México. Nadie se salva de la represión y de la criminalización en el sexenio de Enrique Peña Nieto, advierte Aleira Lara, coordinadora de Greenpeace México. En marzo de 2014, fueron detenidos seis integrantes de esta organización ecologista cuando desplegaron una manta en la torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el puerto de Veracruz, para llamar la atención sobre las energía son renovables.
El primero de marzo, seis activistas subieron a la torre de Petróleos, incluso acompañados por personal de la paraestatal. En la cima, desplegaron una manta que cuestionaba el ahorro energético en México. Fueron detenidos y ahora se encuentran bajo proceso judicial, relata Lara.
La intención de la protesta fue que se mirara la propuesta de energías renovables sin necesidad de emplear el petróleo, señala la activista. El despliegue de la manta se dio en el marco del debate de propuesta energética que se desarrolló en el poder legislativo. La demanda fueron los ocho puntos que impulsa Greenpeace: Impulsar energías renovables, mitigar el cambio climático, implementar acciones de eficiencia energética, garantizar la seguridad energética y sustentabilidad ambiental del país, generar empleos y fomentar la competitividad, eliminar paulatinamente los subsidios generalizados a los combustibles fósiles y focalizarlos para una redistribución efectiva, asumir costos sociales y ambientales por la producción de energía sucia, así como prohibir la explotación de petróleo en aguas profundas.
Los seis activistas fueron detenidos por la policía naval; se les trasladó a una base de Playa Linda y, después de cuatro horas de mantenerlos incomunicados, fueron ingresados al Ministerio Publico, denuncia Lara.
A Rosina González, una de las activistas, se le acusó de romper una luminaria valuada en 78 mil pesos, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia. Otra de las acusaciones fue allanamiento de morada, cuyo castigo es de entre cuatro y 10 años de cárcel, según el Código Penal Federal. Cuando el caso se turnó a un juez federal, éste lo consideró culposo (accidental, lo que reduce la gravedad de los cargos, señala Aleira Lara.
Otros cuatro activistas siguen con la acusación de allanamiento de morada. Para los defensores ambientales y la defensa de los procesados, el término remite a un inmueble privado, una casa habitación, y en este caso, apunta Lara. Estamos hablando de un edificio público y no existe el delito. Sin embargo, los cargos continúan. Nosotros entramos incluso con gente de Pemex, y no es ilegal levantar una manta, agrega la activista.
En México, Greenpeace realiza acciones pacíficas y de impacto mediáticos desde hace más de 20 años. Aleira Lara explica que los cargos de los que se acusa a los detenidos son desproporcionados, lo que nos hace pensar que lo que existe detrás es la criminalización de la protesta.
La detención de los integrantes de Greenpeace es el primero caso de represión por la realización de este tipo de protestas en Veracruz. La relación con el Estado cambió, considera la joven activista, pues de los 20 años que tenemos, ésta es la primera vez que tenemos tantos presos.
Uno de los principios rectores de Greenpeace es la no violencia y así es como realizamos nuestra protesta, reafirma Aleira Lara, quien recalca que solamente ejercieron su derecho a la manifestación. Nos preocupa que la reacción de todas las autoridades sea una práctica constante. No somos los primeros, existen muchos activistas que al ejercer su derecho a la protesta pacífica, enfrentan detención ilegal y maltrato. Cualquier voz disidente que vaya contra los intereses presidenciaes o empresariales se arriesga a una detención, considera.
Greenpeace advierte que decidimos que no nos vamos a callar, señala Lara. Se necesita estar juntos para mantener una actitud crítica ante la toma de decisiones del gobierno, ser un actor importante y solidarizarnos, y sobre todo entender que si le pasa a un compañero le puede pasar a uno mismo, concluye Alaira Lara, activista de los derechos ambientales en México.
02 de junio 2014