Entre marzo y abril se está realizando en muchos países, por décimo tercer año consecutivo, la Semana del Apartheid Israelí (SAI). Surgida en 2004 en la universidad de Toronto, la iniciativa se ha extendido por todo el mundo y más allá del ámbito universitario. En más de 200 ciudades de los 6 continentes se realizan cada año mesas redondas, talleres, proyección de películas, exposición de fotos, publicaciones y movilizaciones. El objetivo de la SAI es mostrar la naturaleza del régimen colonial y de apartheid que Israel impone sobre el pueblo palestino, y así contribuir al avance del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Este año la Semana tuvo como marco una tormenta desatada en el seno de la ONU. La Comisión Económico-Social para Asia Occidental (CESPAO) dio a conocer un informe de 75 páginas titulado “Las prácticas israelíes hacia el pueblo palestino y la cuestión del apartheid”. Elaborado por dos reconocidas figuras expertas de la academia estadounidense: Virginia Tilley y Richard Falk, el informe describe y analiza minuciosamente el régimen israelí y concluye que “más allá de toda duda razonable, Israel es culpable de políticas y prácticas que constituyen el delito de apartheid, definido jurídicamente en instrumentos internacionales” tales como la Convención Internacional para la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid (1973), la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (1966), y la misma Declaración Universal de DD.HH.

El informe confirma la existencia de un régimen institucionalizado para la dominación y la discriminación, que se materializa en la doctrina del Estado Judío (donde la nacionalidad sólo es otorgada a las personas judías, independientemente de dónde hayan nacido); en un conjunto de leyes discriminatorias (como la ley militar que se aplica a la población palestina en los territorios ocupados pero no a los colonos judíos); en la “ingeniería demográfica” que, buscando garantizar una mayoría judía, otorga la nacionalidad a cualquier persona judía del mundo mientras se la niega a la población palestina y prohíbe el retorno de las personas refugiadas; la discriminación en el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, los permisos de residencia y de construcción a las 300.000 personas palestinas que viven en Jerusalén Este; la desigualdad en el acceso a la tierra, el agua y otros recursos entre la población judía y la palestina; la existencia de espacios segregados entre ambas (localidades, viviendas, carreteras, sistemas de transporte y hasta matrículas de vehículos). Finalmente, llama a gobiernos y sociedad civil en todo el mundo a aplicar medidas de boicot, desinversión y sanciones para presionar a Israel hasta que ponga fin a este régimen de discriminación y opresión.

Que las políticas israelíes cumplen con la definición legal de apartheid ya había sido dicho. Un estudio realizado en 2009 por el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica llegó a la conclusión de que Israel practica el apartheid en Cisjordania y la Franja de Gaza. En 2012, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, que vigila el cumplimiento de la Convención del mismo nombre) criticó a Israel por violar el derecho a la igualdad en muchas de sus políticas. Dentro de Israel, el comité criticó la “segregación entre las comunidades judías y no judías”, la falta de “igual acceso a la tierra y la propiedad”, y “la persistente política de demoliciones de casas y desplazamiento forzado de las comunidades indígenas beduinas”. En los territorios ocupados, las colonias judías fueron consideradas parte de un régimen de “segregación de facto” que llevó al CERD a recordarle a Israel la “prohibición” de emplear políticas de “apartheid”.

Pero el informe de la CESPAO va más allá, afirmando que el sistema de apartheid domina a todo el pueblo palestino, y que el método principal para implementarlo es la «fragmentación estratégica» de la población en unidades territoriales separadas y regímenes jurídicos distintos (como ciudadanos con derechos limitados dentro de Israel, como apátridas en los territorios ocupados, como «residentes permanentes» en Jerusalén Este, o como refugiados sin derecho al retorno).

Inmediatamente después de publicado el informe, los gobiernos de EE.UU. e Israel comenzaron a presionar al Secretario General de la ONU para que lo retirara. Gutèrres, a su vez, transmitió la orden a la Secretaria Ejecutiva de la CESPAO, la jordana Rima Jalaf, quien debido a las presiones decidió presentar la renuncia a su cargo. En su carta de dimisión la funcionaria reafirmó las conclusiones del informe que acusa a Israel de fundar un régimen de segregación racial con la intención de imponer a un grupo étnico sobre otro, y afirmó: “Resulta lógico que el criminal agreda a todo el que defienda la causa de la víctima. A pesar de todo yo no estoy dispuesta a someterme a estas presiones. (…) Estoy absolutamente convencida de que la discriminación entre seres humanos por razón de su religión, color de piel, género o raza, es inaceptable. Estoy persuadida de que decir la verdad ante el opresor no es solo es un derecho de todos sino también un deber. (…) La dolorosa realidad es que el régimen de apartheid sigue vigente en el siglo XXI.”

Aunque Jalaf dejó su puesto y el informe fue retirado del sitio web de la CESPAO, cada vez más analistas advierten que el genio ha salido de la botella y ya no podrá ser controlado. Cuando todavía resuenan los ecos de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad (diciembre 2016) condenando la incesante colonización israelí del territorio palestino, esta semana el Consejo de DD.HH. de la ONU aprobó cuatro resoluciones –a pesar de los denodados esfuerzos del representante de Israel para impedirlo− reiterando dicha condena. El organismo exhortó a los Estados a abstenerse de mantener relaciones comerciales o de cualquier tipo con las colonias asentadas en el territorio ocupado, y a advertir a sus empresas y ciudadanos de los riesgos legales, financieros y de reputación que correrán al involucrarse en actividades con dichas colonias.

Todo esto se da mientras el régimen sionista extrema su ofensiva para criminalizar y deslegitimar al movimiento BDS, que sigue creciendo en el mundo. El parlamento israelí aprobó una ley que prohíbe la entrada al país (y por lo tanto, también a los territorios palestinos, que no tienen soberanía alguna) de personas que integren o apoyen al movimiento BDS. Políticos, activistas, académicas y líderes religiosos ya han sido víctimas de la norma al aterrizar en Tel Aviv. En Europa la ofensiva se centra en presionar para que se apruebe legislación que penalice y asimile cualquier crítica a Israel con antisemitismo −considerado delito de odio. Misteriosas ONG aparecidas de la nada se encargan de monitorear dichas críticas y de entablar demandas judiciales o campañas mediáticas para descalificar al movimiento BDS con falsas acusaciones. Esta semana, y apostando fuerte, las autoridades israelíes citaron al fundador y principal vocero palestino del BDS, Omar Barghouti, sometiéndolo −con pretextos impositivos− a prolongados interrogatorios durante días. Dirigentes políticos y sociales de muchos países han criticado esta persecución contra el activista.

Y aunque pueda tener algún resultado puntual, esta ofensiva no parece destinada a tener éxito. A largo plazo, la hora sudafricana llegará también para el apartheid israelí. “Pueden arrestar a quien quieran, pero no van a impedirle a la gente usar el BDS como una herramienta de lucha por la libertad de Palestina”, afirmó Adnan Ramadan, co-fundador del movimiento en Palestina. “No va a funcionar porque el BDS no es una persona, ni dos, ni diez; es un movimiento de cientos de miles de personas, que se toman muy en serio la lucha contra la ocupación y tienen fuertes motivaciones para resistir. Llevamos más de 60 años resistiendo; Israel puede matar gente, asesinar y arrestar a los líderes, pero no podrá detener la lucha”.

Mientras tanto, la Semana del Apartheid sigue creciendo a la par de la campaña de BDS, también en América Latina. Este año habrá actividades en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.

El músico Roger Waters definió bien el momento presente al referirse a los debates existentes en EE.UU. acerca del BDS: “Una cita de uno de mis héroes, Mahatma Gandhi, viene a mi mente. Proféticamente dijo: ‘Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan; y entonces ganas’. El movimiento BDS está cumpliendo con su promesa y se ajusta a la descripción de Gandhi. Antes descartado por muchos como una estrategia inútil que «nunca funcionaría», el BDS ha ganado mucho terreno últimamente, trayendo consigo la reacción esperada.»