En tiempos de proyectos de constituyentes cabe preguntarse sobre el sentido profundo de un acto político de esta naturaleza.

No sorprende que Peña Nieto sostenga que la Constitución de 1917 sigue vigente, ya que aguantó todo tipo de enmienda neoliberal en el pasado y podría por lo tanto incluir ulteriores contrarreformas. Pero llama la atención que en la Ciudad de México el tan esperado proceso constituyente que acompaña su reconocimiento como Estado de la Federación se presente en un formato tan descaradamente antidemocrático, violando toda lógica del derecho constitucional, los principios de soberanía popular y de una cabeza-un voto, al incluir una elevada cuota de designaciones que garantiza una mayoría calificada al ejecutivo en turno y a partidos minoritarios en la Ciudad como el PRD y el PRI. Además ocurrirá algo inaudito, la propuesta de texto constitucional no surgirá de la Asamblea que debería ser soberana sino desde su exterior, desde la iniciativa del Jefe de Gobierno y del grupo de notables que éste nombró ex profeso. Asombra aún más que, entre estas 28 personalidades políticas y ciudadanas, aparezcan tanto históricas figuras de la clase política nacional, pero de dudosa representatividad, así como algunos destacados referentes de movimientos sociales y de derechos humanos y de la cultura que se prestaron a participar este consejo de sabios. Deja finalmente estupefactos que varios de estos mismos personajes, en paralelo, llamen unos días después a su nombramiento desde arriba a una convocatoria ciudadana para una nueva constituyente que, en ocasión de su centenario, substituya la de la Revolución Mexicana, ya muy manoseada en sentido neoliberal.

Pasando de la forma al contenido me parece que, entre definidos notables e imprecisos ciudadanos, entre iniciativas desde arriba y llamados desde abajo o, mejor dicho, desde en medio, se pierde de vista una cuestión fundamental: una constitución expresa un pacto social y político, un pacto surge de un punto de equilibrio, un punto de equilibrio refleja una determinada correlación de fuerzas.

Las iniciativas constituyentes han surgido históricamente de diferentes correlaciones de fuerza, pero la mayoría de las veces brotaron de la necesidad de reconocer un nuevo equilibrio a partir de la avanzada de fuerzas sociales desde abajo y desde afuera, abajo en términos sociales y afuera en términos institucionales, de reconocimiento por parte del Estado. Para limitarme a algunos ejemplos, además obviamente de la relación no casual entre la Constitución de Querétaro y la revolución social en México, podemos recordar algunos episodios en otras latitudes. En Europa donde las constituciones socialmente más avanzadas, la alemana de Weimar del 19, la francesa del 46, la Italiana del 48 –que declara en su artículo 1 que “Italia es una república democrática fundada en el trabajo”- surgieron de sensibilidades sociales y sobre todo de la poderosa presencia organizada del movimiento obrero socialista y comunista. O en América Latina, donde las últimas constituyentes en Venezuela, Ecuador y Bolivia, entre 1999 y 2008, fueron impuestas por irrupciones populares anti-oligarquicas y antineoliberales.

Las constituyentes han servido, cuando se pudo, como instrumentos para abrir espacios democráticos y reconocer derechos sociales. Pero los instrumentos políticos no funcionan por sí mismos sino que requieren de oportunidades y circunstancias para poder ser eficaces.

En efecto, aunque las derechas prefieran generalmente proceder constitucionalmente por medio de enmiendas, para evitar los riesgos de una apertura democrática de tipo constituyente, no han desdeñado en el pasado la oportunidad constituyente de re-escribir las reglas del juego a su favor, en un haz de variaciones que va de lo conservador a lo reaccionario.

Ahora bien, regresando a este súbito florecimiento de iniciativas constituyentes en México, me pregunto a qué correlación de fuerzas responden, qué equilibrio o pacto quieren sancionar. Al respecto, objeto lo siguiente: la correlación de fuerzas, a nivel tanto político, como social e ideológico, es desfavorable a las izquierdas, el progresismo y los intereses de las clases subalternas en general y, por lo tanto, un proceso de esta naturaleza no responde a un momento de ascenso, de fortalecimiento, a la gestación de una oportunidad histórica. Por ende, salvo en el terreno de los derechos civiles, donde hubo avances, aún en medio de una profunda crisis social, su saldo no podría no ser sino neutral o negativo en el terreno de los derechos sociales, sancionar en clave conservadora un equilibrio desfavorable o inclusive abrir la puerta a ciertos retrocesos que se cristalizaron en la lenta y paulatina derechización de todos los partidos, pero también de las costumbres y del sentido común difuso, que hemos vivido en las últimas décadas. Cabe siempre la posibilidad de una constitución plagada de buenas intenciones, de promesas que serán puntualmente incumplidas, bajo el formato de lo se conoce, en el pensamiento jurídico, como constitución programática.

Finalmente, lo más importante, ¿qué pacto y qué equilibrio se quiere sancionar? Vivimos en un país lacerado por injusticias, desigualdades y violencias, todas ellas marcadas por los sellos del clasismo y el racismo. Los intereses de los sectores populares mexicanos, de las clases subalternas de nuestro país, así como los que se proclaman sus representantes o que luchan con y por ellas, podrían y deberían buscar otros caminos, menos institucionales y pactados, para acumular la fuerza necesaria que se requiere para escribir una nueva Constitución o simplemente participar significativamente en su redacción. Eventualmente esto pasa, más que por anticipar constituyentes o pensar que éstos substituyen los necesarios procesos de politización y movilización de masa, en primera instancia por un camino más confrontacional y antagonista, por esa vía destituyente que adoptaron no raras veces los pueblos latinoamericanos en las últimas décadas.