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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Mientras se profundiza la política neoliberal -que provoca desintegración del tejido social-, en Chiapas y en el resto de México sigue la organización de los pueblos y una búsqueda de reconstituirse como tales y de revalorar su cultura e identidad, con base en la defensa del territorio, afirma Magdalena Gómez, abogada y especialista en derechos de los pueblos indígenas.
En entrevista con Desinformémonos durante el Foro Internacional de Derechos Humanos, De la Memoria a la Esperanza, dentro del 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Gómez subraya que las políticas promovidas por el Estado mexicano representan una contradicción en la que se prioriza el capital transnacional por encima de toda consideración nacional, y de los derechos políticos y culturales de las comunidades indígenas.
Francisca Gutiérrez, originaria de Chicomuselo, Chiapas, apunta que una de las principales amenazas que se cierne contra su territorio son las políticas extractivistas, que además de destruir la tierra hacen que los gobiernos acusen a las comunidades indígenas de desestabilizadoras y de frenar el mejoramiento del país, como si los indígenas les quitáramos a la gente el derecho al progreso.
Gutiérrez, integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la vida Samuel Ruiz García, afirma que las empresas mineras y los gobiernos ignoran un derecho fundamental de los pueblos, que es la consulta previa. La consulta nunca se dio en este municipio. Son 16 concesiones mineras que se han dado, pero nunca han consultado a los propietarios de la tierra. Nada más llegan las empresas mineras y dicen que ya tienen el permiso, explica Gutiérrez.
José Castellanos, de Teopisca, acusa que al gobierno no le interesa reconocerlos como pueblos originarios, ya que tendría que hacer lo mismo con su derecho a la tenencia de las tierras. Han querido meter personas de otros lados, de otros pueblos y de otras culturas, que pueden provocar problemas con nosotros, informa.
La división dentro de las organizaciones sociales, testificaron los asistentes al foro, muchas veces se da por la misma intervención del gobierno con sus programas institucionales. Manuel Pérez, procedente de la zona baja de Tila, aventura que el gobierno crea los programas de apoyo y mete partidos políticos a las comunidades con ese fin y para controlar los territorios, pero la única resistencia que queda es seguirse organizando y trabajar unidos, aunque cada vez es más difícil.
En los 25 años de trabajo del Frayba, una gran porción de su labor ha consistido en la documentación y denuncia de esta manipulación estatal. Esta estrategia contrainsurgente nacida ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994- sirve no sólo para contener la resistencia indígena, sino para aprovecharse del conflicto para controlar su territorio y los recursos naturales que se encuentran en él.
La abogada Gómez llama este proceso vaciamiento de los pueblos. Se trata, especifica, de una migración forzada, no voluntaria, impulsada por el despojo y la violencia, y que impone a los pueblos el gran reto de mantener su organización.
En el foro, los entrevistados establecieron que una de las exigencias que le hacen al gobierno es que les den reconocimiento político, cultural e histórico; libertad de organización política; la posibilidad de las mujeres a tener una tierra porque luchar; el derecho a decidir sobre el uso de su territorio, en el caso de las mineras, y la consulta previa. Castellanos concluye: los campesinos e indígenas debemos trabajar la tierra, cuidarla y organizarnos para defenderla.
24 de marzo de 2014
