México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está ante la oportunidad de reconocer por primera vez el derecho a las tierras ancestrales de un pueblo, en el caso de los choles del ejido Tila; de lo contrario, demostraría que “trabaja para los capitales”, indica Francisco Pérez, comisionado del ejido para difundir el caso.

La discusión en la Suprema Corte está programada para la primera semana de marzo y los habitantes del ejido dicen que están confiados en una resolución favorable, que constaría de un mecanismo concreto para que se les restituya la posesión comunitaria de 130 hectáreas (52 del poblado y 78 de cultivo) que les fueron despojadas desde 1980. Aunque tienen ganado un amparo, nunca se operó un mecanismo para restituir la tierra a sus legítimos propietarios.

La historia de despojo de territorios ancestrales, fundamentales para el desarrollo económico y espiritual de los pueblos originarios, se repite una vez más con el ejido Tila. Estas tierras fueron reconocidas a sus habitantes, choles, por resolución presidencial en 1934. Las ambiciones no tardaron en llegar y los choles han batallado por más de 40 años para que les devuelvan lo que desde hace siglos es suyo. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar las 130 hectáreas en disputa a la presidencia municipal, pero “nuestros abuelos metieron el amparo 890/77”, que ganaron en definitiva en 1994, recuerda Francisco en entrevista con Desinformémonos.

El siguiente intento fue en 1982 y fue también más directo: el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse pero se “perdió” en los escritorios de la burocracia.

Después de una fuerte represión que sufrieron los choles en 2005, se pusieron a buscar dicho amparo, que apareció en Toluca, Estado de México. El recurso se ganó en 2008, pero el ayuntamiento no restituyó la tierra a los ejidatarios, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El caso se envió a la SCJN, que estuvo a punto de analizarlo en agosto de 2012 pero lo aplazó casi siete meses.

El territorio en disputa

Las 130 hectáreas no son cualquier pedazo de tierra. Además de que los ejidatarios necesitarán la parte cultivable para sus descendientes, porque de lo contrario la única opción que les queda es migrar a la ciudad, dentro de esa superficie está la iglesia del Cristo Negro, que se apareció ahí en tiempos de la Revolución. “Es muy venerado y llegan gentes de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, el Distrito Federal”, señala el comisionado. Además de la veneración que le tienen los ejidatarios y los fuereños, el movimiento de los peregrinos es una fuente complementaria de ingresos para los habitantes de Tila.

Otro motivo está en las cuevas, que para los choles son sagradas y para el gobierno municipal son más bien una oportunidad de una instalación ecoturística. “A todas esas cuevas llegamos a poner velas, ofrenda, a hacer oraciones”, indica el joven. “Ya no vamos a tener derecho de entrar, vamos a tener que pagar”, complementa.

Además, en la parte del poblado el gobierno municipal fraccionó lotes desde 1980 y los vendió ilegalmente como terrenos particulares, escriturados de manera irregular. “Engañaron a gente de Yajalón, de Ocosingo, de San Cristóbal”, indica el joven chol.

Las autoridades, denuncian los ejidatarios, los acusan de ser rijosos y de querer expulsar a la gente que llegó engañada a comprar los lotes. “Nosotros no estamos en pleito con nuestros hermanos”, apunta Francisco. “Ellos ya entendieron que tenemos la razón”, indica el joven, y precisa que los avecindados podrán quedarse ahí, pero con el régimen de propiedad ejidal de la tierra, no como propiedad privada.

“Pero si nos corren de este lugar (con la expropiación), ¿a dónde nos vamos? En la ciudad nos enfermamos, ahí es otra cosa; aquí sacamos nuestro frijol, nuestro maíz, nuestro café”, alega Francisco. “Llevamos más de 48 años pidiendo justicia, tenemos derecho de trabajar la tierra”, agrega.

Estos choles no buscan indemnizaciones, sino recuperar la propiedad de las tierras que son tan importantes para su vida. “Ahí enterraron nuestro ombligo cuando nacimos”, ejemplifica el joven Pérez.

“Queremos que se respete la legalidad de la tierra y la resolución presidencial que ganaron nuestros abuelos con tanto sacrificio”, declara Francisco. “Por eso estamos hoy aquí en esta lucha”, agrega, “para ver si la Suprema Corte va a dar una justicia plena y con derecho”.

Los ejidatarios están acostumbrados “a no ser escuchados”, y le piden a la Suprema Corte “que voltee a ver este rincón de la Zona Norte, a este pueblo que está cansado de no ser escuchado”.

Si la justicia no llega, “ya el pueblo decidirá qué es lo que sigue” pero siempre organizados y caminando, finaliza el joven ejidatario.

Publicado el 4 de marzo de 2013