En el marco de la presentación del XVIII informe del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Tlapa, Guerrero, participantes del foro «Desde el corazón de las luchas» presentan su visión de los Derechos Humanos.

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Realización: Arthur Lorot

Tlapa, Guerrero, México. En Guerrero, donde los habitantes indígenas y no indígenas son golpeados por los cacicazgos locales y la colusión entre empresas, gobierno y crimen organizado para despojarlos de sus territorios, los defensores de derechos humanos “florecen y se multiplican”, asegura Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, durante la celebración de los 18 años de existencia del centro.

Dos días de mesas de discusión, presentación de un libro sobre el caso Atenco, misa en la catedral de Tlapa, comida, ceremonia, encuentro entre pueblos, un recorrido festivo por las calles y una colorida fiesta fueron el marco para conmemorar un año más de existencia de Tlachinollan, centro al que los indígenas han enseñado “a crecer y a saber dónde está la esencia, no los falsos caminos que llevan al poder; la palabra verdadera está donde nace el maíz, el agua, los ríos”, señalan los defensores.

Tlachinollan nació en el marco de la resistencia indígena contra la celebración gubernamental de los 500 años de la invasión de América y del desarrollo de la teología india, con la intención de ser “una caja de resonancia de las luchas comunitarias de resistencia y organización ante las políticas que se estaban implementando de corte neoliberal”, rememora Barrera.

Al gobierno, “lo hemos ido desenmascarando. No tiene ningún compromiso con los pueblos indígenas de respetar sus derechos; su rostro racista y etnocida se disfraza con este discurso indigenista que al final sigue siendo neocolonialista”. Y de quienes señalan como los necesarios protagonistas de una defensa eficaz de los derechos, los pueblos organizados, han aprendido que “el tema de derechos humanos tiene que estar siempre anclado en la reivindicación y defensa del patrimonio colectivo, ahí está el corazón y la raíz”, más que en las cuestiones individuales o en la realización de obras “de relumbrón”.

Entre una copiosa lluvia, indígenas me’phaa, na savi, nahuas y nn’ancué, así como mestizos, se reunieron en el foro “Desde el corazón de las luchas” para exponer desde problemas tan cotidianos como el maltrato médico, hasta megaproyectos que arrasarían con sus territorios, como las presas. En estos procesos, señalaron, han contado con el trabajo de los integrantes del Tlachinollan.

En una zona donde niños y niñas mueren por diarreas o piquetes de insectos, el maltrato y desatención del personal de las instituciones de salud “parece normal” y el desabasto de medicamentos llega al 80 por ciento.

Se expuso el caso de Juana, me’phaa de 29 años, que murió embarazada en una ambulancia en Acapulco, hasta donde fue a dar porque se negaron a atenderla en tres instalaciones de salud; y el de los habitantes de Carrizalillo, que sufren afecciones neurológicas, de la piel, los ojos, la respiración, así como problemas de parto, que achacan a los residuos de la minera canadiense Gold Corp, a la que le rentan sus terrenos desde hace cinco años.

La falta de una vivienda adecuada se refleja en las situaciones de habitantes de Iguala y Llano de León, en Metlatónoc, que sufren por los desalojos de los que han sido objeto. Unos, por la codicia de un particular apoyado por la policía, que quiere construir ahí sus viviendas; los otros, a causa de un proyecto carretero que arrasó con nueve casas y sus árboles frutales. En el primer caso lograron recuperar la posesión de los terrenos; en el caso de Metlatónoc, lo perdieron todo, debieron refugiarse en otro lado y, además, las autoridades “se burlan de nosotros”.

Solamente el 43 por ciento de las comunidades indígenas del estado cuenta con un sistema de agua. Ésa fue la causa de que los habitantes de los cinco pueblos de Tecuanapa y los de Ojo de Agua se organizaran para proveerse ellos mismos del servicio y cuidar el recurso. En Tecuanapa, el acaparamiento y comercio del líquido por parte de caciques locales, así como la contaminación del río, son los antecedentes; en Ojo de Agua, la escasez provocada por la tala inmoderada de árboles.

La situación de la educación la describieron los profesores de primaria agrupados en la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), que expusieron los ataques contra la educación pública y sus derechos laborales, y delinearon una propuesta alternativa de educación “que sí respete a los pueblos indígenas, que hable de sus saberes ancestrales, de su cosmovisión”. En esa línea se presentó uno de los casos más recientes que acompaña Tlachinollan: el de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa; dos de ellos fueron asesinados por la policía en una movilización para exigir mejoras escolares en diciembre pasado.

La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán fue representada en la voz de Victoria Bautista y Pedro Rojas, hija de Marcial Bautista y esposo de Eva Alarcón, respectivamente, quienes fueron desaparecidos desde el 7 de diciembre de 2011 por miembros de la policía. Estos campesinos ecologistas han logrado recuperar la diversidad biológica de sus territorios (incluyendo al simbólico jaguar), arrasados después de décadas de depredación de caciques locales y contrainsurgencia, además de denunciar y atender casos de desplazados por la violencia del crimen organizado.

Tras estos últimos casos, el abogado Vidulfo Rosales recibió amenazas que llevaron al Centro a tomar la decisión de que él debía salir del país. Las amenazas y el hostigamiento a estos defensores, quienes se definen como “un instrumento” para ayudar a las luchas de los pueblos, comenzaron en el año 2000. Aunque se acostumbraron a vivir en la zozobra, señala el director Abel Barrera, fue a partir de 2009 cuando las amenazas subieron de tono, a tal nivel que en 2010 obtuvieron medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sólo se conceden en casos de gravedad extrema. Tales medidas, señalan, no han impedido la escalada de amenazas ni se ha logrado la investigación, que es lo que más les interesa; se han reducido a tener algunos teléfonos celulares y radios.

Un detonante de las amenazas son las denuncias que resonaron a nivel internacional, que involucraban a miembros del ejército y los diferentes cuerpos policíacos: los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por soldados, y el asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).

Con el caso de Ayotzinapa, donde están involucrados policías ministeriales, estatales y federales y se logró la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la amenaza fue directa: “te vamos a hacer pedazos, deja de ayudar a estos vándalos, ve comprando tus flores porque te vas a morir”. Por eso, concluyen, el responsable es el gobierno.

Sin embargo, señala Abel Barrera, la peor parte la llevan los pueblos, que siempre han sufrido matanzas y destrucción, y las víctimas que denuncian, como Inés y Valentina, y Obdilia Eugenio y Cuauhtémoc Ramírez (dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa), porque sufren “ataques sistemáticos dirigidos a impedir que asuman su protagonismo en la defensa de sus derechos”. El resultado es que se han debido ocultar, junto con sus familias, por la gravedad de las amenazas. Las diferentes organizaciones asistentes al foro manifestaron su tristeza por la ausencia de Vidulfo y responsabilizaron al gobierno de cualquier cosa que les pueda pasar a los integrantes de Tlachinollan.

La celebración estuvo acompañada por diferentes organizaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos José María Morelos, Servicios y Asesoría para la Paz, Red Todos los Derechos para Todos, entre otros); organizaciones indígenas, como la Policía Comunitaria y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, que recodaron que ésta solo está suspendida; brigadistas internacionales de paz; sociedad civil y representantes del pueblo purhépecha de Cherán, que lleva ya más de un año ejerciendo el autogobierno en defensa de sus bosques. Ellos realizaron una ceremonia con fuego, su dios más sagrado, que devino en intercambio de pensamientos sobre la sabiduría de los abuelos como fuente de fuerza y organización.

Desde el Centro ven sombrío el panorama que viene por la ausencia de los derechos en la agenda electoral y porque es en los pueblos indígenas donde están los recursos que codician empresarios y gobiernos, y donde está la conflictividad más alta (aparte de las zonas afectadas por el narcotráfico); sin embargo, también señalan que las resistencias que marcan el rumbo del país se dan ahí porque están las reservas bióticas, de la resistencia, de la cultura, de nuevas formas de desarrollo y de formas de construir una sociedad más justa.

En Tlachinollan siguen adelante con el reto de “adquirir el rostro de los pueblos”, señala su director, y combinarlo con cuestiones de cabildeo internacional. Valora también los éxitos a en los que ha trabajado el Centro, como defensas jurídicas exitosas, el involucramiento y protagonismo de las comunidades en su la defensa de los derechos humanos y el aglutinamiento de un movimiento ya de dimensiones estatales para resistir a los megaproyectos (mineras, hidroeléctricas, muelles). Los grandes expertos de esta defensa, considera, son los pueblos, que constantemente encaran al poder, al ejército, a las policías y los megaproyectos, incluyendo a los turísticos.

Concluye Abel Barrera: “Tenemos que aprender esa resistencia secular, comunitaria, siempre cuesta arriba; ésos son los 2 mil 500 años acumulados de los pueblos, que están vivos con sus lenguas y rituales, la sacralidad y el respeto a la naturaleza como madre y a los demás como hermanos. Ésa es la teología de los derechos humanos: es algo más que una cuestión legal, es cosmovisión, es ethos, es reencantar el mundo desde una dignidad humana”.

Publicado el 18 de junio 2012