Para finales del año  2012, el gobierno mexicano había concesionado 2 millones 173 mil 141  hectáreas de  territorios indígenas a las compañías mineras trasnacionales. Es decir, en los últimos 100 años los indígenas han perdido la jurisdicción del 17 por ciento de su territorio tan sólo por concesiones mineras, sin tomar en cuenta grandes proyectos hidroeléctricos. La mayoría de las concesiones en territorios de los pueblos indígenas fueron otorgados por los dos últimos gobiernos panistas al amparo de una ley minera neoliberal de corte salinista.

Número de concesiones otorgadas en territorios indígenas por los gobiernos panistas.

Esta pequeña tabla es muy significativa, pues se trata de concesiones recientes, y señala claramente que en la actualidad lo más redituable de la minería a cielo abierto es obtener oro. (Para el año 2009, el uso del oro a nivel mundial se reparte en inversiones privadas 18 por ciento, reservas oficiales 16 por ciento, joyería 52 por ciento y el 10 por ciento para uso industrial (ver William Sacher, Cianuro la cara tóxica del oro http://es.scribd.com/doc/54235978/Cianuro-cara-Toxica-Del-Oro).

Es increíble como el fetichismo de la mercancía oro, genera tantos estragos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ante el agotamiento de los filones la minería industrial masiva, recoge “polvos”  de los minerales en depósitos rocosos o arenillas.  Para obtener infimos volúmenes de metal (una mina de mediano calado obtiene 0.7 gramos de oro por tonelada removida) se requiere obtener en concesión grandes extensiones de territorios para explorar los sitios precisos de interés minero.

La minería industrial a cielo abierto genera cráteres y con el material removido en grandes lagunas de lixiviación utiliza usa el cianuro de sodio, como compuesto más barato y “eficiente” para lixiviar los metales. Después de varios accidentes y los riesgos potenciales en algunos países de Europa, se ha prohibido el uso de cianuro para los procesos de lixiviación, mientras tanto en México las mismas compañias europeas pretenden abrir una planta para producción de este compuesto altamente tóxico.  Estos procesos industriales intensivos son de alto riesgo y no hay manera de acoplarlas al “desarrollo sustentable” con competitividad, tal como se pregona desde la SEMARNAT. Las cicatrices ambientales (destrucción de ecosistemas, comunidades floristicas, biodiversidad), sociales y económicas  son  de larga duración. Se trata de un modelo industrial intensivo de alto riesgo para la salud humana y para los ecosistemas, con una aportación importante de gases de tipo invernadero y ningún beneficio para las localidades, municipios, estados y la nación en general.

La mayoría de las concesiones en los territorios  de los pueblos indígenas se encuentra en fase de exploración (o en búsqueda de inversionistas), mientras  106 mil 833 hectáreas ya se están explotando.

De acuerdo a la ley minera, el gobierno tiene la obligación de informar a los propietarios su pretensión de concesionar estas porciones de tierras, e indagar si hay interés local para “explotar” los minerales y otorgar “preferentemente” a los dueños de la tierra la concesión. En el otorgamiento de las concesiones en territorios indígenas, la ilegalidad oficial es mayor puesto que, por ejemplo, en la Secretaría de Economía se hace  caso omiso a los convenios internacionales y su  manual respecto el consentimiento libre e informado (Convenio 169 OIT , Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el “ Protocolo de actuación para quienes imparte  justicia en casos que involucren los derechos de personas, comuniades y pueblos indígenas” por parte de la Suprema Corte de la Nación).

Algunas concesiones abarcan casi la totalidad de los  territorios de  los pueblos indígenas pequeños del norte del país (kiliwas, kikapoo, cucapas, pimas, guarijios, pápagos) todos ellos en vías de extinción. Los territorios indígenas más golpeados en términos de la extensión de las concesiones son los rarámuris (tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles centrales de Oaxaca), chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes, los nahuas de Michoacán. Las concesiones en territorios de estos pueblos indígenas suman más de un millón de hectáreas.

¿Qué significa para los indígenas la entrega del país por parte del  gobierno a las transnacionales de la minería? Para 2012 los gobiernos panistas habían  concesionado a las grandes compañias 31 millones de hectáreas. Muchas concesiones abarcan porciones de mar, áreas naturales protegidas, territorios indígenas, ejidos y comunidades campesinas, frecuentemente sin que la población esté  enterada.

Se trata de una nueva distribución de territorios a nivel mundial y las concesiones mineras son parte de la “desposeción” territorial de miles de mexicanos, mismas que son transferidas a grandes consorcios mineros,  principalmente extranjeros. Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas la incursión de este tipo de minería en sus terriotorios significa que no hay bienes comunes que administrar, relaciones sociales comunitarias que establecer, naturaleza que manejar, conocimientos milenarios que recrear, milpa que sembrar y recursos fitogenéticos que domesticar,  en resumen se trata de la muerte cultural generada en un choque frontal entre un proyecto industrial de la cultura de la muerte  que desplaza el  proyecto implícito  regional indígena y campesino sobre un territorio determinado. Para los indígenas y comunidades campesinas se trata de un proceso neocolonial grave, ya que se pierde la jurisdicción sobre su territorio, sobre su proyecto de vida, sobre la cultura de origen mesoamericano relacionada al territorio, a los ecosistemas y los recursos naturales incluyendo el agua.

Publicada en 20 de mayo de 2013.