México. La propuesta priista de modificar el artículo 1 constitucional pone en grave peligro a los derechos conseguidos tras décadas de lucha y que hoy constituyen una barrera para las arbitrariedades del Estado.

Con este cambio, los derechos provenientes de tratados internacionales reconocidos por México estarían por debajo de la Constitución. Así se limitaría su alcance al quitar del bloque las normas internacionales de derechos humanos adoptadas por México.

El valor de los derechos

La lucha por los derechos humanos ha costado muchos años de guerras, discusiones, contraste de ideas, cambios de regímenes de gobierno, pérdida de vidas humanas, comisión de actos inhumanos, discriminación y exclusión, persecuciones, exterminio y demás hechos, suficientes para hacer una apología al daño que los individuos pueden hacerse a sí mismos. Tras esta lucha, tenemos nuestros derechos hoy, tan completos o no como puedan parecernos, resultado de este proceso en continuo cambio. Pero ¿por qué es relevante conocer el valor de nuestros derechos tal y como son actualmente?

 La pregunta no hace alusión a un análisis económico, sino a su relevancia y alcance; a  su contenido y a la fortaleza que han logrado, por mínima que pueda parecer en ocasiones. Alude, sobre todo, al peso propio de los derechos humanos en la forma en que en este momento particular están consagrados en nuestra Constitución.

 Las batallas se han librado (y ganado) en muchos frentes: contra grandes poderes como la Iglesia, reivindicamos derechos como la libertad de expresión, de culto, de educación, etcétera; contra estructuras propias del autoritarismo, logramos derechos políticos, elecciones, equidad y competencia; contra los prejuicios y dogmas ideológicos, conseguimos derechos políticos a favor de las mujeres, derechos de extranjeros, de no discriminación, de salud reproductiva; y en ocasiones también contra concepciones conservadoras y restrictivas de los derechos mismos obtenemos y desarrollamos los derechos económicos, sociales y culturales. Con cada una de estas batallas hemos llegado a una concepción de los derechos completamente distinta a aquella que inicialmente se tenía.

 Se dejó de entender a los derechos como ideas subordinadas a decisiones mayoritarias, como pasaba en el Estado legislativo de derecho, para situarlos por encima de éstas cuando fueran contrarias a ellos, como sucede en el Estado constitucional de derecho (de derechos). Muchos años pasaron para que terminaran situándose en el centro, como el punto principal, no como uno accesorio. Hoy los derechos configuran y limitan, constituyen una barrera para el Estado y para las arbitrariedades que éste busque cometer, aunque en la práctica muchas veces se vean superados y vulnerados de muchas formas.

 En México, este salto se dio formalmente con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, reconocida por muchos países y organismos internacionales, ampliamente abrazada por la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales protectoras de derechos humanos. Básicamente, la reforma elevó las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales a un rango constitucional, es decir, a su mismo nivel; fortaleció los derechos y amplió su contenido siempre en favor del individuo para todos los casos concretos que se presentaran: en resumen, los volvió más protectores y más valiosos.

 Es la misma Constitución la que establece este procedimiento de homologación de los derechos: tienen el mismo valor o jerarquía los derechos humanos constitucionalmente reconocidos y los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Como resultado, se dio un crecimiento en el núcleo de derechos reconocidos que el Estado está obligado a salvaguardar (promover, respetar, proteger y garantizar). En materia de derechos, fue el logro constitucional más relevante de los últimos años. Este triunfo dotó a las libertades un valor aún mayor, pero la lucha de los derechos, como la de la democracia, no termina nunca.

 La calma de este triunfo en materia de derechos humanos duró solamente año y medio. Recientemente surgió un intento de echar atrás esta victoria, con la intención de reducir el contenido y debilitar los derechos. Muy a principio del año, el Diputado Francisco Arroyo Vieyra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una propuesta de reforma al artículo 1o. constitucional que, al agregar un enunciado al final al segundo párrafo, busca echar atrás la modificación jerárquica de las normas de derechos humanos antes explicada. Con este cambio, los derechos provenientes de tratados internacionales reconocidos por México estarían por debajo de la Constitución, y esta sería siempre aplicada por encima de ellos en caso de presentarse alguna «contradicción» entre ambos ordenamientos. A manera de sí o no, como una regla.

 El nuevo bloque de derechos humanos (constitucionales e internacionales) se destruiría. Se le extirparía, como se hace con un tumor, la dimensión internacional, para hacerlo más pequeño. Porque al final eso es lo que significa el intento de regresión sobre el artículo 1o. constitucional: limitar su alcance al quitar del bloque las normas internacionales de derechos humanos adoptadas por México, mermando de esta forma el valor actual alcanzado en la materia.

 Las organizaciones y activistas protectores de derechos humanos respondieron el ataque y se volcaron sobre el diputado. Fortalecidas por los especialistas y académicos de distintas áreas (en especial de derechos humanos), denunciaron lo regresivo de la propuesta. A través de distintos medios de comunicación atacaron al unísono los erróneos argumentos y las falsas contradicciones que planteaba.

 El golpe fue contundente. El promotor de la contrarreforma se replegó y aseguró que «no movería un dedo» para impulsarla, aunque no la retiraría. Pero como en la lucha por los derechos las estrategias son muchas, otro legislador (también del PRI), Raymundo King, retomó la iniciativa con la intención de promoverla. La distracción o deslinde salió bien. El costo político de estar en el centro del problema, recibiendo la presión de todas las organizaciones y especialistas pareció ser muy alto, y cedió la ofensiva a uno de los legisladores que funge como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales (encargada precisamente de dictaminar la propuesta).

 La contrarreforma permanece incólume. El discurso que argumenta que este ataque a los derechos «debe discutirse» la mantiene caminando. El llamado a ser retirada a través de cartas y argumentos otorgados por la sociedad civil y las diversas organizaciones de derechos humanos parecería no ser escuchado o tomado con la seriedad que amerita. La discusión que se genera en el espacio público parece ser ignorada para así aferrarse a llevarla al espacio legislativo.

 Los argumentos se han dado sin recibir contra-argumentos de vuelta. La discusión que podría llevarse a cabo en los espacios de deliberación pública no ha sido utilizada por aquellos que sostienen la propuesta. Al parecer, la batalla final pretende librarse en cancha local y no en la arena pública, donde la deliberación es más importante. La contradicción entre las declaraciones a favor del debate de ideas y las acciones omisivas para  deliberar  abiertamente, es muy clara. Se acerca entonces un escenario peligroso en el que la contrarreforma pueda ser usada como moneda de cambio en las negociaciones partidistas, con el inevitable resultado de lastimar los derechos.

 Más de una vez ha sucedido que las propuestas de modificación legal o constitucional avancen sin una discusión real, que se aprueben por acuerdos partidistas (en un juego en el que “tú votas a favor de ésta que me interesa y nosotros votamos a favor de ese tema que a ustedes les importa”). Tomarse los derechos en serio implica llevar a cabo acciones en su defensa cuando se ven amenazados por acciones como la de la contrarreforma, pero también conlleva a tener la seriedad y capacidad de reconocer cuando una acción fue un error y no abona a su protección, tal y como es en este caso.

 Los legisladores están sujetos (aunque parezca que lo olvidan frecuentemente) al escrutinio y juicio de la ciudadanía, y cuando ésta denuncia sus errores, deben tener la humildad de aceptarlos y la capacidad de enmendarlos y de darles marcha atrás. La propuesta de reforma debe ser retirada y este caso debe ser recordado como una llamada de atención a todas las personas que día a día protegen los derechos, como una muestra de que en cualquier momento, una derrota en su lucha puede echar los avances atrás, sin importar cuan valiosos sean.

 Sí, aspiramos a ser una democracia y eso tiene su costo, en especial cuando buscamos una democracia con derechos y por los derechos. Cuando los derechos alcanzan el nivel que tienen hoy, es indispensable que los ciudadanos alcemos la voz para detener a quien sea que intente lesionarlos. El mensaje es que el valor de los derechos no se juega, ni se pierde, ni se negocia.

* Vladimir Chorny es Licenciado en Derecho (UNAM). Ha sido asistente de investigador y activista por los derechos humanos y la democratización del sistema de medios de comunicación. Miembro del movimiento #YoSoy132. @VladimirChorny1