México, DF. “El Estado de México tiene un gobierno represivo, estamos encontrando comunidades golpeadas al estilo Atenco”, relata Antonio Lara, miembro del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), “hay mucha invisibilidad, lo que preocupa a los defensores de derechos humanos que estamos ahí”, completó.

Creado en 2012 y motivado por el elevado índice de feminicidios, la lucha por la vivienda y las amenazas representadas por los megaproyectos, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero nació de una necesidad común: defender a los pueblos en una zona marginada que no contaba con una organización de derechos humanos.

Feminicidios, despojos y violencia

El Estado de México, uno de los estados más densamente poblados, cuenta con 18 millones de habitantes y 125 municipios. La zona conurbada de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Netzahualcóyotl concentra la más alta densidad poblacional. Después de los sismos de 1985, muchas familias desplazadas se mudaron a esta zona. La migración por demanda de empleo fue otro factor de la alta población de la zona.

El CDHZL identifica que detrás de los municipios conurbados se encuentran pueblos que mantienen sus tradiciones, usos y costumbres. “Son poblaciones que conservan su agua y bosque y que son amenazadas por las políticas neoliberales de despojo de sus recursos naturales”, informa Lara.

Casos como el de San Salvador Atenco – con despojos y violaciones a los derechos humanos – pasan seguido, afirmó el activista, para quien la comisión de derechos humanos del Estado de México funciona como un apéndice de los intereses del gobierno. “no se investigan ni se protegen las faltas a los derechos. Esto genera demandas de vivienda, servicios públicos, dado por el ritmo creciente de la población”.

Uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades es la violencia contra la mujer. Del total de feminicidios que ocurren en todo el país, el 20 por ciento ocurren en el Estado de México. Ecatepec es el municipio más afectado. “Las autoridades de gobierno tratan los feminicidios como un problema de imagen pública, no como violaciones a los derechos humanos. La zona centro se está convirtiendo en una disputa por la ‘plaza del centro de México’, y las mujeres son vistas como mercancía para pagar favores a grupos de narcotráfico y de trata de personas”, denunció Antonio Lara.

La demanda por vivienda, que coincide con el crecimiento de la mancha urbana en el Estado de México, se tradujo, desde las represiones gubernamentales iniciadas en 2011, en protestas y plantones. “Grupos policías vestidos de civil atacaron como parapolicías y realizaron detenciones”, cuenta Antonio Lara. En este contexto, 40 personas fueron encarceladas por acusaciones relacionadas a la vivienda.

Otro de los problemas que padecen las comunidades mexiquenses es la llegada de los megaproyectos. “El Bosque Otomí Mexica, que va del municipio Lerma hasta el municipio de Tepotzotlán, al norponiente del Estado de México, se encuentra acechado por el mega proyecto ‘Ampliación Zona Esmeralda’. Pretenden imponer en la región desarrollos carreteros, inmobiliarios y comerciales a costa del agua y bosque de los pueblos”, ejemplifica el miembro del CDHZL.

Articular las comunidades y defender sus derechos

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero se encuentra en la zona metropolitana y trabaja con una perspectiva estatal. Su nombre es un homenaje a la persona más grande de la organización que, cuenta Antonio Lara, “trabajó por más de cuarenta años de una manera invisible en el Estado de México”.

La mayoría de sus miembros, principalmente jóvenes abogados, psicólogos y comunicadores, viene de la lucha social y del movimiento estudiantil. “Algunos participamos en el huelga de la UNAM de 1999”, comenta Antonio Lara. “Nos mantuvimos en el movimiento estudiantil al menos hasta 2006 y después nos fuimos a apoyar a algunas organizaciones populares de Naucalpan, Atizapán, y Nicolás Romero. Nos integramos a la Alianza Única del Valle y comenzamos el trabajo organizativo”, recordó el activista.

La idea de tener una asesoría jurídica para dar respuestas legales ante la represión, surgió en principio por la acción gubernamental contra el movimiento por la vivienda en el estado. “Comenzamos a tejer relaciones con otras organizaciones sociales de la sociedad civil y de derechos humanos. Establecimos relaciones con Servicios para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria”, explica Lara.

El Centro Zeferino Ladrillero busca no limitarse a una demanda u organización. Para ellos, puntualiza el entrevistado, lo principal es “buscar siempre la defensa de comunidades y pueblos que son víctimas de abusos a sus derechos humanos”.

El pasado el 7 de julio se celebró su primer aniversario, al cual asistieron 38 pueblos, organizaciones y comunidades que, informó el activista de derechos humanos, “defienden sus territorios y exigen servicios públicos”. El objetivo del encuentro fue articular los proyectos de resistencia a las políticas neoliberal existentes en el Estado de México.

Para garantizar los derechos de los pueblos, Antonio Lara hizo un llamado “a reconstruir el tejido social y a defender los derechos humanos desde el pueblo, pues las comunidades son las únicas que pueden hacerlos realidad”, finalizó.

Publicado el 09 de septiembre de 2013