “Lo que dijeron es que Mareña se va, no que el proyecto se cancela. Además no hay un comunicado oficial y hasta el gobernador desmintió al funcionario que anunció que el proyecto se suspendió, pero mucha gente –sobre todo de fuera- se fue con la finta y hasta nos llaman para felicitarnos. No hay nada que celebrar. Nosotros seguimos en las barricadas y con el palacio municipal tomado, porque no sabemos qué viene”.

Las empresas de la “energía limpia” y el gobierno estatal “le están buscando por todos lados para meterse; ahora por la vía terrestre, que conecta la barra con tierra firme”, informa Jorge Salas, habitante de Álvaro Obregón. En Juchitán de Zaragoza, otro proyecto eólico (Bii Hioxho, que significa Viento Viejo) ya inició sus trabajos ante la oposición cada vez más grande de la población, agrupada en la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, quienes el 19 de mayo bloquearon la carretera de esa ciudad a Unión Hidalgo para impedir la construcción del parque eólico, y el 20 de mayo fueron agredidos a balazos.

La estrategia para asegurar la implantación de los parques eólicos -además de las agresiones de pistoleros y fuerzas del orden de todos los niveles, amenazas, corrupción de autoridades municipales para obtener permisos y difamación contra los opositores- entra a una fase nueva con las próximas elecciones de autoridades municipales, aseguran Gutiérrez y Salas.

Los candidatos, tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como del Partido de la Revolución Democrática (PRD) juegan como opuestos pero sus candidatos están a favor de las empresas, describe Jorge Salas. “Algunos compañeros que estaban en la resistencia y son perredistas, como que se están yendo porque les aseguran que ahora sí va a ganar su partido, que el gobernador Gabino Cué no va a permitir que quede el PRI”, describe el ikjots Gutiérrez. Los partidos ya lo tienen todo arreglado, señalan los comuneros, gane quien gane. “Ahorita lo que necesitamos es reforzarnos; ya hay un poco de desgaste, pero la gente no quiere ‘tirar la toalla’ después de tanta lucha”, reconoce.

Los habitantes de San Dionisio del Mar y de la agencia municipal de Álvaro Obregón (a quienes afecta el proyecto eólico de Mareña) anunciaron a principios de mayo que no permitirán las elecciones partidistas para diputados locales y presidentes municipales y que éstas se realizarán por usos y costumbres.

Un proyecto integral

Aunque se presentan por separado, los parques eólicos de las distintas compañías responden al Proyecto Mesoamérica (al que pertenecen México, Belice, Colombia, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), aseguran Mateo Gutiérrez y Jorge Salas[1], habitantes de San Dionisio del Mar y de Álvaro Obregón, respectivamente, en entrevista con Desinformémonos.

“En una reunión que hubo en el sexenio de Vicente Fox con los empresarios en Huatulco, se repartieron todo”, señala Gutiérrez, que dibuja un mapa donde aparecen las lagunas Superior e Inferior, formando una especie de número ocho y desembocan en el Océano Pacífico. Son el territorio compartido por los ikjots y los binnizá, donde cultivan, pescan y pastorean sus animales –particularmente cuando las tierras están anegadas-.

El comunero ikjots recorre con el lapicero todo el borde del dibujo de la Laguna Superior, donde se localizan Santa María del Mar, San Mateo del Mar, Pueblo Viejo (en la barra de Santa Teresa, que mide 27 kilómetros), Álvaro Obregón, Juchitán, Unión Hidalgo, Chicapa y San Dionisio del Mar (que está entre las dos lagunas). En esta orilla están los proyectos de las empresas Mareña Renovables (llamado San Dionisio y localizado en la barra de Santa Teresa, a la que solamente se puede entrar por el camino que viene de Álvaro Obregón) y de Gas Natural Fenosa (Bii Hioxho, entre Juchitán y Unión Hidalgo). Para ellos se planea construir cinco muelles en la barra de Santa Teresa, todo lo cual estará bajo control de la Marina.

En la orilla de la Laguna Superior están también las resistencias: la barricada de Álvaro Obregón –que impide la entrada a la barra- y la de Juchitán, que bloquea el paso a Playa Vicente, donde se asienta Bii Hioxho. La única comunidad donde no se registra oposición es en Santa María pues, señalan los entrevistados, un cacique de la región, Porfirio Montero, los tiene controlados por medio de la religión protestante.

En el borde de la Laguna Inferior, donde están las comunidades San Francisco, Santa Cruz y Huamúchil, no hay proyectos por ahora, pero los comuneros aseguran que vendrán en el futuro cercano, pues la estrategia del gobierno es anunciarlos poco a poco y por separado para evitar una gran resistencia. “Ya nos están arrinconando; todo esto –señala la franja de tierra de detrás de su territorio- ya está lleno de eólicas; hay 14 proyectos funcionando en el Istmo”.

San Dionisio y la falsa suspensión

El 8 de mayo de 2013, el secretario de Turismo del estado de Oaxaca, José Zorrilla Diego, anunció la cancelación del proyecto de Mareña Renovables en la barra de Santa Teresa, después de casi un año y medio de oposición de las comunidades, que el 29 de enero del 2012 formaron la Asamblea General de Pueblos de San Dionisio del Mar y tomaron la presidencia municipal para protestar porque el presidente municipal, el priista Miguel López, otorgó el permiso de uso de suelo a favor de la empresa transnacional.

El parque eólico se proyectó sobre tierras y aguas de San Dionisio del Mar, pero a la resistencia se unieron otras comunidades ribereñas, como Álvaro Obregón (donde está la barricada), pues de los mismos lugares obtienen su sustento aunque estos “pertenezcan” a los ikjots de San Dionisio. “Si hacen el proyecto, ya no podremos pescar o pastorear, eso nos acabará nutricionalmente y como pueblo”, señala Salas. La indignación de los habitantes creció porque se enteraron de que el gobierno debió consultarlos antes de hacer el contrato. Señala Salas: “Supimos del proyecto por informaciones que bajaron los compañeros, por los medios y Organizaciones No Gubernamentales”. Los comuneros señalan que el gobierno intenta remediar el asunto diciendo que se va a realizar un estudio ahora, “pero eso ya no es previo”, señala Salas.

Durante el año y medio que va de la resistencia (“ha sido muy tenso”, recuerda Gutiérrez), las comunidades se han enfrentado a todo tipo de agresiones. Incluso sufrieron incursiones de la Marina, pues un integrante de la fuerza armada, amigo del presidente municipal, atacó a los ocupantes del palacio municipal y causó destrozos. Los pobladores lo llevaron a la cárcel, a donde se presentaron marinos encapuchados, en tanques y con lanzagranadas para liberarlo, aseguran los comuneros. Después de una negociación y el pago de daños, el agresor –ebrio- fue liberado, pero el cuerpo armado exigió que no se hiciera público el incidente.

Otro foco de agresión fueron las mujeres. Gutiérrez relata que, para mermar la participación femenina, golpeadores al servicio del PRI y la empresa atacaron a señoras y jóvenes cuando salían de las asambleas por las noches, amenazándolas y haciéndoles tocamientos sexuales. Aunque la participación de las mujeres bajó, la oposición se mantuvo alta y organizó bloqueos y caravanas de solidaridad.

Los comuneros advierten que la empresa intentó dividir a la comunidad, diciendo a que algunos habitantes ya habían negociado y tomándose fotos con ellos, o informando que los asesores de la organización se habían vendido. “A nuestros asesores jurídicos los amenazaron y nos intentan hacer creer que se corrompieron, pero no pasó. Además, acá el pueblo es el que decide todo, no los asesores, que son nuestros compañeros”, precisa Salas.

Poco después del anuncio de la cancelación, el gobierno estatal aseguró que Mareña invertirá en otras zonas del Istmo. Los comuneros advierten que justo en esos días, la empresa española Iberdrola compró acciones y anunció que invertirá en proyectos eólicos en la región, sin precisar dónde, por lo que sospechan que puede ser en la barra o pegado a Álvaro Obregón. “La concesión la puede comprar otra empresa”, detalla el originario de San Dionisio.

El proyecto San Dionisio está suspendido legalmente por orden de un juez, y los comuneros pusieron una demanda ante el Tribunal Agrario para que se anule definitivamente el contrato. Los habitantes de la zona siguen en guardia, pues no confían en el gobierno, que intentó meter a la fuerza pública para que la empresa operara aún con el amparo. “Están preparando un complot o un ataque; siempre actúan así”, señala Gutiérrez. “Por eso nosotros seguimos en la barricada; no hay nada escrito. La gente está tranquila pero con temor”.

Juchitán sigue el ejemplo

El ataque más fuerte contra las comunidades opositoras, señalan los entrevistados, está ahora en San Mateo y Juchitán. “Están viviendo lo que ya pasó en San Dionisio, todas las artimañas del gobierno”, advierte Salas. La empresa Gas Natural Fenosa, contrato en mano, ya comenzó los trabajos del parque eólico Viento Viejo. Salas asegura que el contrato no contó con la aprobación de los comuneros, pero las autoridades municipales se adelantaron a los acontecimientos y otorgaron certificados parcelarios a sus incondicionales de lo que en realidad son tierras comunales, narra Salas. “Y tarde o temprano van a entrar a lo que queda como comunal”, señala.

En 1964, las tierras de Juchitán se declararon comunales por decreto presidencial, pero quedaron sin cabeza pues el PRI acabó con la figura de comisariado ejidal. Eso fue aprovechado por el expresidente municipal Mariano Salas para privatizarlas y que las empresas traten con propietarios privados de forma individual, lo que les hace más fácil el camino, analiza el habitante de Álvaro Obregón.

“La gente está consciente de que es propiedad comunal, no privada, y de que la empresa, si toma posesión, cerrará los caminos comunales que nos conectan a la Laguna Superior, nuestra fuente de trabajo y de vida”, advierte Gutiérrez. “Lo que peleamos es también que todos los contaminantes que producen los aerogeneradores van a dar al mar”.

No hubo resistencia antes del inicio de los trabajos por miedo, evalúan los comuneros, pero ahora ya tomaron el ejemplo de San Dionisio “e hicieron acciones contundentes para sacar a los trabajadores”, dice Salas.

Los inversores y el gobierno también aprendieron. Hay una barricada en para cerrar el acceso a Playa Vicente, pero la empresa ya está construyendo otro por Unión Hidalgo para rodearla. Además, se usa a jóvenes estudiantes como grupos de choque y se creó un “sindicato” que, a cambio de dinero, pide a los desempleados que se enfrenten a los comuneros. Los programas de asistencia gubernamental –como Procampo y Oportunidades- se otorgan directamente a quienes apoyan el proyecto y se dificultan a quienes se oponen. “Y en esta zona pues hay necesidad, no hay trabajo, si no sacas tu dinerito o no pescas, no comes”, reconoce Salas.

El gobierno, señalan los opositores, tuvo noticias de la inconformidad previa y se dedicó a fracturarla. Sin embargo, habitantes que estaban a favor del proyecto como los de Playa Vicente- ya están cambiando la postura.

Coordinación para defender lo común

Los pueblos en resistencia son San Dionisio, Juchitán, Álvaro Obregón y San Mateo del Mar, y los otros los apoyan, pero “no hay que bajar la guardia, hay que tomar acciones que le digan al gobierno que realmente estamos inconformes”, señala Gutiérrez.

A los comuneros les preocupa la cercanía del proceso electoral y su importancia para el gobierno. En San Dionisio están pagando hasta cinco mil pesos por la credencial de elector, denuncia Gutiérrez. “El voto nunca había valido tanto, y el gobierno quiere señalar así que está ganando la batalla y que no se necesita una consulta. Eso es lo que se está jugando ahora y puede pasar algo”.

Salas agrega que los opositores están aprovechando para trabajar contra los partidos y afirmar las elecciones por usos y costumbres. “Todos los partidos son una mafia macabra, y ya tienen su plan bien hecho”, resume Salas. Los habitantes de San Dionisio y Álvaro Obregón advirtieron al Instituto Federal Electoral mediante oficio que se abstenga de enviar a su personal y que no atice el conflicto.

Las empresas “le siguen buscando, y nosotros seguimos exigiendo consulta previa y respeto a las tierras comunales”, señala Gutiérrez. “Hicimos un acuerdo de que en el momento en que la empresa Fenosa entre a tierras comunales, vamos a tener que ayudar en una forma más activa a Juchitán”, finaliza Salas.

Publicado el 27 de mayo de 2013