Antídoto contra el silencio y la impunidad

Este miércoles 4 de septiembre, en la colonia Centro de la ciudad de México, se presentó el décimo tercer informe sobre los derechos humanos y los riesgos que conlleva ejercer esta labor en el país. Los encargados de difundir este documento fueron: Gerold Schmidt, Director de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung – Oficina Regional México, Manuel Jabonero, por parte de las Brigadas Internacionales de Paz, Jesús Peña, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos, Alejandro Cerezo de la organización Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH) y Francisco Cerezo, Coordinador del Comité Cerezo México.

Gerold Schmidt comentó que este informe fue un trabajo conjunto donde participaron la Campaña nacional contra la desaparición forzada, organizaciones civiles y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. “La fundación que represento apoyó en la publicación del documento, Defender los derechos humanos en México: silencio e impunidad, la cual documentó de junio de 2023 a mayo de 2024 la violencia que se ejerce contra los DDHH. La fundación fomenta el fortalecimiento del socialismo democrático, contamos con 20 oficinas en diferentes países como Cuba, Costa Rica, Nicaragua entre otros”.

“En este sexenio no hemos documentado ninguna desaparición forzada, sin embargo, el estado ha llevado a cabo un exceso de ejecuciones extra judiciales en contra de los defensores de los DDHH. Es importante no olvidar a las víctimas de sexenios pasados porque hasta el día de hoy no se ha aclarado qué pasó con las víctimas de desaparición forzada. Este informe incomoda al gobierno pero es necesario darlo a conocer. La administración entrante tendrá un gran desafío, no pecar de omisión ni optar por el silencio y la impunidad”, puntualizó.

Por su parte, Jabonero Prieto recordó que las Brigadas de Paz han acompañado activamente al Comité Cerezo desde 2002, “hemos aprendido mucho de ellos, han realizado una labor constante de defensa para los defensores de los DDHH sin tener ningún tipo de miedo. Tenemos una situación adversa, se siguen manteniendo las cifras de agresiones contra los DDHH, el deber de los tres niveles de gobierno tienen el rol de protegerlos, reforzar los mecanismos de protección y no a los autores materiales e intelectuales. Hemos detectado 68 detenciones arbitrarias, no contando la criminalización de la que son objeto. Si comparamos este informe con los anteriores nos daremos cuenta que aumentaron las detenciones en contra de ellos”.

Dijo que “es preocupante saber que existen mil 925 medidas de protección para defensores de DDHH y periodistas. Esta cifra refleja las limitaciones que tiene este mecanismo de protección. Hemos lanzado comunicados constantemente y 34 recomendaciones al gobierno porque nos preocupa lo que está pasando con ellos. Todos tenemos derecho a la protesta pero se necesitan cambios legislativos para garantizar el derecho a usar los espacios públicos, el derecho al ejercicio de la protesta y que el estado genere políticas integrales que propicie ambientes donde puedan expresar sus inconformidades sin poner en riesgo su vida y su libertad”.

“En abril, la comunidad Choluteca del estado de Puebla fue reprimida con armas de fuego por parte de los policías porque están en contra de un megaproyecto. Al parecer, el estado sigue teniendo la disposición de seguir agrediéndolos al cobijo de la impunidad. Ser defensor de los DDHH es una actividad de alto riesgo”, afirmó.

En su intervención, el Alto Comisionado, Peña Palacios, señaló: “Los DDHH son silenciados, reprimidos y criminalizados, a pesar de que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que a pesar de que el gobierno de México lo ha ratificado, ha ejercido una violencia selectiva y colectiva porque afectan sus interés económicos. Utilizan una estrategia para debilitar e inhibir a los defensores. Esto tiene causas estructurales como la ausencia de políticas reales de protección, respuestas insuficientes porque no se enfocan en el respeto, la prevención, la reducción de investigaciones penales porque no agotan más líneas de investigación”.

“La protesta es un instrumento que utilizan las personas y los grupos excluidos para ser escuchados. Debiera ser una obligación de los tres niveles de gobierno reconocer con respeto la contribución esencial de todos los DDHH. Se necesita la derogación de leyes que contemplan la injuria y la difamación para criminalizarlos. Espero que este informe sea el antídoto contra el silencio”, puntualizó.

Bajo este mismo tenor, Alejandro Cerezo compartió las otras violaciones contra los defensores. “Hemos encontrado coincidencias entre este y los anteriores informes: unas semanas antes de la elecciones, disminuyen las agresiones para no perder votantes. Sin embargo, actualmente, los seis estados que presentan mayor índice de violencia contra los defensores y periodistas son gobernados por morenistas: Chiapas, Puebla, CDMX, Oaxaca, Veracruz y Querétaro”.

“Este gobierno que se dice de izquierda, utiliza a uniformados (policías, militares) y grupos de choque como paramilitares para ejercer la violencia. También se incrementó la represión política por condicionar los programas sociales y la persecución por no compartir la ideología del gobierno actual. Por ejemplo, cuando acusan de conservadores a los que no comparten la misma ideología del gobierno. Para criminalizar a los defensores, el gobierno utiliza la difamación y la judicialización a través de la fabricación de delitos. Son agresiones directas y de intimidación”.

“Además de identificar a los perpetradores de la violencia se nos ha olvidado señalar a los beneficiarios que ganan económicamente por acallar los defensores. Es necesario ubicar a los autores intelectuales de las agresiones, sabemos que son protegidos por el estado, no debemos deslindarlos de su responsabilidad. A pesar de la división de poderes y su discurso de autonomía, nos damos cuenta que ninguno de los tres asume su responsabilidad para impartir justicia, siempre terminan echándose la bolita unos a otros”.

“No existe la reparación del daño ni un mínimo de justicia porque en la práctica siguen perpetuando los mecanismos de impunidad. Este gobierno utiliza verdades a medias para tumbar las verdades históricas como hoy está pasando con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. El mecanismo de protección a periodistas y a defensores es insuficiente, se necesita que la ley general de protección a periodistas y defesnores se convierta en una ley federal donde se de el reconocimiento a los Defensores y se garantice y amplíe el derecho a la protesta”, enfatizó.

Antes de concluir el informe, Francisco Cerezo denunció que “en estos últimos 12 meses se llevaron a cabo 180 detenciones arbitrarias contra los defensores de DDHH. Los estados con mayores ejecuciones extrajudiciales fueron en Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Michoacán. De éstos, el 80 % de los detenidos son defensores indígenas”.

“Se suponía que en este sexenio habría justicia pero esto nunca existió. Este informe funcionará como termómetro para saber lo que nos puede llegar a pasar”, concluyeron.