El 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, instituido por la ONU en 1977. Ese día en muchos países del mundo, desde comités de solidaridad hasta gobiernos realizan actos de conmemoración, ondean banderas palestinas y hacen discursos inflamados a favor de la causa palestina. Pero difícilmente haya una fecha más ambigua en el calendario político, pues implica que quienes apoyamos el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación celebremos el día en que la comunidad internacional resolvió despojarlo de más de la mitad de su territorio.

En efecto, la fecha recuerda la Resolución 181 de la Asamblea General (AG) de la ONU, que en 1947 recomendó dividir el territorio de la Palestina histórica para crear dos Estados, uno judío y uno árabe. La recomendación había sido hecha por un comité especial (UNSCOP) creado para resolver la cuestión palestina, después de que el gobierno británico anunciara su decisión de abandonar Palestina en febrero de 1947 y trasladara el futuro del país a la ONU. La mayoría del UNSCOP (pues no logró un consenso), con visión occidental y absoluta prescindencia de los intereses del pueblo árabe nativo, concluyó haciendo una recomendación a la AG.

La resolución 181 suele ser invocada como el fundamento de la creación del Estado de Israel por parte de la ONU. El sionismo la considera su ‘piedra fundamental’. Sin embargo numerosos expertos han señalado la falacia de semejante afirmación con solidez jurídica e histórica: ni la Asamblea General ni el Consejo de Seguridad tienen potestad para crear ni para partir países o disponer de su territorio. La resolución, como bien señalaron los países árabes, iba contra la letra y el espíritu de la Carta de la ONU.

También hubo argumentos fuertes en contra de la idea de partición porque iba contra la voluntad y el derecho de autodeterminación del pueblo palestino; un derecho recién consagrado por la flamante ONU, en un contexto mundial y regional de descolonización y surgimiento de estados independientes. Sin embargo, cediendo a la presión sionista, desconociendo las voces críticas e incluso la propuesta sensata de los países árabes de elevar la cuestión a la Corte Internacional de Justicia, la AG aprobó la recomendación.

La idea de dividir el territorio entre los nativos y los colonos inmigrantes no se dio en ningún otro caso histórico. Además el plan de partición otorgaba a la minoría judía inmigrante el 54 por ciento del territorio; una división desde todo punto de vista injusta y arbitraria, considerando las realidades demográficas del país. A fines del siglo XIX la población judía constituía el 2 por ciento de la población. Al final de la I Guerra Mundial –ya iniciada la inmigración sionista- alcanzaba al 10 por ciento. La continua y masiva inmigración desde Europa promovida por el sionismo y facilitada por el Mandato británico –ante la protesta y resistencia de la población árabe nativa- hizo que a fines de la II Guerra Mundial los judíos fueran la tercera parte de la población de Palestina, aunque se trataba en su gran mayoría de inmigrantes europeos recién llegados y que poseían apenas el 6 por ciento de la tierra.

Lo que está poco analizado es el triste papel jugado por los países latinoamericanos, aliados de una Europa con mala conciencia por el reciente Holocausto y atrapados en su área de influencia. Guatemala, Perú y Uruguay integraron el UNSCOP y se alinearon con la posición que recomendó la partición. Y en la Asamblea General, la gran mayoría de nuestros países votó a favor; otro grupo menor se abstuvo, y sólo Cuba votó en contra. En un mundo que salía de los horrores de la II Guerra Mundial, en una ONU recién creada para no repetirlos, y en pleno impulso descolonizador de Medio Oriente, los países latinoamericanos le dieron la espalda al pueblo directamente afectado por el proyecto colonial europeo, alineándose con los nuevos y viejos colonizadores. Hasta el día de hoy Israel no pierde oportunidad de recordarlo y agradecer ese aval latinoamericano para su nacimiento.

Conviene aclarar que los sionistas, que no simpatizaban con la partición porque querían la totalidad de “la Tierra de Israel”, no obstante la aceptaron como solución temporal, pues les daba el pretexto que necesitaban para iniciar la conquista y apropiación del resto del territorio.

Efectivamente, inmediatamente después de aprobada resolución, las milicias sionistas empezaron en diciembre de 1947 la limpieza étnica de aldeas, pueblos y ciudades palestinas, expulsando con violencia a la población árabe y destruyendo su infraestructura urbana para hacer imposible su retorno y a la vez borrar las huellas del crimen. En el relato oficial sionista, la “guerra de independencia” israelí comenzó con “la agresión de los ejércitos árabes vecinos” en mayo de 1948; pero la investigación histórica ha dejado claro que mucho antes de que un solo soldado árabe pisara Palestina para frenar el avance de las fuerzas sionistas, éstas ya habían despoblado y arrasado muchas localidades palestinas.

El resultado de esa campaña fue que un año después Israel había conquistado casi el 80 por ciento del territorio. Y esas ‘fronteras’ adquiridas mediante la guerra -y la firma del armisticio con los países árabes- quedaron legitimadas en mayo de 1949 cuando la ONU admitió a Israel sin exigirle ninguna de las condiciones establecidas previamente: retrotraerse a las fronteras previstas en el plan de partición, reconocer el estatus especial de Jerusalén y permitir el retorno de la población palestina expulsada. El resto del territorio palestino (Gaza y Cisjordania) fue conquistado en 1967 mediante otra guerra.

Ahora bien, cuando se habla de poner fin a la ocupación, de que Israel se retire de esos territorios y permita la creación de un Estado palestino, no se alude a la división del territorio propuesta en la resolución 181 (nunca implementada) sino a esas fronteras -originalmente provisorias- surgidas de la conquista bélica, y por lo tanto ilegítimas según la Carta de la ONU. Y aun así Israel se niega hoy a quedarse ‘sólo’ con ese 80 por ciento de territorio palestino histórico, y en cambio avanza su colonización implacable de lo poco que va quedando de él.

Este 29 de noviembre se cumplen también cuatro años de que la Asamblea General de la ONU aprobó la incorporación de Palestina como Estado observador. Este voto mayoritario, que tuvo el apoyo masivo de los países de Asia, África y América Latina, no se tradujo en absolutamente ningún cambio real para el pueblo palestino, que sigue sobreviviendo bajo ocupación militar y colonial en Cisjordania y Gaza, discriminado dentro de Israel y en su gran mayoría refugiado o exiliado, sin poder regresar a su patria.

Esta fecha es entonces una oportunidad para recordar lo que otras veces hemos dicho en esta columna: la cuestión palestina no va a resolverse sin poner fin al sionismo, ese resabio colonial que ha dado origen a un peculiar Estado organizado sobre la base de la supremacía étnico-religiosa del grupo colonizador. En otras palabras, hasta que la etnocracia se convierta en democracia, y todas las personas que habitan sobre esa tierra tengan los mismos derechos, no habrá paz ni menos justicia; no sólo en Palestina, sino en toda la región donde el proyecto sionista fue implantado hace casi siete décadas.

Y quienes queremos practicar una solidaridad efectiva con el pueblo palestino tenemos una herramienta que está demostrando por primera vez tener un impacto real: la campaña global de boicot, desinversión y sanciones (BDS) para presionar y aislar a Israel hasta que respete el derecho internacional y los derechos palestinos.