México. El balance que debe hacerse de los hechos de violencia que ocurren constantemente en las manifestaciones juveniles, desde el 1 de diciembre de 2012, tiene que partir de que éstos no son acontecimientos nuevos para el movimiento social y estudiantil.

Los mexicanos somos testigos de la campaña de linchamiento que los medios masivos de comunicación desataron contra lo que ellos denominan “anarquistas”, a quienes atribuyen los desmanes ocurridos en la marcha del 2 de octubre del presente año. Lo que hacen estos medios es, principalmente, difundir la idea de que los jóvenes que participan en las movilizaciones son un peligro para la ciudad de México y a la par del linchamiento mediático, se inserta la opinión, cada vez más insistente, de que se tienen que reglamentar las manifestaciones y que se debe hacer uso de los operativos contra multitudes como un procedimiento común para cualquier movilización.

Federico Döring, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del DF, expresó el 3 de octubre, en una entrevista con Pablo Hiriart en Canal 40, que “si no es a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (DF), se buscará que en las cámaras federales se apruebe la reglamentación de las movilizaciones” y así “evitar manifestaciones violentas, lesivas y delincuenciales como la de ayer”[1].

El calificativo que ocupan para caracterizar a los que enfrentaron las agresiones de granaderos y los que hicieron desmanes en tiendas trasnacionales –que, por cierto, no fueron los mismos– no tiene ningún sustento veraz; su única intención es criminalizar a un sector de jóvenes que tienen determinada manera de pensar. Los que estuvimos en la marcha notamos diferencias claras entre quienes resistieron el embate de los agresivos cuerpos policiales y quienes iban con clara intención de provocar y hacer cuanto destrozo se pudiera –quienes, por supuesto, no necesariamente iban vestidos de negro o tenían la imagen de anarquistas.

La televisión mexicana utiliza hoy el viejo recurso de estigmatizar a un sector social por su forma de vestir o de pensar; en una manifestación, en la calle, en el camión y en el metro, si te vistes de una manera o lees determinada literatura eres señalado como sospechoso de portar drogas o, peor aún, ¡de participar en marchas! La nota publicada en el periódico Reforma el viernes 11 de octubre, titulada “Fichan a anarquistas”, es un claro ejemplo de cómo el gobierno del DF insiste en criminalizar el derecho a la protesta, pues las acusaciones se basan en que una u otra persona “está ubicada en ocho marchas” o “ha participado en 10 eventos”.

El balance que debe hacerse de estos hechos de violencia –que ocurren constantemente en las manifestaciones juveniles desde el 1 de diciembre de 2012-, tiene que partir de que éstos no son acontecimientos nuevos para el movimiento social y estudiantil.

Cada vez que el movimiento estudiantil parece tener posibilidades de reorganizarse en repudio al cada vez más agresivo proyecto neoliberal, vemos la gran campaña de desprestigio contra la juventud que se sostiene exacerbando los disturbios ocurridos, particularmente en las marchas del 2 de octubre que cada año conmemoran la lucha estudiantil de 1968. Se busca que cada vez que es asestado el tremendo golpe mediático, el movimiento estudiantil quede imposibilitado para reorganizarse, y que el descrédito sea más fuerte que el ánimo de continuar luchando de miles de jóvenes y universitarios.

La marcha del 2 de octubre es, a veces, la posibilidad más importante que encuentra el diverso movimiento estudiantil para encontrarse más allá de diferencias políticas y metodológicas y es también, en principio, la posibilidad de coincidencia de muchas fuerzas políticas estudiantiles, de muy distintas universidades y estados del país. Lo que de ese encuentro resulte puede definir muchas cosas del futuro inmediato del movimiento, ya sea en su beneficio o en perjuicio.

Los que desde hace algunos años participamos en el movimiento estudiantil mexicano, de alguna manera aprendimos que éste tiene largos periodos de desorganización y con poca o casi nula participación en la vida política y social de nuestro país; sin embargo, ante un ataque frontal a los intereses de los jóvenes o de los estudiantes, se levanta con grandes convocatorias y vigorosamente irrumpe en la vida de nuestra sociedad, abriendo nuevos caminos y proponiendo cambios significativos en la misma. Para nadie es nuevo, entonces, que el movimiento estudiantil tiene una gran capacidad de transformación social, que puede tener un impacto en muchos otros sectores y que puede contar con algo que casi ningún otro actor político puede tener con tanta fuerza: una gigantesca simpatía de la población.

Por supuesto que los jóvenes y los universitarios somos una fuerza importante y un factor de cambio que puede ayudar a transformar, junto con más fuerzas, nuestra sociedad.

El reflujo y la reorganización del movimiento estudiantil

Desde la década de los noventas, en el movimiento social vivimos una lucha permanente por confrontar las reformas neoliberales que desde organismos internacionales se imponen al gobierno mexicano para garantizar condiciones de explotación laboral y económicas, de manera que grandes empresas utilicen nuestra fuerza de trabajo y nuestros recursos naturales a su antojo. Desafortunadamente, el movimiento estudiantil sólo ha respondido, en el mejor de los casos, con fuertes procesos de movilización dentro de algunas universidades que en su mayoría responden para frenar reformas universitarias locales o para confrontar a las agresiones de las agrupaciones porriles. Éste ha sido el escenario desventajoso que, a grandes rasgos, ha tenido el movimiento estudiantil una vez terminado el movimiento del Consejo General de Huelga (CGH) en el año 2000.

El movimiento de los aspirantes rechazados[2] quizá es una excepción a la dinámica que el movimiento estudiantil enfrenta por lo menos en los últimos 13 años. Es una expresión de organización importante que plantea modificaciones de fondo al proyecto de nación, con importantes triunfos políticos y organizativos. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido la convocatoria suficiente para que pueda impulsar una estrategia de lucha que le permita conseguir todos sus objetivos.

En el marco de las elecciones presidenciales, el año 2012 se caracterizó por la abrupta irrupción de los estudiantes de muchas universidades, privadas y públicas, en la escena política nacional. Grandes convocatorias impulsaron un vigoroso movimiento estudiantil, que sin mucha organización, promovió un fuerte grito de protesta y agrupó a muy distintos ciudadanos que asaltaron el “teatro político” que en cada elección presidencial se nos ofrece como un “show democrático”. Este movimiento obligó a que hasta las posiciones más conservadoras en el poder tuvieran que opinar, contestar y modificar la agenda política nacional para intentar combatir el descontento que evidenció el movimiento #YoSoy132.

Este movimiento estudiantil y nacional no pudo influir sustancialmente en la vida inmediata del país, pero al menos evidenció que tenemos la capacidad de organizar grandes descontentos sociales y nos demostramos que, hoy en día, hay muchas generaciones que nos sentimos capaces de transformar muchas cosas juntos; por eso es que para la clase dominante y el gobierno federal es de suma importancia impedir a como dé lugar ese potencial organizativo que demostraron los estudiantes y la juventud hace un año. A lo mejor el mayor miedo para la clase dominante en el poder es que saben que la juventud aprendió a manifestar esa capacidad transformadora en las calles y en cualquier momento podría reeditarse ese escenario, probablemente con una mejor organización.

Viejas tácticas para nuevas generaciones

El momento que hoy vivimos, con un gobierno cada vez más autoritario y represor, se explica ante con el descontento social y popular en el país. La clase política requiere de nuevos procedimientos policiacos que le permitan mantener el control de las crecientes protestas sociales.

La táctica de provocación que, en momentos políticos importantes, sufre el movimiento estudiantil en su marcha anual del 2 de octubre, se ha hecho hoy una práctica cotidiana frente a cualquier movilización estudiantil. Por ejemplo en 2009, año en el que se exoneró al expresidente Luis Echeverría Álvarez del delito de genocidio, por la masacre del 2 de octubre de 1968, se montó una impresionante provocación durante la marcha conmemorativa, que derivó en disturbios, la detención de manifestantes y una feroz campaña mediática contra la juventud.

En particular desde el 1 de diciembre de 2012, vemos una y otra vez la provocación que aprendimos a identificar en las marchas del 2 de octubre, pues se utiliza para reventar nuestras manifestaciones pacíficas. El procedimiento es el mismo: fuertes operativos de policías que intimidan, cercan y provocan a los manifestantes hasta conseguir que grupos pequeños, de tres o cuatro personas, respondan la agresión; es con ello que justifican la represión a toda la movilización. En el mejor de los casos, son nuestros mismos compañeros quienes desde sus contingentes buscan la manera de defenderse ante la ofensiva policial, pero en muchas ocasiones, como se evidencia en los videos que se publican en la red, se ven provocadores que agravan el grado de conflictividad, y casi siempre se trata de personas a las que los propios manifestantes desconocemos.

Otro procedimiento irregular que identificamos en la policía capitalina y federal es que las detenciones ocurren antes y después de la manifestación, y casi siempre contra compañeros que identificamos claramente por su participación pacífica en el movimiento. A esto hay que agregar la desmedida brutalidad con que son detenidos y la ilegalidad de las detenciones en sí, porque con frecuencia quienes las ejecutan son personas vestidas como civiles.

A pesar de esa táctica recurrente, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a través de su titular, Jesús Rodríguez Almeida, indicó el día 7 de octubre que desconoce quiénes son los civiles que hicieron las detenciones el día 2 de octubre en la manifestación estudiantil y expresó: “Categóricamente les digo que la Secretaría de Seguridad Pública no llevó personal que no estuviera uniformado para detener a nadie”[3].

Vivimos un operativo ilegal que intenta acabar, o por lo menos deslegitimar –por medio de violentas agresiones policiacas que pretenden criminalizar la protesta juvenil y estudiantil– a cualquier manifestación que se oponga a los intereses de la clase gobernante.

No desconocemos la existencia de una posición política que desde el movimiento estudiantil y juvenil reivindica y promueve la confrontación violenta con las fuerzas represivas del Estado como una táctica de lucha. No compartimos su valoración, pues consideramos que estas acciones fortalecen la estrategia de Estado que describimos. Aunque reconocemos la diversidad entre las agrupaciones, afirmamos que la búsqueda de los responsables de la violencia en las manifestaciones juveniles y estudiantiles no debe dirigirse a identificar compañeros que tengan una ideología política determinada, sino que debe enfocarse en las esferas de poder que tienen a su cargo los operativos policiacos en contra de la población, en especial contra la juventud.

“Siempre que hay presencia policiaca se dan confrontaciones”[4], es la denuncia que permanentemente hacen los integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y que este año, en particular, recalcaron en las conferencias de prensa previas a la marcha del 2 de octubre, frente a la inminente provocación que significa el cerco policiaco-militar que en el zócalo capitalino mantienen el gobierno federal y el GDF.

Estamos frente al escenario idóneo para que en el Distrito Federal, y posiblemente en todo el país, se traten de imponer leyes que impidan la libre manifestación y la protesta social, como ocurrió alrededor del movimiento estudiantil de 1968; al mismo tiempo, nos encontramos en un contexto que trata de mermar la organización estudiantil para condenarla al aislamiento social.

Salir a la calle, con plena libertad de nuestros derechos y sin tener que pedir permiso al régimen contra el que protestas, es uno de los logros que el movimiento estudiantil de 1968 nos dejó como herencia; hoy es nuestra obligación defenderla.

El reto del movimiento estudiantil es no aislarse de nuevo

Tenemos que reconocer que, por diferentes razones, desde poco antes del 1 de diciembre del 2012 el movimiento estudiantil no ha podido recuperar las enormes convocatorias que caracterizaron a las movilizaciones del #YoSoy132; tampoco se pudieron mantener en todos los casos las asambleas que funcionaron alrededor de las demandas y convocatorias estudiantiles, y la simpatía de la población hacia el movimiento juvenil se debilitó. Además, en las movilizaciones siguientes padecimos operativos policiacos cada vez más complejos y represivos que derivaron en decenas de compañeros golpeados gravemente, detenidos y presos.

El movimiento estudiantil tiene la inmediata responsabilidad de decidir si se mantiene inmóvil ante la dinámica de violencia y sus consecuencias o da un giro y replantea el carácter de sus manifestaciones, su lucha y sus convocatorias. En resumidas palabras, tenemos la enorme tarea de luchar para no aislarnos y fortalecer el movimiento estudiantil que ahora estamos reconstruyendo.

Adrián Santillán, del Comité Estudiantil Metropolitano, fue integrante de la Comisión de Organización y Seguridad de la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013

Publicado el 21 de octubre de 2013