México, DF. Los derechos laborales son “tierra de nadie” en el estado de Tlaxcala, denuncia la abogada laboralista Patricia Juan Pineda. La declaratoria de inexistencia de la huelga en la planta de calzado Sandak sienta un precedente peligroso para el ejercicio del derecho de huelga de todos los obreros mexicanos.

Las autoridades laborales, en abierta connivencia con los empresarios que deseaban cerrar la planta para abaratar costos, permitieron un cierre patronal ilegal y luego alegaron que no se podía estallar una huelga en un lugar que ya estaba cerrado.

El abogado Arturo Alcalde escribió a mediados de agosto en el periódico La Jornada que “la empresa llantera Euzkadi, en el Salto, Jalisco, hace 10 años quiso utilizar la misma estrategia, pero finalmente fracasó cuando el Poder Judicial federal dejó en claro que la huelga es un medio legal de defensa constitucional, que su ejercicio es a futuro, que su legalidad no puede ser afectada por una suspensión previa imputable a la empresa y que nadie puede beneficiarse de una conducta ilegal”.

Pese a este precedente, la planta de Sandak sigue cerrada y los trabajadores se mantienen en resistencia en espera de que les devuelvan su trabajo.

Abaratar “costos”

Sandak es una filial de la zapatera más grande del mundo, Bata Internacional. En 2011 empleaba a 258 trabajadores. Hoy, después de un año de conflicto, quedan 116 trabajadores en pie, casi todas son mujeres cabezas de familia.

Desde un año antes del cierre patronal, el 18 de julio de 2011, la empresa había ido sacando de la planta maquinaria y ramas enteras de la producción; esas partes del proceso productivo –sobre todo el empacado y la costura- las trasladaban a maquilas o a trabajo a domicilio. Con esto, muchos pueblos de los alrededores “se han vuelto maquileros”, relata Patricia Juan. “Hay un montón de niños que trabajan en sus casas empacando”. A los obreros les preocupaba el fenómeno, no solamente porque les quitaba materia de trabajo, sino porque le dejan ese futuro a sus hijos.

Sandak intentó convencer a los obreros de trabajar a domicilio. El objetivo parece ser, simplemente, abaratar los costos de producción llevándola a domicilio porque así dejan de pagar gastos como seguro social y prestaciones. “La empresa nunca ha reportado pérdidas ni que esté en quiebra”, explica la abogada laboralista. “Si hubiera tenido un problema económico debió haber seguido el procedimiento que dice la ley, pero no lo hizo. Incluso había programas de productividad y se estaban elevando los niveles de producción, pero alegaba que la competencia en el sector estaba muy complicada”.

De acuerdo con Alcalde, “la empresa no puede alegar el costo de salarios altos, ya que únicamente paga a la mayoría de los trabajadores 111 pesos diarios, pero con la maquila puede reducir los costos en más de 40 por ciento”.

La huelga al revés

Fue así que los trabajadores encontraron la planta cerrada el 18 de julio de 2011. Los obreros, agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, estallaron la huelga para recuperar su fuente de trabajo. “Cuando presentan el primer emplazamiento en julio de 2011, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lo rechazó (tres veces) alegando que el sindicato no tenía toma de nota”, recuerda la abogada. “Entonces emplazaron con la toma de nota pasada, cumplieron con los requisitos, pero aún así no se los admitían. Tuvieron que ir a hacer un mitin a la Junta para que les aceptaran el emplazamiento; fue hasta entonces que los aceptaron”.

Después del emplazamiento, la Junta dijo que no se podían suspender labores en un centro que ya estaba cerrado. Para Patricia Juan, “ese argumento está superado, ya lo discutió la Suprema Corte y las autoridades del poder judicial, y no es válido porque no está previsto en la ley”. El sindicato pidió un amparo, y la empresa fue a recurso de revisión. Los Tribunales Colegiados declararon en los primeros días de agosto de 2012 la inexistencia con el mismo argumento inicial, que lo que implica en la práctica es “que no se puede aplicar el derecho internacional porque la ley mexicana regula el derecho de huelga; así, niegan derechos humanos y derechos fundamentales”, denuncia Patricia.

Pero, curiosamente, esto fue considerado como una pequeña victoria por los trabajadores, ya que “aunque no ganaron la huelga, sí ganaban que la planta se reabriera”, explica la abogada. La declaración de inexistencia de la huelga implica que la Junta tiene que notificar a la empresa y ésta debe reabrir en 24 horas. Sin embargo, la Junta no dio la orden a la empresa, y ésta no abrió. Las trabajadoras permanecieron en plantón, esperando a la reapertura.

Para este momento y después de un año de presiones por parte de la empresa, 142 trabajadores ya habían aceptado las liquidaciones. Las presiones consistieron en spots de radio instando a los trabajadores a aceptar las liquidaciones, en volanteos en sus casas y en boletinar a los trabajadores para que no fueran aceptados en otras empresas.

El 20 de agosto, un representante de la empresa, Adán Nava, llegó a la planta de Sandak junto con un grupo de golpeadores. Comenzaron a retirar los sellos que la Junta había colocado cuando la planta cerró. Cuando estaban abriendo la reja y quitando candados, se acercaron las trabajadoras en guardia para preguntar si ya iban a abrir con el objeto de avisar a sus compañeros que se presentaran ya a trabajar.

En ese momento, relata Patricia Juan “el representante de la empresa se puso agresivo y comenzó a insultarlas, mientras los golpeadores se fueron sobre las trabajadoras”. Tres obreras necesitaron hospitalización por las heridas que les infligieron los guaruras; además, hubo varios heridos más. El representante de la empresa, durante la trifulca, le espetó a las trabajadoras que ya no servían para nada y que la empresa ya no iba a abrir.

Mientras los obreros iban a denunciar que fueron golpeados, los golpeadores corrieron hacia el interior de la planta y la cerraron. Entonces, los mismos golpeadores y el representante de la empresa llamaron a la policía y acusaron a las trabajadoras de secuestro. “No es posible que el Ministerio Público nunca levantó la denuncia por la golpiza a los obreros, pero sí la de secuestro”, recalca la abogada Patricia.

La paz laboral

En su informe 2011, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje presume, en cuanto a su “compromiso de mantener la paz laboral”, que se registró el menor número de huelgas estalladas en 20 años. En lo que iba del sexenio (2006-2011), se estallaron solamente 92 huelgas de los 54 mil 563 emplazamientos. En comparación, menciona que durante el sexenio de Salinas se estallaron 699 huelgas; con Zedillo, fueron estalladas 256. De noviembre de 2010 a octubre de 2011 se registraron 13 huelgas, de las cuales únicamente siete se encontraban vigentes al momento de presentar el informe.

¿Por qué es tan importante para las autoridades mantener bajo el número de huelgas estalladas? Para Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, es una cuestión de imagen. “Las autoridades quieren insistir en que hay estabilidad; presumen del bajo índice de huelgas tratando de hacer creer que es porque los obreros están contentos y en armonía con los patrones”. Debajo de este número de huelgas estalladas se oculta otra realidad: el bajo número de sindicatos auténticos que representen a los trabajadores. “Los trabajadores no pueden participar en la revisión contractual ni tienen manera de hacer huelga porque no están representados en un sindicato auténtico”, explica De la Cueva.

Cuando los obreros logran tener un sindicato auténtico, como en el caso de Sandak, “nadie respeta sus derechos”, valora Patricia Juan. El caso de Sandak “es un mal precedente para el derecho de huelga. El riesgo es que cuando alguien quiera ejercer el derecho de huelga, la empresa la cierra antes y nunca estallas tu huelga. Entonces, pueden violar tu derecho tranquilamente y burlarse de los trabajadores”. Para la abogada, el criterio que están utilizando las autoridades está totalmente al margen de la ley. “Es justificar que los magistrados y las Juntas actúen impunemente y tú no los puedas restringir porque ya hay un precedente que violenta el derecho de huelga. Es un riesgo para todos”.

Publicado el 27 de agosto 2012