Palestina, las cosas por su nombre

María Landi

La respuesta a la criminalización es siempre más solidaridad

¿Cómo resumir todo lo ocurrido en los últimos dos meses en el territorio palestino sometido a la ocupación colonial y el apartheid israelíes? ¿Qué hechos destacar como más relevantes entre la lista interminable de violaciones y abusos cotidianos impunes que se cometen allí?

Durante octubre y noviembre seis presos políticos palestinos han llevado a cabo prolongadas y agónicas huelgas de hambre –de más de 100 días en algunos casos, y con hospitalización− solo para protestar contra la llamada detención ‘administrativa’: la práctica arbitraria de mantener a las personas detenidas indefinidamente sin cargos ni juicio. Este proceder habitual de Israel es violatorio del más elemental debido proceso; la justificación del régimen es que el servicio de inteligencia (Shin Bet) está investigando al detenido. Así, el secreto garantiza la impunidad y la arbitrariedad del sistema.

Y como es habitual, las autoridades israelíes dejan que los presos en huelga de hambre lleguen al límite de deterioro de su salud para negociar una fecha de liberación cercana. En algunos casos se da la absurda situación de que al preso hospitalizado se le “suspende” temporalmente la detención administrativa y su familia puede incluso visitarlo −probablemente por un cálculo perverso que busca angustiar a los familiares y hacer que presionen a sus presos para que suspendan la medida−. Es el caso de Kayed Fasfus y Miqdad Qawasmi, a quienes se les otorgó una fecha de liberación cuando estaban al borde de la muerte. El hecho de que se acepte liberarlos, además, demuestra que su detención fue arbitraria; y que se espere más de 100 días para admitirlo, dejando que su salud sufra daños potencialmente irreversibles, es un acto de crueldad típico del régimen. En este momento todavía dos prisioneros continúan en huelga de hambre: Hisham Hawwash (más de 100 días) y Lo’ai Ashqar (más de 50 días) sin que se haya alcanzado un acuerdo para su liberación.

Criminalizar para silenciar

Sin embargo otra noticia se robó los titulares este bimestre: a mediados de octubre el Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa israelí Benny Gantz decretó que seis organizaciones de la sociedad civil palestina son “terroristas”. Sin mostrar ninguna prueba, las acusó de ser un brazo del Frente Popular para la Liberación de Palestina y de desviar fondos de donantes internacionales hacia ese partido. Una investigación periodística de The Intercept y +972 Magazine reveló que no existe prueba documental alguna que sustente la acusación.

Entre las organizaciones acusadas están las más prestigiosas ONG de derechos humanos: Al Haq (principal impulsora de la investigación contra Israel abierta en la Corte Penal Internacional, donde uno de los acusados es justamente Benny Gantz, que en 2014 comandaba el ejército durante el brutal ataque a Gaza), DCI-P (rama palestina de Defensa de la Niñez Internacional, que defiende a niños palestinos en los tribunales militares israelíes, denuncia los abusos que sufren y hace incidencia en el Congreso de EE.UU. contra la ayuda militar a Israel) y Addameer (principal organización de apoyo a las y los presos políticos mediante la defensa legal, la elaboración de informes y la incidencia política).

Las otras tres son: la UAWC (Unión de Comités de Trabajo Agrícola, miembro de la Vía Campesina, que ayuda a miles de agricultores a cultivar, recuperar y defender sus tierras, especialmente en la crítica zona C que Israel pretende anexar para expandir sus colonias); la UPWC (Unión de Comités de Mujeres Palestinas, una organización de base que busca empoderar a las mujeres para defender sus derechos en la sociedad palestina y resistir la colonización israelí) y el Centro Bisan (ONG de investigación que produce informes críticos sobre la pobreza resultante de la asfixia económica israelí y elabora propuestas para impulsar la autonomía económica palestina).

La criminalización de estas ONG es parte de una campaña permanente de Israel para aplastar el exitoso trabajo que la sociedad civil palestina viene haciendo en los últimos 15 años para desenmascarar al régimen de apartheid. Como dijo Sahar Francis, Directora de Addameer: “Nos atacan porque estamos logrando cambiar el paradigma”, refiriéndose al consenso internacional creciente de que Israel es un régimen colonial y de apartheid. En efecto, un informe del Observatorio para la Protección de Defensores/as de DD.HH. constató que las estrategias puestas en marcha por el régimen israelí son tres: deslegitimar las voces críticas de la sociedad civil palestina y etiquetarlas como “terroristas” o “antisemitas”; presionar a las instituciones para que no den una plataforma a esas voces y perspectivas palestinas; y presionar a los donantes para que se corten las fuentes de financiación de las organizaciones palestinas que luchan para que Israel rinda cuentas ante la comunidad internacional. Como consecuencia, la cooperación extranjera ha intensificado su escrutinio de las ONG palestinas, imponiéndoles más condicionamientos y exigencias. Sin embargo, en ninguna de las muchas auditorías realizadas se encontró nada que corroborara las acusaciones de Israel.

Además de demonizar su trabajo, Israel ha detenido al personal de estas organizaciones y atacado sus oficinas, ha perseguido a sus beneficiarios y amenazado a sus aliados internacionales, ha amedrentado a sus donantes y cerrado sus plataformas de financiación. De hecho el decreto de Gantz estuvo precedido de una serie de ataques: en julio las tropas israelíes invadieron las oficinas de DCI-P y de Bisan en Ramala, destruyeron equipamiento y robaron computadoras; también la sede de la UAWC fue allanada y clausurada por seis meses. En junio los soldados habían saqueado y clausurado la sede de otra organización emblemática: HWC (Comités de Trabajo para la Salud, que tiene la única clínica para mujeres con cáncer); con la misma acusación de desviar fondos para el FPLP, arrestó a tres de sus responsables.

La criminalización de estas organizaciones desató una lluvia de declaraciones de repudio y una campaña virtual de solidaridad global con la sociedad civil palestina, bajo el hashtag #StandWithThe6. No obstante, el Director de Al-Haq, Shawan Jabarin, recordó en una gira por Europa que las palabras no son suficientes: “Israel puede vivir por siempre con condenas. Pero no puede vivir con sanciones efectivas ni siquiera por días o semanas.” Y reflejando el espíritu de las seis organizaciones –que en una conferencia de prensa reafirmaron el compromiso de continuar su trabajo en defensa de los derechos palestinos−, afirmó refiriéndose a los dirigentes israelíes: “Ellos son los criminales, ellos son los terroristas, ellos son los opresores que cometen crímenes internacionales. Deberían estar en La Haya entre rejas. Tenemos que ir tras ellos.”

Bajo rigurosa vigilancia, no solo en Palestina

Expertos informáticos de la organización Front Line Defenders descubrieron que los teléfonos móviles de varios integrantes de las ONG criminalizadas habían sido hackeados con el nefasto spywarePegasus de la empresa israelí NSO Group. Este software ofrece un control total sobre los celulares hackeados, incluyendo imágenes y documentos, historial de chats y llamadas, datos de localización y cámaras. Puede rastrear cualquier comunicación realizada a través del celular y espiar reuniones y conversaciones. Como reveló el consorcio global ciudadano Proyecto Pegasus (ver mi columna de julio), NSO Group produce servicios de ciberseguridad (léase: vigilancia y espionaje) utilizados por gobiernos represivos para vigilar y perseguir a cientos de periodistas, opositores políticos y activistas sociales.

La experta en cibervigilancia Sophia Goodfriend aclaró que −como revelaron  testimonios de ex oficiales de inteligencia israelíes y empleados de NSO−, estas empresas privadas están íntimamente conectadas con el establishment militar, y sus productos son fundamentales para el propio arsenal de vigilancia israelí. La experta también denunció que Israel aprovecha la total falta de regulación internacional  sobre el uso de estas tecnologías de vigilancia, que constituyen una amenaza a la libertad de expresión e incluso a la integridad y la vida de las personas atacadas.

 Por eso el movimiento BDS palestino llama a los movimientos sociales de todo el mundo a unirse en la campaña que exige prohibir la cibervigilancia, poner fin a su rol en la violación de los derechos civiles, detener los negocios sucios −y mortales− de NSO Group en todo el mundo, y –sobre todo− que los Estados pongan fin a las relaciones militares y de seguridad con el régimen de apartheid.

Otro 29 de noviembre para pasar a la acción efectiva

El próximo lunes 29 se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, instituido por la ONU. Se trata de una conmemoración ambigua, pues la fecha marca la injusta y poco ética partición de Palestina entre colonizadores y colonizados, recomendada por la flamante ONU el 29 de noviembre de 1947. Desde entonces y por 74 años el pueblo palestino ha soportado el brutal régimen israelí de apartheid, colonialismo de asentamiento y ocupación militar que le niega sus derechos a la libertad, la justicia y la igualdad en su patria.

No obstante, como afirma el Comité Nacional Palestino de BDS (BNC), la marea está cambiando: “En los últimos 18 meses se han intensificado en todo el mundo los llamados a que la ONU investigue el apartheid israelí, sobre todo desde Sudáfrica y Namibia, así como de cientos de líderes políticos y de la sociedad civil del Sur Global.” En 2020, 47 expertos/as independientes del Consejo de DD.HH. de la ONU declararon que los planes del gobierno israelí de anexionar formalmente grandes partes de Cisjordania ocupada constituirían “un apartheid  en el siglo XXI”.

Y para que nuestra solidaridad con la causa palestina sea realmente efectiva y no solo declarativa, este 29 de noviembre el BNC sugiere acciones concretas, que incluyen:
– Exigir que la ONU investigue el Apartheid, firmando la petición y difundiéndola en las redes sociales con el hashtag #UNinvestigateApartheid!; y presionar a gobiernos y parlamentos para que también exijan a la ONU investigar el apartheid israelí.
– Boicotear a la empresa deportiva PUMA y
exigirle que deje de ser sponsor oficial de la Asociación de Fútbol Israelí, que incluye clubes de las colonias ilegales en el territorio palestino robado.
– Utilizar el hashtag #NoTechForApartheid y
exigir a Google y Amazon que pongan fin al contrato firmado con el gobierno y el ejército israelíes para proporcionar servicios de almacenamiento en la nube, que sin duda aumentarán la vigilancia y la represión sobre la población palestina.

Y en la región latinoamericana, agregamos dos campañas en las que también podemos participar: StopCemex (para exigirle al gigante cementero que ponga fin a su actividad lucrativa en las ilegales colonias israelíes) y Embargo militar a Israel.

Como expresó Shawan Jabarin, a pesar de las frustraciones y los obstáculos que enfrentan a la hora de conseguir apoyo oficial para su justa lucha, las y los activistas palestinos se sienten animados por el abrumador apoyo popular recibido, dentro y fuera de Palestina. “Contamos con nuestra gente, con nuestros amigos y amigas en todo el mundo”, añadió el veterano abogado, elogiando a los gremios profesionales, estudiantiles y académicos, y a parlamentarios y personalidades que rechazaron el ataque de Israel contra las organizaciones palestinas. “Pueden destruir casas, pueden matar, pueden detener, pueden clausurar, pueden cerrar tal o cual oficina, pueden hacerla volar –sostuvo con firmeza−. Pero no pueden cambiar nuestras convicciones y nuestra fe en la justicia.”

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