Ciudad de México. “En la Ciudad de México pesa mucho el tema de la estadística de combate a la criminalidad”, señala el abogado Sergio Soto para explicar el caso de Marduk Hernández, encarcelado al confundirlo con un delincuente. “Cualquier persona se convierte en un expediente, cualquier persona puede ser detenida arbitrariamente, convertirse en culpable de un delito que jamás cometió  y ser encarcelada”.

“Existe un discurso de combate a la delincuencia que encubre lo que hay de fondo, que es el control hacia el sector social conformado por los jóvenes”, declara en entrevista con Desinformémonos Sergio Soto, abogado defensor de Marduk Chimalli Hernández.

Para Sergio Soto Nájera, abogado, historiador y filósofo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el de Marduk no es el único caso de este tipo. Soto acompañó,  junto con otros abogados, acompañó el proceso para la excarcelación de los jóvenes inculpados después de la represión del 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México.

Marduk le expresó a Soto que su caso es el de muchos, y “lo que nos dice es que todos estamos expuestos a una detención ilegal”, señala el defensor.

El “error” de Marduk

Marduk Chimalli Hernández es un joven estudiante de comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Como deportista, se destaca en el tae kwan do de alto rendimiento.

Marduk espera sentencia por un delito que nadie puede comprobar que cometió. Dentro de las irregularidades se cuenta la “desaparición” de las cámaras y las videograbaciones que serían pruebas a su favor.

Chimalli Hernández fue detenido el 15 de marzo de 2013 por elementos de la policía del Distrito Federal, que lo acusaron por robo agravado, a escasos 200 metros de llegar a su domicilio, en la delegación Azcapotzalco. Fue aprendido y trasladado al ministerio público, confundido con quien realmente cometió el delito. En este momento, se encuentra en el Reclusorio Norte sin derecho a libertad bajo caución, ya que el delito del que se le acusa es tipificado como grave.

El letrado explica que el control social combate las conductas reprobables tipificadas como delito, pero que a cualquier persona se le puede fabricar un delito. En el caso de Marduk, “él aceptó ir al ministerio público como acto de buena fe; lo malo es que ahí ya no existió lugar para aclarar nada y se le fabricó el delito de robo calificado”.

Marduk le comentó a su abogado que la cárcel está llena de jóvenes con casos similares al suyo.

Inconsistencias

“La defensa encontró violación grave al debido proceso. Decimos que es inocente”, apunta el abogado Soto. “En México primero se detiene y luego se averigua. El error de Marduk fue estar en la hora y cerca del lugar donde se produjo un delito”.

En el expediente, explica Soto Nájera, “encontramos que los nombres no corresponden con la víctima”. Ahí se señala que la mujer que se dice robada es Mariana García Día de Monte, pero en el pliego de consignación, el ministerio público señala “que es María de Los Ángeles Flores Cruz quien realiza la imputación directa y categórica contra Marduk Chimalli Hernández Castro”, señala el defensor. Para Soto, esto significa que el ministerio público “está utilizando un “machote, pero también se demuestra que no es una institución de buena fe”.

En el documento que acredita el día de la detención de Marduk se encuentran también inconsistencias. “Hay un  limbo de tiempo en el que jurídicamente no se sabe dónde se encontraba él”, detalla el abogado. “El caso ocurrió el 15 de marzo del 2013 a las 23:20 horas. Sin embargo, el ministerio público investigador señala que ocurrió el 16 de marzo del 2013 a las 00:42 horas. Para nuestra sorpresa, encontramos que en el formato único puesto a disposición del ministerio público  y llenado por la policía remitente, fijan que el caso fue el día 15 de marzo de 2013 a las 00:42, 24 horas antes de los hechos que se están investigando”.

“Lo que pasa aquí no sólo es una cuestión de técnica legal, sino de los derechos de una persona”, acusa Soto. “En esta etapa de de investigación, el ministerio público se convierte en todopoderoso. Hablamos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito federal que realizaron una detención ilegal, y de un juez que ratificó una detención ilegal y dictó un auto de formal prisión”.

Los servidores públicos involucrados son Manuel Ramírez Arciniega, ministerio público consignador; Carlos Martínez, oficial secretario de la agencia de investigación AAZ-3 de la fiscalía desconcentrada de Azcapotzalco de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal; y los policías Daniel Torres Cazares y Floriberto Viera Castro.

“El juez tiene la facultad de enmendar los errores del ministerio público y de no avalar las violaciones a los procedimientos y a los derechos humanos”, aclara Sergio. “El juez puede rechazar la averiguación previa para que se integre debidamente y se respeten los derechos humanos y el debido proceso”.

El juez séptimo de lo penal, Fernando Guerrero, ratificó como legal la causa, y Marduk fue enviado primero al reclusorio sin que existiera un pliego de consignación. “No existe un documento legal que diga por qué Marduk estuvo en la cárcel 24 horas”, advierte Sergio Soto Nájera.

Falta de voluntad política

“Lo que se necesita es voluntad política del jefe de gobierno y del procurador de justicia, bajo la figura del sobreseimiento. Sabiendo que esto fue armado, se puede revocar la apelación y el auto de formal prisión para ordenar su libertad, en los tiempos procesales que se necesitan cumplir”, informa el defensor.

Diversas voces se levantaron para defender la honorabilidad del estudiante. Casi mil firmas de estudiantes, académicos y defensores de derechos humanos de diversos países reconocen al muchacho y la labor que realiza su familia. Mario Padrón, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, está pendiente caso. El filósofo y rector de la UACM, Enrique Dussel, expresó su voluntad de defender al estudiante, a quien visitará en el reclusorio.

 “El caso de Marduk es paradigmático porque es un joven deportista con dos carreras universitarias, y el juez que lleva la causa penal declara que  fue la adrenalina la que lo pudo orillar a robar”, informa Soto. “Ningún tratadista nos habla en materia penal de que por simple adrenalina se cometa un delito; no estamos dando cuenta del nivel de los juzgadores”, precisa.

“Esta que se llama a sí misma izquierda y gobierna en el Distrito Federal mantiene un doble discurso”, acusa el abogado. “Ellos deberían ser los primeros en dar ejemplo de transparencia y de enmendar errores de tipo judicial”.

La tesis del derecho penal del enemigo

“Entre más se utilice el sistema penal, hablamos de menores espacios de libertad”, reflexiona Sergio Soto. Sin embargo, en México vemos “cómo cada vez más se criminaliza la protesta social y se involucra el derecho penal como medio de control contra los movimientos sociales, el magisterio, las policías comunitarias, los normalistas, los zapatistas, los jóvenes que regresan a su casa de una fiesta. Esto refleja una tentación de autoritarismo y control social”.

El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tituló su tesis profesional “¿El derecho penal del enemigo en México?”, mientras su alumno, Jesús Rodríguez Almeida -ahora secretario de Seguridad Pública- llamó a la suya “Teoría del Derecho Penal del Enemigo”.

Los fundamentos de estas tesis se aplicaron, señala Sergio Soto, “en los regímenes de excepción, en específico en Chile, y más recientemente el 11 de septiembre (en Estados Unidos). Señalan a la persona no como un problema social a resolver, sino como un enemigo a quien reducirle al mínimo sus derechos”. El abogado precisa que Mancera participa en esta corriente ideológica.

Rudolph Giuliani fue alcalde de Nueva York en 1993 y propuso para México bajar  la tasa delincuencial con un programa de seguridad pública llamado “Cero Tolerancia”. El gobierno de Marcelo Ebrard implementó este esquema siendo secretario de Seguridad Pública Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno en la administración actual.

“Al Estado no le conviene someterse a la legalidad”, apunta Soto.

Libertad en movimiento

El movimiento por la libertad de Marduk empezó con la familia y amigos, pero ya generó simpatía en diversos sectores, que se manifiestan con cartas, firmas, producción de videos, entre otras formas en las que relatan la injusticia que cometen los funcionarios públicos en la Ciudad de México. La red crece con la participación de artistas, estudiantes y organizaciones civiles, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Fundación por la Democracia y el Comité Estudiantil Metropolitano, entre otras.

“El tema es el enfrentamiento del ciudadano y el Estado. Ahora los ciudadanos tienen que luchar por sus derechos; el Estado no entiende, quiere controlar y no quiere someterse a una legalidad y a una transparencia en su actuar, sea del partido que sea”, describe Soto.

Señala que para el caso de Marduk, “se plantea la posibilidad de que el caso lo tome Amnistía Internacional de Bélgica, como un caso paradigmático y como un preso de conciencia del gobierno del Distrito Federal”.

En la voz de Marduk

Existen muchos casos dentro de la cárcel que no tienen voz y están pagando un delito que no cometieron, recalca Sergio, que agrega que todos estamos expuestos a que alguien nos acuse o nos detengan injustamente por nuestra apariencia o por caminar en la noche. La solución, indica, está en sensibilizar a la gente, darle a conocer sus derechos humanos y que sepa qué hacer frente al Estado.

Lo fundamental es “no callarnos ante el abuso de poder y las detenciones arbitrarias; tenemos que identificar a los servidores públicos que lo hacen, tomar datos, nombres, buscar testigos”, indica Sergio, que ilustra que muchas de las detenciones ocurren en la noche o en la madrugada para que nadie se dé cuenta. “Se tiene que cambiar la lógica del Estado, y los derechos humanos tienen que ayudarnos a cambiar esta relación”.

El abogado finaliza diciendo que sólo vamos a tener otro tipo de justicia cuando intervengamos en supervisión del aparato que la imparte.