México DF. Durante los últimos seis años, alrededor de 250 mil  personas han tenido que dejar su hogar y desplazarse dentro del país para buscar un lugar más seguro en dónde vivir. De acuerdo con la Agencia de  Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR), los «desplazados internos» son aquellas personas o grupos de personas que sin haber cruzado una frontera internacional, se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, o bien por situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano”.

Raúl Romero, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que “desgraciadamente no hay un número claro sobre los desplazamientos forzosos en México pues no son reconocidos y no son cuantificados porque hay un desinterés del Estado hacia las víctimas y porque es una nueva forma de criminalización”.

Las fuentes que proporcionan datos acerca del número de desplazamientos son diversas organizaciones no gubernamentales y periodistas, aunque esa es “una tarea que el Estado debería de hacer”, señala el académico de la UNAM. Las cifras son muy variables. Los datos, provenientes de diferentes fuentes, van desde  los 260 mil hasta un millón de desplazados.

Se ha generado migración interna y externa, “ya sea del campo a las ciudades, de ciudades del norte del país al centro y también del norte hacia los Estados Unidos” señala Raúl Romero. Se cree que alrededor de la mitad de los desplazados han cruzado a los Estados Unidos, lo que implicaría que hay unas 115 mil personas que viven en ese país a causa de la violenta situación del país.

En Chihuahua, la violencia ha provocado la huida de familias de manera paulatina, lo que hace que sea imposible dar seguimiento a su desplazamiento; mientras que en Tamaulipas, por ejemplo, en 2010 se produjeron desplazamientos masivos, en algunos casos afectando a municipios enteros. “Hubo lugares donde cárteles tenían un aval social y cuando la guerra contra el narcotráfico arribó a esas comunidades comenzó también la huida de los habitantes”, afirma Romero.

En el Informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) sobre el desplazamiento forzado en México a consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga en el año 2010, se  apunta que “desde 2006 se ha registrado una escalada de violencia sin precedentes”, después de que el cártel de Sinaloa comenzara a disputar el liderazgo del cártel de Juárez y su control de las rutas del narcotráfico.

Los estados con mayor número de desplazados debido a la violencia son Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Veracruz. Ciudad Juárez, en Chihuahua, es la comunidad con más desplazamientos en los últimos años; en 2010, 24 mil 500 personas abandonaron esa ciudad. Durante el 2011, 26 mil 500 tuvieron que abandonar sus hogares en todo el país.

El mismo informe señala que “los tiroteos son frecuentes en las calles de la ciudad, incluso a la luz del día, y los residentes temen salir a la calle de noche”. Los negocios que se han negado a pagar las “cuotas” de los cárteles han sido incendiados o vandalizados. El promedio de homicidios aumentó de 234 al año entre 2000 y 2006, a 317 en 2007, y se disparó a mil 600 en 2008 y a 2 mil 600 en 2009. El índice actual corresponde a 200 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que convierte a Juárez en la ciudad más violenta del mundo. Alrededor de un 28 por ciento de todos los homicidios de México tienen lugar ahí?.

Para Raúl Romero, el de Felipe Calderón “fue el sexenio más sanguinario de los últimos 40 años, periodo en el cual México vivió un retroceso con respecto a América Latina; surgieron nuevos problemas y los existentes se agudizaron: injusticia, impunidad, criminalización… es una regresión histórica”.

Para dimensionar el grado de violencia alcanzado de seis años a la fecha, el Instituto Municipal de Planeación en Juárez advirtió en 2010 que había cerca de 116 mil hogares vacíos. Según la Cámara de Comercio local, del 2007 al 2010, alrededor de 11 mil negocios habían cerrado sus puertas. En cuanto a educación, el Secretario de Educación de Chihuahua reveló que unos 11 mil alumnos aún no se reincorporan a clases. Además, se registró una disminución tanto del consumo de agua como de la cantidad de basura generada por los habitantes de Chihuahua en ese periodo (2007 – 2010).

Raúl Romero recuerda el recorrido hecho por el MPJD durante los últimos meses, en donde hubo interlocución con el Estado. “El diálogo con el Ejecutivo fue lamentable, lleno de traiciones y mentiras”. Romero resume en tres puntos esa interlocución: “se acordó la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, más conocida como PROVÍCTIMAS, donde nos enfrentamos a un Estado soberbio, que no reconocía que las víctimas no son sólo un tema que concierne al crimen organizado, sino que el Estado también es victimario. También se trató el tema del Memorial a víctimas, donde sólo se toma en cuenta a los caídos por el crimen organizado, sobre la vetada Ley de Víctimas, que fue aprobada por Diputados y Senadores, ni por el propio Calderón. Sabemos que la ley no resolverá lo que pasa en el país, sin embargo, dejó ver la poco voluntad política del presidente”, arguye el integrante del Movimiento.

El Estado nunca se hizo cargo de sus responsabilidades, apunta Raúl, “no sólo por las omisiones o por la falta de voluntad, sino por que ha sido un Estado que violenta, que viola derechos humanos y consignas que son respaldadas por tribunales internacionales, los cuales han denunciado que ‘en operativos donde participó la Marina o el ejército de México, hubo un 98 por ciento de violaciones a derechos humanos en contra de la población’”.

El sexenio que se va, estuvo también cargado de hostigamiento, persecución política y criminalización a activistas de derechos humanos, periodistas y a un gran sector de la sociedad civil. “En 2011, el MPJD se pronunció con la consigna de que en México se vivía una emergencia nacional, misma que tenemos el temor de que se convierta en un estado natural de las cosas”, se lamenta Romero.

“El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder tendrá impacto en cuanto a las negociaciones y acuerdos con los grupos criminales en el norte del país -que se establecieron cuando el PRI gobernaba el país. El PRI tiene muy definidas sus prácticas y buscará redistribuir el poder para legitimarse, pero no cambiarán nada de forma concreta, porque, por lo visto, la estrategia de seguridad nacional seguirá en la misma sintonía”, concluye Raúl.

Publicado el 3 de diciembre de 2012