Defender el entorno de la comunidad a veces pone en riesgo la libertad y también la vida. Criminalizar a los ciudadanos a través de la fabricación de delitos y la desaparición forzada es una práctica que utiliza el Estado hasta el día de hoy para acallar las inconformidades.

Así le sucedió a Jorge Pedro Benítez, de 68 años y oriundo de la ciudad de Puebla. A los cuatro años llegó a radicar a la Ciudad de México, estudió hasta el noveno semestre de Comunicaciones y electrónica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Él cuenta:

“Estaba casado y tenía un buen trabajo, esto me permitió comprar mi casita, donde puse un café internet. Vivía bien. En el año 2007 se instaló un puesto de carnitas afuera de mi casa, al momento no me opuse pero después esto se convirtió en un problema. Vendían cervezas a diario, sus clientes se orinaban en la puerta de mi casa, vaciaban aceite y desperdicio de comida en las alcantarillas. Comencé a tener plagas de cucarachas y ratas en mi casa. Me decidí y tomé fotos, fui a denunciarlos al juzgado cívico de Azcapotzalco”.

“Como no resolvían mi problema en la alcaldía, acudí a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT). Ellos vinieron a investigar y se dieron cuenta de que el permiso para vender era para usar dos metros y medio cuadrados pero estaban ocupando más de dieciocho metros, además de que no contaban con un permiso para vender bebidas embriagantes”.

“Me dedicaba a arreglar aparatos de rayos X en hospitales públicos y privados. El 8 de mayo de ese año fui a recoger una orden de trabajo pero en el trayecto me detuvieron un agente ministerial y cuatro madrinas vestidos de negro. Bajaron de un coche particular, era una Nissan plateada, me gritaron ya valiste madre. Me jalaron mi maleta de trabajo, la abrieron e inmediatamente dijeron trae un arma. Me sembraron una magnum 357. Me agacharon y sin esposarme me metieron al auto y me apuntaron con una pistola, me torturaron, me apretaron el cuello con sus brazos y dijeron que era presunto culpable por portación de arma de fuego”.

“A pesar de estar a cinco minutos del lugar donde me detuvieron a la Procuraduría, tardaron más de dos horas y media en llevarme porque hicieron varias paradas antes. Una fue en la avenida de Naucalpan y Periférico, donde después me enteré de que ahí hay una casa de seguridad de procuraduría. Después hicieron otra parada donde los estaban esperando más civiles y les pidieron cuidar el coche, querían aplicarme la ley fuga. Afortunadamente no lo hicieron y finalmente me llevaron al ministerio público de Naucalpan”.

“Me pasaron con un licenciado y lo primero que me dijo fue: ¿Por qué lo niegas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? Tardó mucho tiempo en interrogarme, estaba tratando de cansarme. Una madrina me dio varios golpes en la cabeza con la mano abierta, tuve mucho miedo, manoteé y grité pero nadie llegó a auxiliarme. En ese turno no me pusieron a disposición del ministerio público ni firmaron mi ingreso. Fue hasta el siguiente cuando me pasaron con el médico legista, él no me revisó, lo único que me dijo fue, ¿por qué te trajeron? di la verdad porque si no te van a chingar, te van a refundir”.

“Trataron de meterme terror. No me dejaron hacer ninguna llamada hasta los dos días y medio, ellos me pidieron mi número y marcaron, cuando entró la llamada me jalaron el teléfono y me dijeron que no me pasara de verga porque me iba a ir peor y después colgaron, no pude hablar con mi esposa. No me dieron nada de comer ni de beber, no me dejaron orinar ni de defecar. Se me cerró la garganta, me desmayé y me convulsioné, cuando cobré el sentido tuve frío que ni la colchoneta de la celda me lo quitó”.

“Al otro día un juez me dijo que ya estaba resuelto mi caso, que pronto saldría, fue hasta la madrugada del 10 de mayo cuando me dejaron libre, afuera ya me estaba esperando mi sobrino con dos tortas y un boing. Afuera me enteré de que marcaron a mi casa para extorsionar a mi esposa con 40 mil pesos. Fui a poner una denuncia a la Procuraduría General de Justicia en la causa penal 22/2007 en contra del juez octavo, Dionisio González, del médico forense, Juan López Corona y del agente ministerial, Isidoro López. No conozco el nombre de la madrina que me torturó pero podría reconocerlo”.

“El juez que llevó a cabo el careo me amenazó por continuar con la demanda. Fui a poner una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me atendieron bien pero al final el visitador me dijo ya no le hagas al cuento, mejor olvídate y ponte a trabajar. También acudí a asuntos internos de Naucalpan, me atendió el licenciado Tlahuet pero no me resolvió nada”.

“La junta vecinal de Azcapotzalco se enteró de que salí libre y me invitaron a defender el predio de la unidad deportiva San Isidro, en San Pedro Xalpa. Eran 14 campos de futbol y uno de béisbol, durante décadas estaban para el uso del pueblo, yo jugué de niño ahí. Sin embargo el gobierno federal expropió este lugar para hacer unidades habitacionales para los elementos de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) destruyendo cientos de árboles. Tramitamos amparos para frenar este ecocidio y el despojo pero al final el gobierno nos respondió: El estado así lo decidió y así se va a quedar”. Ese predio disque era para viviendas pero ahora ya esté lleno de locales comerciales. Es obvia la complicidad de quien fuera alcaldesa, Laura Urzúa Velázquez, y del jefe de gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard. Queremos que ahora el gobierno nos restituya este deportivo. Hay un predio que le pedimos que lo expropie, era la fábrica de telas Parisina y se las vendió a la inmobiliaria Banca Misel. Queremos tener un centro ecológico y de diversión para el pueblo, sabemos que tener arboles hará que tengamos agua porque existe desabasto en mi comunidad”.

“En Santiago Ahuizotla tampoco tienen agua. Fui a solidarizarme y a apoyarlos cerrando calles y haciendo protestas. A nuestro compañero Jorge Salinas, el gobierno le sembró droga y fue encarcelado por defender su territorio. Cuando se dio a conocer lo que nos estaba pasando, doce diputados de MORENA quisieron apropiarse de nuestra lucha pero no hicieron nada, no rescataron el predio, pero como vieron que estábamos dando mayor difusión no les quedó más que ayudar a salir al compañero de la cárcel. El problema con el gobierno es personal y colectivo”.

“Me di cuenta que querían criminalizarnos y busqué ayuda. Un abogado me cobraba de 50 a 100 mil pesos por llevar el caso, no tenía ni tengo ese dinero. Afortunadamente vi una publicación en internet del Comité Cerezo, se veían buenos muchachos, me acerqué con ellos, les conté mis problemas y me invitaron a estudiar Derechos Humanos. Me llevaron al tribunal Permanente de Pueblos y expuse mi caso y dictaminaron que hubo violaciones a las normas que protegen a los pueblos originarios porque nunca se nos consultó para hacer estas obras y por la guerra sucia que hicieron contra nosotros”.

“Aprendí a defenderme y sin darme cuenta comencé a llevar el caso de un joven desaparecido desde hace ocho años. En Jacona de Plancarte, Michoacán. Jesús López tenía 20 años cuando tuvo un problema con unos vecinos, no le querían pagar un dinero que le debían y se le hizo fácil llevarse una motocicleta de ellos. Minutos después llegaron los judiciales y se lo llevaron. Nunca lo presentaron al ministerio público y hasta ahorita sigue desaparecido. Detuvieron a cuatro judiciales pero ya dejaron libre a tres de ellos”.

“El abogado y la mama de este joven sufrieron un atentado, les voltearon el carro a propósito con una camioneta cuando ellos iban a una reunión. A la familia los siguen acosando para que dejen el caso en paz, una hermana de él fue a pedir asilo político a Atlanta, Georgia, pero no se todavía si se lo concedieron. Lo último que supe es que el gobierno le ofreció a la madre 20 mil pesos en tres pagos como reparación del daño pero ella no aceptó. Sigo luchando porque se haga justicia para él. Sin querer adopté a un desaparecido” “Aprendí en el Comité Cerezo que las demandas contra el gobierno deben ser también millonarias. Cuando me detuvieron perdí mi trabajo, tenía ya un contrato laboral en Estados unidos pero como estuve detenido ya no pude presentarme. Tengo daño postraumático, todavía me da miedo salir a la calle. Cuando me detuvieron desarrollé problemas de bronco aspiración. En 2018 estuve internado por disfagia a consecuencia de la tortura que recibí. Me dijeron que quizá en cuatro meses resuelven mi caso a mi favor”.

“De este nuevo gobierno no espero nada. Cuando Claudia Sheinbaum estuvo como candidata a jefa de gobierno le entregué copias de mi caso y se comprometió a ayudarme pero tampoco hizo nada. Los planes del gobierno siempre han sido destruir a los pueblos originarios. Los denominan como colonias para que puedan privatizar el agua y las tierras. Será peor este nuevo gobierno porque el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial ya tiene un mismo membrete”.

“Han tratado de comprarme ofreciéndome un puesto como contralor ciudadano del agua en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) pero no acepté. Fui diputado ciudadano por ser víctima de tortura inducida pero ahora, si me llegan a desaparecer ya le pedí hace tiempo al Comité Cerezo y a una persona de mi confianza que sigan la lucha hasta que se me haga justicia”, concluyó.