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El proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC ha generado una coyuntura política y social contradictoria: por un lado está acelerando las “locomotoras” energética y minera, con decenas de emprendimientos extractivos, pero también está moviendo la vieja cultura partidista que había frenado el desarrollo de procesos sociales autónomos.

El 5 de diciembre se realizó en Medellín el Primer Encuentro de Comunidades Afectadas por el Desarrollo, al que acudieron dieciséis procesos locales y regionales de todo el país. Más de un centenar de integrantes de comunidades en resistencia trazaron un diagnóstico colectivo sobre los problemas que afrontan en sus territorios, que pueden sintetizarse en violencia paramilitar y estatal para facilitar la implantación de las multinacionales mineras y petroleras, y las grandes obras de infraestructura.

En el diagnóstico apareció que las autoridades y las instituciones no son confiables, ya que modifican las reglas del juego para satisfacer las exigencias de los empresarios. Quienes siguen adelante pese a las advertencias, suelen ser víctimas de los grupos criminales (narco-paramilitares) y del propio Estado que enjuicia ambientalistas y defensores de los bienes comunes.

En estos momentos las instituciones se empeñan en impedir y deslegitimar las “consultas populares” que se promueven en diversos municipios contra los proyectos mineros e hidroeléctricos. Cada vez que la población pudo expresarse, ha pronunciado un No contundente en contra de los proyectos extractivos.

Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del Encuentro fue constatar cómo la cultura política de obediencia y subordinación a las dirigencias políticas, se va agrietando. Entre los procesos presentes había vínculos con diversas fuerzas políticas, pero la mayoría no tenían ninguna relación con partidos ni guerrillas. Durante medio siglo, todos los procesos de base sintonizaban con alguna de las corrientes hegemónicas en el escenario nacional, razón por la cual la convergencia y articulación de las luchas resultaba extremadamente difícil.

No pretendo concluir que esa cultura partidista esté en vías de extinción, ni mucho menos, sino que se están abriendo espacios para que la diversidad y la heterogeneidad puedan caminar juntas.

A mi modo de ver, hay varias razones que hacen posible que una cultura organizativa más autónoma y horizontal se vaya abriendo paso en Colombia.

La primera se relaciona con el proceso de paz que, al debilitar la polarización, deja espacios para otras formas de hacer política que hasta este período eran casi marginales.

La segunda se relaciona con el desgaste de las estructuras y los modos jerárquicos, patriarcales y caudillistas, que ostenta aún un sector mayoritario de las izquierdas. Ese desgaste hace que muchos colectivos rehúyan poner en pie grandes estructuras nacionales y se sientan más cómodos con formas flexibles y “livianas” de articulación (en el sentido de que no desean grandes aparatos organizativos “pesados”), que han mostrado ser muy eficaces para desplegar iniciativas respetando la diversidad.

La tercera tiene que ver con el fortalecimiento de nuevas formas de hacer ancladas en culturas juveniles y en colectivos de mujeres, más horizontales, pero también recelosas de subordinarse a las instituciones estatales porque todas ellas vienen mostrando sus límites.

Los militantes del colectivo Kavilando, que dinamizaron la convocatoria, así como los militantes nasa y de grupos campesinos de base, tienen claro que en Colombia se abre un nuevo período histórico pautado por la profundización del extractivismo que viene siempre acompañado de grupos ilegales violentos, que les abren trocha despejando poblaciones que obstaculicen la acumulación por despojo/cuarta guerra mundial.

Un militante que resiste la construcción de una hidroeléctrica en su región, esbozó el nuevo escenario político de forma muy clara: “La guerra no ha finalizado, sólo está mutando”.

De lo que se trata, para los participantes del Primer Encuentro de Pueblos Afectados por el Desarrollo, es de enfrentar esta nueva etapa de la guerra con una nueva cultura política que pasa, necesariamente, por el protagonismo de las comunidades, sin intermediarios, sin aparatos políticos ni militares.