Oaxaca, México. Los funcionarios niegan la existencia de presos políticos en México, pero juzgaron a Álvaro Sebastián Ramírez por pertenecer a un grupo insurgente y lo condenaron por delitos comunes. Colectivos internacionales reconocen como preso político al encarcelado por ya 18 años, hoy adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y le dedican una semana internacional de solidaridad.
En el año 2004, diversos colectivos y organizaciones reunidas en la primera conferencia internacional de las presas y presos políticos en Donostia, Euskal Herria, decidieron declarar el 17 de abril como una jornada internacional de solidaridad con presas y presos políticos del mundo. En esta fecha retumban las voces de aquellos a quienes se les han querido callar con el aislamiento, los procesos de despersonalización y la muerte lenta administrada por medio de la tortura.
En diferentes rincones del mundo se hace eco de las voces que exigen la libertad de todos los presos políticos, vascos, kurdos, tamules, palestinos, sahraouis, corsos, irlandeses, mapuches y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como los anarquistas recientemente detenidos en México.
En el año 2008, el ahora extinto Juan Camilo Mouriño, titular de la secretaría de Gobernación durante el mandato de Felipe Calderón, afirmó que en México no existen presos políticos y que sólo hay detenidos por delitos comunes. En el mismo año, Gloria Arenas, entonces presa por pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y Eugenia Gutiérrez, presentaron a La Otra Campaña del EZLN un censo con más de 3 mil 364 presos vinculados a algún proceso político en México.
En ese mismo año, en Oaxaca, el indígena zapoteco Álvaro Sebastián Ramírez cumplió más de 12 años en prisión, acusado de pertenecer el Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo beligerante que atacó instalaciones de la policía federal y la marina en 1996. Desde entonces, Sebastián Ramírez fue trasladado diversas ocasiones a penales de mediana y máxima seguridad.
Son ya casi 18 años de sobrevivencia a la cárcel de Sebastián Ramírez, a la distancia que lo separa de su familia, al silencio de las letras que se resisten a morir y que se aferran con gritos de libertad en cada carta que redacta. Se trata de un preso a quien se la vinculó más de una vez con un grupo guerrillero, pero al que se condenó como un delincuente común, acusado de asesinato y no de rebeldía, como debieron de haberlo juzgado pues la rebelión es un derecho que tienen los mexicanos.
Jacobo Silva Nogales, ex miembro del ERPI, estuvo 10 años preso acusado de rebelión. Actualmente es uno de los asesores para la libertad de Sebastián Ramírez y sostiene que no se le está juzgando correctamente, pues deben aplicarle los artículos 132 y 133 del Código Penal Federal, referidos al contexto de rebelión: Se aplicarán al que residiendo en territorio ocupado por el Gobierno Federal, y sin mediar coacción física o moral, proporcione a los rebeldes, armas, municiones, dinero, víveres…Si residiere en territorio ocupado por los rebeldes, la prisión será de seis meses a cinco años.
A Sebastián lo acusan de haber ayudado con armas y con dinero a los rebeldes. Si no quieren acusarlo del delito de rebelión, entonces tienen que decir que no ayudó a los rebeldes con armas ni con nada, pues es una contradicción jurídica, sostiene Silva Nogales, quien al mismo tiempo afirma que en este y otros casos, existe consigna del Estado para no dejarlos en libertad.
Una de las herramientas jurídicas que le quedaban a Sebastián Ramírez para lograr su libertad era que la atracción del caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en días recientes le avisaron vía correo electrónico que no fue posible.
Los asesores jurídicos del interior del penal le dijeron que va a cumplir el 60 por ciento de la condena, por lo que alcanza la libertad anticipada, pre liberación o libertad preparatoria, pero es necesario que pague la reparación del daño, explica su hija Erika Sebastián. La mujer no considera viable este recurso, porque otro preso político ya recurrió a esta opción, decidió pagar la reparación de los daños -125 mil pesos- y le dijeron que no tenía acceso a ninguno de estos recursos. Sabemos que lo único que puede sacar a mi padre de la prisión es la solidaridad de nuestros compañeros y los pueblos que saben del caso, valora la joven.
Álvaro Sebastián se adhirió a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Desde dentro de la prisión comenzó a promover esta iniciativa. Actualmente no tiene acceso a libros, periódicos o revistas, y tiene que comprar papel y tinta dentro del penal. Encerrado en una celda de no más de cuatro metros cuadrados, sin ventanas y con luz artificial todo el día, se aferra a que sus compañeros que están fuera puedan romper las fronteras que lo dividen de su familia y de su pueblo.
Llamamos a la solidaridad de nuestros hermanos y hermanas de la Sexta Declaración, porque sólo los de abajo podrán liberar a los luchadores sociales de mundo, alerta Erika Sebastián
Mientras tanto, en Francia se hace eco de este llamado. Diversas organizaciones dedicaron la Semana Internacional de Solidaridad de Presos y Presas Políticas 2014, realizada del 10 al 19 de abril, a Álvaro Sebastián Ramírez, Alejandro Díaz Sántiz, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores, Santiago Nazario Lezma, Jorge Mario González García y Leonard Peltier.
En este evento se presenta un video sobre Álvaro Sebastián Ramírez intitulado Luchar por la dignidad, realizado por el colectivo Kamara-D.A., y se cierra con la obra de teatro titulada Contra el olvido, recordando que sí existen presos y presas políticas en México.
Publicado 14 de abril de 2014
